26 de julio de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Sentido común El paro amenaza a colombianos en el exterior y a sus familiares

Por Fernando Escobar Giraldo
16 de junio de 2021
Por Fernando Escobar Giraldo
16 de junio de 2021

Comparto en parte las ideas del arquitecto y analista Juli Capella cuando dice: ¨Todo ser humano es político, lo quiera o no, lo sepa o no. La política no es una profesión. Hacemos política diariamente, no solo cuando vamos a votar. Cada decisión en nuestra vida personal es acción política. Pero no lo sabemos. Incluso nos fastidia descubrirlo, pues parece un sucio asunto. Esta alergia a la política es responsabilidad de los políticos profesionales, una pequeña élite que tiene secuestrada la política porque es su modus vivendi¨.

Eso es lo que dice Capella. Todavía tengo mis dudas en cuanto a qué o a quienes realmente él llama ¨políticos profesionales¨, pues encuentro una especie de sinónimo entre ese calificativo y el de ¨manipuladores profesionales¨.

Ahora hablo de mis ideas: ¨Cuando voy a las urnas nunca voto por un partido. Trato de sacarle el cuerpo a los manipuladores profesionales votando por las que creo buenas ideas de los candidatos de turno, sin importarme a qué partido pertenezcan. Lamentablemente, como sucede a una amplia mayoría de los electores en el mundo, constantemente me equivoco, así sea de buena fe. Aun así, sigo votando, es mi derecho¨.

Tras este preámbulo, no temo equivocarme al decir que, en mi opinión, el paro que ha petrificado a los colombianos es político, 100% político. Pero no político como lo describe Capella al comienzo de su definición, pues es responsabilidad de ¨manipuladores profesionales¨ y no de ¨políticos profesionales¨. No obedece a los intereses del pueblo sino de un grupo, de una élite, que se aprovecha de la fantochada de otro grupo, o quizás de su ignorancia, o tal vez de su ingenuidad, o podría ser el aprovechamiento de la ¨sicología de las masas¨, como las define el sociólogo Gustave Le Bon.

Los organizadores del paro, y mucho menos los participantes pacíficos o violentos, han calculado las consecuencias del mismo, ni les interesa, aunque seguramente son los más afectados.

El enorme daño causado por el ¨violento paro político¨, ha traspasado, directa o indirectamente las fronteras, y entre los afectados en el exterior está la diáspora colombiana.

Colombia logró récord en remesas en 2020 al recibir US$6.902 millones, a pesar de la pandemia. Dicha cifra es superior en 2,5% al monto que enviaron los colombianos en el exterior en 2019 (US$6.733,2 millones), según el Banco de la República.

El principal efecto de las remesas es que para los hogares colombianos implican más recursos netos que cualquiera otro producto de exportación –incluyendo el petróleo-. Los patrones de gasto de las familias que reciben remesas han sido determinantes en el crecimiento económico del país durante más de una década.

Las remesas se consolidan como un motor de la economía nacional. Este dinero es clave para asegurar el nivel de vida de los familiares de 2,7 millones de migrantes.

Según UN News, las remesas permiten que millones de familias recuperen su autonomía financiera, y el 75 % de las remesas se utiliza para comprar alimentos y cubrir gastos médicos o gastos de vivienda. Las remesas están constituidas por envíos de dinero y envíos en especie, a las cuales quiero referirme a continuación.

Se calcula que la industria de paquetería moviliza cerca de 100.000.000 de libras al año, aportando unos 1000 puestos directos de trabajo en Colombia y más de 500 puestos de trabajo directos para los colombianos residentes en el extranjero. Esto además de los muchos otros puestos de trabajo indirectos en empresas que prestan servicios a esta industria como como carga y transporte – choferes, vehículos, empresas de tecnología, abogados, contadores, y demás. Todo esto, de acuerdo con un estudio serio hecho por Jennifer Holguín, consultora de la firma Mohr World Consulting, de Miami, por encargo de ICSA (International Courier Services Association), la asociación que reúne las empresas de paquetería de los Estados Unidos que sirven a Latinoamérica.

Dicha industria factura al año aproximadamente $3.200.000.000 COP y paga, tanto impuestos como prestaciones sociales, por aproximadamente $1.100.000.000 COP, de acuerdo con el estudio de Holguín quien concluye que ¨los disturbios detrás del paro atentan contra la paquetería que envían los colombianos del exterior y atentan contra los derechos de estos y de sus familias¨. Esto se debe especialmente a los bloqueos y a que, producto del paro, ha ocurrido una inusual operación por parte de las autoridades aduaneras de Colombia incautando numerosos paquetes sin que hasta ahora hayan dado una explicación clara acerca de los motivos de dicha confiscación.

Hugo Cuevas, director y fundador de Mohr, comentó: «Hace 20 años las empresas de remesas en Colombia eran allanadas y sometidas a mil abusos por las sospechas de lavado de dinero, por la competencia sucia, alimentadas por el desconocimiento de la dimensión de la migración colombiana, lo que llevó al gobierno a regularizar este sector en 1994 y años subsiguientes, para obtener transparencia, control y buena supervisión. Es importante que gobierno, industria y la sociedad civil trabajen conjuntamente, y honestamente, en lograr reglas que beneficien a todos. No se deben permitir situaciones como las del Jueves 10 de Junio en Bogotá. Los temores del contrabando no deben ir en contra del respeto que merecen los colombianos en el exterior».

Cuevas hace referencia a una denuncia hecha por Mauricio Gómez, presidente de ICSA, de que el pasado jueves 10 de junio, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) adelantó un operativo de decomiso de mercancía en las bodegas ubicadas en Bogotá de sus empresas afiliadas, a pesar de tener todos los papeles en regla y sin argumento alguno.

Gómez manifestó que esta mercancía ya había pasado los controles de salida en Estados Unidos y de entrada en Colombia y que estaba lista para ser entregada. Agregó que: “Esto es un atropello a más de 2.000 familias”.

En la medida en que hechos como este se repitan, será necesaria entonces la intervención de organismos internacionales de derecho, si es que el actual gobierno de Colombia es incapaz de detener ese atentado contra los colombianos en el exterior y sus familias en Colombia, muchas de ellas que dependen para subsistir, de esos envíos o remesas.

Ni las autoridades aduaneras, ni ninguna otra autoridad, puede aprovechar el estado de zozobra que vive el país, para abusar en contra de los derechos de los ciudadanos. Como tampoco los actores del paro, así se trate de los manipuladores o de los violentos que los acatan, tienen derecho a entorpecer o evitar que las remesas lleguen a sus destinos.

Junio 16 del 2021.