24 de mayo de 2022
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El golpe de opinión de gurropin

14 de junio de 2021
Por Albeiro Valencia Llano
Por Albeiro Valencia Llano
14 de junio de 2021

Después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 19 de abril de 1948, se agudizó el odio político entre los partidos y se generalizó la guerra civil. Los partidos políticos estaban en crisis: los conservadores divididos entre laureanistas, ospinistas y alzatistas, y los liberales con sus jefes desterrados y vacilando entre la legalidad o el apoyo al campesinado levantado en armas. En este desconcierto diferentes sectores políticos soñaban con un golpe militar. Ospina Pérez lo promovía porque un gobierno militar crearía el ambiente para su nueva llegada al poder; Gilberto Alzate Avendaño tenía las mismas intenciones, y los jefes liberales, entendían que sólo regresarían al poder con un país en paz.

Un general de armas tomar

En medio del desorden institucional y del vacío de poder lo único organizado era el Ejército que vivía un proceso avanzado de politización y estaba unificado alrededor del general Gustavo Rojas Pinilla, cuya imagen crecía en medio del desgobierno. El presidente Laureano Gómez trató de deshacerse del prestigioso militar y citó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) pero con excepción de un pequeño grupo, llamado por la opinión “El batallón suicida”, los demás se “voltearon” para apoyar a Rojas. El golpe se efectuó el 13 de junio de 1953. La ANAC estableció que había quedado vacante la presidencia y legalizó el período de Rojas Pinilla, hasta agosto de 1954. El acto legislativo no tenía ninguna base jurídica pero el cambio de gobierno significó un alivio para los liberales, después de siete años de persecución. El hecho político se aceptó sin darle el nombre de “golpe de cuartel” sino “golpe de opinión”. Casi todo el mundo participó en la euforia: Ospina Pérez y los conservadores, los gremios empresariales, los liberales y la Iglesia. Había razones para el alborozo. Rojas logró la entrega de casi todas las guerrillas liberales bajo la promesa de amnistía total para los combatientes. El comandante guerrillero de los Llanos Orientales, Guadalupe Salcedo, se entregó en septiembre de 1953 y con él unos dos mil insurgentes, pero fue asesinado cuatro años después en Bogotá, por un grupo de policías. Igual suerte corrieron otros comandantes.

El primer año fue de luna de miel. Rojas recorrió el país buscando consenso nacional en torno a la paz. Esta gira, de carácter demagógico, estaba dirigida a la reelección. Además, atacó la corrupción del poder judicial que todavía seguía en manos de abogados y tinterillos laureanistas. La campaña de pacificación y reconciliación legitimó al gobierno y lo afianzó. Rojas, el alto mando militar y la coalición ospino-alzatista controlaron el Estado, y hasta mediados de 1955 contaron con el apoyo liberal y de la jerarquía eclesiástica. El presidente estaba engolosinado con el poder y, en abril de 1954, convocó la ANAC y anunció que no estaban dadas las condiciones de orden público para realizar las elecciones. Entonces Rojas fue reelegido hasta el 3 de agosto de 1958. No existía el Parlamento y las Asambleas y Concejos habían sido sustituidos por órganos de carácter administrativo. A los funcionarios los designaban las autoridades.

Finalizado el primer año llegaron los problemas, pues al recrudecimiento de la violencia se le suma el choque con la opinión pública. Lo grave comenzó el 8 de junio de 1954, cuando en medio de una manifestación el Ejército disparó y mató al estudiante de medicina Uriel Gutiérrez, de la ciudad de Chinchiná. Al otro día el saldo sangriento fue de 11 muertos y 50 heridos. A raíz de estos hechos se extremó la censura de prensa. Un decreto ordenaba que todos los periódicos debían “ceñirse al relato de los hechos”, se castigaba con prisión de seis meses a dos años el “transmitir, escribir, editar, ayudar a editar, o distribuir escritos o publicaciones clandestinas en que se insultase a las autoridades legítimamente constituidas”. En cumplimento de este decreto, el gobierno cerró La Unidad, un semanario editado en Bogotá y dirigido por Belisario Betancur. Pero la batalla con la prensa se agudizó en 1955. En marzo el Gobierno dictó un decreto que obligaba a todas las emisoras a dedicar un espacio gratuito a las noticias oficiales. Y un mes después se estableció pena de prisión de dos a cinco años para quienes difamaran a los militares. Terminando el año fue suspendido El Tiempo y luego El Espectador, mientras que El Colombiano se sometió a fuerte censura.

El desplome del régimen

Todos veían que el remedio era peor que la enfermedad y se prepararon para el ataque. En 1955 regresó el expresidente liberal Alberto Lleras Camargo, después de ocupar la Secretaría de la OEA; al descender del avión declaró a los periodistas que no volvería a intervenir en política y que se encargaría de la rectoría de la Universidad de Los Andes. Sin embargo, el 2 de marzo de 1956 pronunció un discurso en el que señaló que los dos partidos debían buscarle una salida al Estado de Sitio, a la parálisis institucional, al caos jurídico. Libró una batalla para salvar la Constitución, que había sido desconocida desde el golpe del 13 de junio de 1953. Lleras fue elegido Jefe Único del liberalismo y se preparó para derrocar al gobierno militar que estaba tratando de fundar la llamada Tercera Fuerza. Esto se oficializó el 13 de junio de 1956, durante los actos conmemorativos del Golpe de Estado, en el estadio El Campín, cuando el Gobierno hizo jurar fidelidad a las Fuerzas Armadas.  Decía Rojas que no se trataba de un nuevo partido sino de una fuerza integrada por funcionarios públicos, miembros del Ejército, la Marina, la Aviación y la Policía, en actividad y en retiro, “que se supone han de obrar respaldadas por las masas populares hasta tanto que los partidos depongan sus odios”.

La Tercera Fuerza estaba orientada a prolongar el Estado de Sitio y el régimen militar y a reemplazar a los partidos políticos tradicionales. Por esta razón el Gobierno se propuso la tarea de perseguir a la oposición política que se encontraba dividida. Los liberales no confiaban ni en Ospina Pérez, ni en Alzate Avendaño, por lo tanto Alberto Lleras jugó sus cartas y se reunió con Laureano Gómez que se encontraba en el exilio, en España. Fruto del encuentro (24 de julio de 1956) fue el Pacto de Benidorm que “planteaba la necesidad de unir los dos partidos contra la dictadura militar, exigía el pronto retorno del gobierno civil y la posibilidad de formar gobierno bipartidista”. Esto aceleró el derrumbe del régimen. Pero llegaron otros hechos. El 7 de agosto de 1956 la ciudad de Cali fue sacudida por el estallido accidental de toneladas de dinamita transportada por un convoy militar, que causó miles de muertos y heridos, y la opinión pública culpó al régimen por la tragedia. Como consecuencia el Comité de Acción Conservadora hizo una declaración contra el régimen militar y apoyó el Pacto de Benidorm. Esta declaración la firmaron varios jefes conservadores, empezando por Luis Ignacio Andrade. Luego, en octubre de 1956, Ospina Pérez se distanció de Rojas y dejó el camino libre para unir todas las fuerzas contra el Gobierno.

Ya se habían dado las condiciones para el vacío de poder, pero el 28 de enero de 1957 se presentó una excelente oportunidad cuando el ministro de Guerra, general Gabriel París, expresó en nombre de las Fuerzas Armadas que “hemos exigido al general Rojas continuar en el poder en el período 1958-1962, de acuerdo con las mayorías populares de los partidos”. La propuesta de los militares produjo el rechazo inmediato por parte de la Dirección Nacional Liberal y del Directorio Conservador de Antioquia, que publicaron el “Manifiesto de los dos partidos”, con fecha del 20 de marzo. Como consecuencia se fortaleció la oposición porque, además, la Iglesia le volteó la espalda al régimen. Luego, el 7 de mayo, Alberto Lleras decretó una huelga general que incorporó el comercio, los bancos y la industria. El paro cívico contó con el apoyo de los gerentes quienes alentaron a los trabajadores para que se sumaran a la huelga “prometiéndoles que les reconocerían sus salarios”. Los estudiantes organizaron numerosas confrontaciones con la policía mientras que los trabajadores inmovilizaron el transporte urbano. Y Rojas no resistió. El 10 de mayo los colombianos se despertaron con la noticia de la renuncia del presidente, en favor de una junta militar. Fue un régimen populista que fracasó porque aplicó la censura, la represión y se quiso perpetuar en el poder.