15 de agosto de 2022
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El arte de aplazar

26 de junio de 2021
Por Eduardo López Villegas
Por Eduardo López Villegas
26 de junio de 2021

Las autoridades han puesto por delante el propósito de  fortalecer la cultura de los derechos humanos, al presentar el proyecto de ley de reforma de la policía. Invocan nobles intenciones para concitar el apoyo y la aceptación de una variedad de propuestas e intereses más prosaicos.

La pregunta que surge es la de si el orden legal  existe norma que prohíba, limite, o  restrinja la acción civilizadora. Simplemente, la respuesta: ¡imposible!, toda actuación administrativa tendiente a realizar la Constitución que erige como máxima regla la del respeto de los derechos humanos, mas que admisible, es urgente ejecutarla. No hay necesidad de crear una Dirección y un Observatorio de Derechos Humanos dentro de la Policía, para que alguien esté cumpliendo con esa función hoy día.

Lo que ocurre es que de la ley se valen para que juegue un doble papel, el de una disculpa por la  indolencia pasada, y el de fetiche, de que cuando el Congreso expide nuevas normas, por ensalmo las cosas cambian.

Y en uno y en otro caso, lo que queda sin  modificar, sin intervención, es la actitud subyacente que se resiste al cambio, la de una institución que se ha labrado descredito, – el 56% desconfía de ella- en deuda con dos máximas que deben orientar su labor: el respeto por los demás, y la vocación de servicio.

Son dos reglas mínimas de ética, que debe cumplir todo ciudadano, con mayor razón si es funcionario público, y de manera más estricta a quienes se les conceden recios poderes  para ejercer lo que es monopolio del Estado, la fuerza, la violencia, la constricción de libertades.

La transformación de la policía, que se promete con un proyecto de ley, aplaza lo que se lograría con una intensa y profunda formación ética, que inculque en cada miembro de esa fuerza una mentalidad, una decisión y una actitud, de tratar a todos, en toda circunstancia, con la dignidad de ser personas.

Idea sencilla, que de seguro en el plano del discurso nadie controvierte,  pero que se aplaza, relega, u olvida,  en muchas circunstancias, porque prevalecen prejuicios, estereotipos, emociones, complejos, que son los que de manera cierta y real los que determinan como cumple el policía su función. De ellos hay que ocuparse.

El vendedor ambulante, el conductor ebrio, la paciente prostituta, el rumbero que se empeña en no dejar dormir al barrio, el habitante de la calle que ocupa una silla del parque, tienen de común infringir normas que un hombre de uniforme hace funcionar como trampas, y quien tiene  autoridad para dejarlos allí engrampados, o liberarlos a cambio de un recate, como es de uso corriente. Obviamente, todo en aras, se dice, de recuperar la tranquilidad y seguridad, que por lo que parece, es lo que menos importa, más, es demostrar poderío.

Existe la falsa y extendida creencia que la dignidad humana se tasa, se mengua, según las circunstancias. Que, de quien se sospeche como bandido, ha perdido la posibilidad de que se le de el trato de persona, o que la dignidad queda en suspenso mientras dura el estado de necesidad de quien pide ayuda. Aquí, abundan las quejas de excesos de poder, por golpes innecesarios, tundas para aleccionar sobre quien es la autoridad, de provechos extorsivos, tasados de acuerdo con el mal que pueden causar legítimamente.

Pero hay otros terrenos en donde la abundancia de las quejas se remplaza con la intensidad del silencio. En el actual sistema penal la policía tiene el poder de conceder falsos pero efectivos indultos, por cuenta de  una perversa y selectiva  inactividad  en la investigación de las denuncias. Para que estas lleguen a manos de los jueces deben contar con un sospechoso. Y ellos son los que dispensan o descartan esa condición.

Los mandatos éticos no tienen como enraizarse en una mentalidad afectada por el  síndrome del hybris. A este están expuesto todo aquel que con su investidura viene una dosis de poder sobre los conciudadanos. Las reverencias por el cargo que ocupa confunden y marean al funcionario, le nutren su ego, narcisismo y soberbia. A poco, olvida su insignificancia, y de golpe, cree que el importante es él. Y para descartar toda duda de que ello es así, ha de hacer  demostraciones diarias y ociosas de poder,   nimios o graves,  todos hirientes: hacerse esperar, gestos de desprecio, expresiones altisonantes, y casi de seguro,  hacen del cumplimiento de sus funciones un reparto de favores. Son todos resortes de la desmesura con la que ha de ostentar el poder.

Y que decir, del síndrome del hybris si el funcionario  con poderes invasivos, ejecutivos,  dolorosos, con los que puede  afectar severamente a toda persona,  para  prohibirle el paso, requisarlo, esposarlo, acusarlo, privarlo de la libertad. El Estado dota al policía de  medios de intimidación que con el mas leve desvarío, son herramientas de terror, tanto más cuando mayor es  el grado de vulnerabilidad y desprotección del ciudadano.

No es una tarea sencilla, es ardua, pero mas que una nueva ley, se requiere de una voluntad de remover los obstáculos culturales de diferente orden, que se oponen a que el policía tenga una actitud permanente de servicio para todos. Así,  tiene que remontar la larga tradición de que la policía es una fuerza de choque para contener peligros, tal como históricamente se ha definido el poder de policía en el derecho administrativo,  resistido a que se le ligue a funciones de bienestar social, lo que apenas se ha admitido en tiempo recientes.

Se han de desterrar  eventuales imaginarios colectivos, bajo los que   ven en la policía el medio para realizase como justicieros tipo RoboCop, o una cofradía de pirámide de agravios, que los recibidos se redimen infligiéndolos a otros.

Se ha de superar la marca histórica de la policía hecha para la guerra, para combatir la Violencia en mayúscula, la que ha marcado a varias de nuestras generaciones, adoctrinada para luchar contra el enemigo, siempre presente y oculto, un demonio que toma distintas formas, la de comunista, drogadicto,  castro-chavista,   venezolano, insurgente,  vándalo,  mariguano,   sin-techo, y que hay que batir con contundencia.

La policía debe ser esa fuerza de civilidad, la mano amiga, el guardián de la convivencia, que privilegie las pacíficas maneras aun con férreas medidas. Ha de instituirse como la demostración visible, próxima, de que se vive en un Estado de Derecho en el que la dignidad de la persona es la regla. De que han confianza del ciudadano con esa su expresión de autoridad palpable, cotidiana, en todo rincón de la patria, que cuando ya se acerca el uniformado es para tender la mano, no para extorsionar.

En un balance poco halagüeño de cien años de la cultura de los derechos humanos que reseña Ignatieff en su libro Virtudes Cotidianas, la lección que tomo es la triste realidad de ciudades con sociedades fragmentadas, en donde en las no conviven comunidades heterogéneas, solo viven unos al lado de  otros, unidos por el débil lazo  de confiar en la policía.  Cuando,  por desmanes policiales, se quiebra esa confianza, vienen los estallidos monumentales.