10 de mayo de 2021
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Calificadoras e impuestos

22 de abril de 2021
Por Juan Alvaro Montoya
Por Juan Alvaro Montoya
22 de abril de 2021

La reforma a nuestro sistema de tributos es necesaria, nadie lo duda. La crisis de covid ha puesto a todas las administraciones globales a especular sobre la forma como deben subsanar el déficit que conllevó congelar la economía por algo mas de un año. Pérdida de empleos, menor producción, un decrecimiento marcado en todo el orbe y un mayor gasto en el sistema de salud pública han sido la dosis perfecta para profundizar una crisis que hace un par de años nadie pensaba.

Pero la economía no tiene corazón. Las agencias calificadoras de riesgo como Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s se han desprendido de todo nervio que los haga sensibilizarse con las crisis nacionales y formulan sus recomendaciones pensando únicamente en las políticas macro que deben implementar los gobiernos para “cuadrar” sus finanzas. Contra esta perversa práctica se han unido todas las fuerzas nacionales empezando por el presidente Iván Duque que hace algunos meses alzó su voz contra las inflexibles corporaciones.

Estas agencias se encargan de evaluar el riesgo país que mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de un Estado debido a sus condiciones políticas o sociales. A mayor riesgo menor calificación. Es decir, cuanto mas convulso se encuentre la nación, más costosos serán los rendimientos de deuda soberana, mas difícil atraer la inversión extranjera y mayor complejidad representará la colocación de bonos en el mercado internacional. En otras palabras, cuanto menor sea la evaluación obtenida, mas oneroso será el servicio de la deuda internacional para la nación. Una baja en el ranking es una pesadilla para cualquier gobierno responsable.

Bajo este contexto, el asunto no es de poca monta. En la escala internacional existen 16 calificaciones para el riesgo país que van desde el AAA (Prime) hasta el B- (Altamente Especulativo). En el selecto grupo “Prime” se encuentra países como Alemania, Australia, Canadá, Noruega y, desde luego, Estados Unidos. En el penoso grupo de especuladores se encuentran naciones como Ecuador, Malí, Malaui, Pakistán y Venezuela. Actualmente Colombia ostenta una calificación BBB- que significa un grado bajo o medio de inversión.

¿Y que repercusiones para el ciudadano de a pie? Enormes. Las tres agencias mencionadas le formulan al ejecutivo de turno sendas recomendaciones para ajustar su política económica, social y fiscal de manera que el país pueda cumplir con las obligaciones adquiridas por los gobiernos en materia de inversión, seguridad social, administración pública y cumplimiento de compromisos crediticios. Ante la posibilidad de incurrir en impago o de requerir un aumento de su deuda, realiza recomendaciones de ajuste (generalmente fiscales) para procurar mayores ingresos y menores gastos. Allí es donde empezamos a padecer pues el ejecutivo, en procura de mantener su calificación soberana (actualmente en grado de inversión) se da la “pela” para atender las sugerencias de estas agencias insensibles mediante reformas estructurales que incluyen menor inversión social y mayores impuestos que permitan optimizar el flujo de caja y cumplir con los objetivos trazados en el Marco Fiscal. Por lo general esta es la génesis de las reformas tributarias en Colombia.

Con este retrovisor podemos entender la urgencia del gobierno nacional para proponer una reforma tributaria que le permita tapar el hueco generado por la pandemia de Covid. Esta es una decisión responsable que sacrifica la popularidad del ejecutivo por el bien de la patria. Pero los pasos que vienen dando deben corregirse. No se trata de crear nuevos tributos a una asfixiada clase media, ni de gravar la canasta familiar para una deprimida clase trabajadora. Es necesario, con urgencia, desmontar prebendas, beneficios o gabelas que se han colado como micos en pasadas reformas y por los cuales las arcas públicas pierden cerca de 70 billones al año, según el cálculo de la DIAN.

Si este, o cualquier otro gobierno, logra este recaudo, podemos olvidar las reformas lesivas a los intereses de los colombianos y en lugar de discutir la forma de tapar el eterno hueco fiscal, podemos analizar la mejor forma de canalizar estos recursos para hacer de Colombia el país donde todos soñamos vivir.

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