18 de enero de 2022
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Evelio Giraldo Ospina

VOTO

Periodista, abogado, Magíster en ciencia política, Magíster en derecho público, escritor, historiador y docente universitario.
18 de diciembre de 2020
Por Víctor Hugo Vallejo
Por Víctor Hugo Vallejo
Periodista, abogado, Magíster en ciencia política, Magíster en derecho público, escritor, historiador y docente universitario.
18 de diciembre de 2020

En su nacimiento y en sus desarrollo iniciales, solamente tenía rostro de utopía, de esas muchas que se les ocurren a los estudiantes universitarios, quienes en su edad se quieren comer el mundo y de no podérselo comer, tratan de cambiarlo. Pocos, muy pocos fueron quienes les prestaron atención, pero en la medida en que los medios masivos de información le fueron dando trascendencia y se ocuparon de esos jóvenes que tenían una gran idea, como las mejores ideas se veía irrealizable, pero había que intentarlo. Ellos acudían en su divulgación y más de una vez se contradijeron, pero en esencia lo que se proponían era que el país asumiera de una vez el gran cambio que estaba demandando la intolerable situación de violencia, de inseguridad, de desconfianza, de enfrentamientos, por la vía pacífica, a través del Derecho, que no es más que la regla de comportamiento social, para tratar de hacer las cosas de manera diferente a como se venían haciendo desde hacía 104 años, sin que se contase con las herramientas necesarias a la inclusión de todos, a hacer realidad los derechos, a tener instrumentos que permitieran de manera ágil y en breve tiempo soluciones sin tener que confrontar de hecho a nadie.

Era una especie de llamado de urgencia de la gente nueva, ante la incapacidad de quienes por tantos años llevaban dirigiendo el país, con soluciones que tenían mucho parecido a los efectos de un corcho en un remolino que cuando parece que va a llegar a la orilla como destino final, una nueva honda acuática lo regresa al centro del círculo, para que reinicie el viaje de regreso al centro y así de manera sin fin.

En los últimos años se habían intentando profundas reformas del marco jurídico nacional, desde 1979, que fracasaron estruendosamente por defectos de forma -los más- o de fondo, pero en todo caso encontrando siempre una gran barrera al cambio. En cada fracaso se pensaba que no había, ni habría solución y que la conformidad debía seguir siendo la compañera permanente de todos los colombianos.

Esos muchachos, estudiantes universitarios, de todos los estratos sociales, en sus mentes soñadoras sabían que algo se podía y se tenía que hacer, porque ellos no estaban dispuestos a seguir en el camino de los fracasos sociales, ni mucho menos a echar mano de las armas para intentar por otro camino las soluciones que civilizadamente se tenían que conseguir. Iban a dar la batalla.

De entrada les dijeron, en todos los tonos, que su proyecto carecía del principio de legalidad y que en. esa medida no podría se factible. Los obstáculos eran de todos los colores y provenían de todos los poderes debidamente constituidos, en ese orden que era precisamente el que ellos pretendían subvertir. Traer otro orden, pero moviéndose en el viejo orden, para no generar otro elemento de confrontación y de intolerancia.

Era el movimiento de la Séptima Papeleta, comandado por muchachos completamente desconocidos ante la comprensión social del país. No faltaron quienes los llamaron simplemente ilusos. Y el movimiento se bautizó, o conoció, así, porque se buscaba que en las elecciones del 11 de marzo de 1990, cuando los colombianos debían concurrir a las urnas a elegir Congreso de la República (Cámara de Representantes y Senado de la República), Asambleas Departamentales, Concejos Municipales, alcaldes y consulta del Partido liberal para escoger candidato Presidencial, para lo cual el elector debía usar seis papeletas (así llamaban las tarjetas electorales por la forma en que se doblaban para introducirlas en las urnas) y lo que se pretendía era que la gente introdujera una séptima papeleta en que se manifestara expresamente sobre su voluntad de modificar la Constitución de 1886, que en ese momento mostraba tantas falencias instrumentales para el adecuado gobierno de un país que entraba en la última década del siglo XX.

Aún en la vigencia de la conservadora y maniquea Constitución de 1886, Colombia seguía siendo un Estado de Derecho, en el que las acciones sociales tienen que poseer el respaldo del principio de legalidad. Es decir: aquellos actos que requieren de la existencia previa de una regulación, deben tenerla. De no ser así, se hacen improcedentes. Y eso era lo que le pasaba, en esencia a la séptima papeleta: carecía de reglamentación legal y se pretendía que fuera una opción de voto de los electores. Los comicios estaban regulados por una norma legal y hablaba de que en esa fecha se votaría por los seis elementos expresamente mencionados en ella. La séptima papeleta no estaba. No podía ser depositada.

Nada hay nada más persistente que un movimiento de jóvenes y mucho más cuando tienen la suficiente capacidad de soñar. Ellos insistieron y se dedicaron a distribuir la papeleta, al punto de que los medios escritos de información masiva, en la convicción de que la idea era muy buena y necesaria, se dedicaron a imprimir en sus ediciones diarias, cercanas a ese 11 de marzo, la papeleta para que los lectores la recortaran y los ciudadanos las introdujeran en las urnas, estuviera o no autorizado por la ley.

Millones de personas asimilaron la idea y cuando fueron a votar no dudaron en introducir las siete papeletas. A la hora de los escrutinios la séptima no estaba autorizada a ser contabilizada y así lo decidió y lo comunicó a jurados y escrutadores oficiales, la autoridad electoral, todo en apego a ese principio de legalidad que no podía ser violado en aras del ejercicio de la opinión pública, como que en nuestro medio jurídicamente nunca ha existido lo que se denomina Estado de Opinión -del que muchos oportunistas sectarios se pretenden pegar en demasiadas ocasiones para legitimar sus ínfulas de poder- y por tanto lo que la ley no autorice, desde lo público, sencillamente no se puede hacer.

Nunca se supo cuantos votos pudo obtener esa papeleta, pero se habla, por encuestas a boca de urna, que pudieron ser más de tres millones de personas las que la introdujeron, sin que se sepa, tampoco, en que sentido, pues admitía las opciones del si y del no. Lo único que se hizo fue sembrar la semilla y seguir en la insistencia de esa necesidad. El Presidente liberal Virgilio Barco Vargas, haciendo uso de la figura instrumental del Estado de Sitio, que se consagraba en el artículo 121 de la Constitución del 86, dictó un decreto con fuerza de ley ( 927 de 1990) que legitimó la existencia de esa opinión nacional y autorizó que se votara en los comicios del 27 de mayo de 1990, cuando se debía elegir Presidente de la República.

Bajo el amparo de la legalidad del estado de Sitio, que tantas veces se prestó a arbitrariedades y abusos como los del gobierno de Julio César Turbay Ayala, quien se divertía con las damas un tanto ligeras, mientras el Ministro de Defensa, el general Luis Carlos Camacho Leyva, era quien de hecho gobernaba, los ciudadanos acudieron a las urnas y esta vez con un voto revestido de legalidad introdujeron un total de 5.236.863 votos por el si a la reforma constitucional y 280.080 de quienes votaron no, por su conformidad con el estado de cosas vigentes al amparo de la Constitución de 1886.

Con la facultad nacida de esa expresión popular, el Presidente dictó la norma de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de reformar en determinados aspectos la vieja Carta Política, tan manida, tan manoseada, al punto de que en sus 104 años de existencia, fue reformada en 70 ocasiones. El Decreto debía surtir la revisión de constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, que en ese ordenamiento, hacía de juez constitucional, reunida en sala plena. Luego de un profundo análisis la Corte, de manera unánime, con sus 27 Magistrados de entonces, decidió que al ser el decreto de convocatoria producto de una manifestación popular, es decir del soberano, que esa asamblea no podía ser solamente para reformar, sino para derogar la vigente y dictar una nueva Norma Superior, en Sentencia de Constitucionalidad de septiembre 9 de 1990, que fue el cierre del triunfo de lo que se denominó la séptima papeleta y se comenzó el camino de una nueva Carta por voto popular. .

Fue así como el sueño de los estudiantes comenzó a tomar forma. Había un Congreso de la República elegido por un período de 4 años el 11 de marzo y posesionado el 20 de julio. Se elegiría, por voto directo, a 70 delegados, en votación democrática, programada para el 9 de diciembre de 1990, es decir, se acaban de cumplir 30 años de ese hecho, que una vez elegida debería comenzar a trabajar el 5 de febrero de 1991, con un plazo máximo de elaboración de una nueva Carta hasta el 4 de julio de 1991.

Significó lo anterior que a partir de ese 5 de febrero habría, coexistentes, dos poderes normativos en el país y ello se convertía en un tropiezo mayúsculo en un Estado de Derecho. Y comenzó el debat: si ese Congreso recién posesionado, con una expectativa legal de vigencia y facultades podría coexistir con una Asamblea Nacional Constituyente que tenía poder para cambiarlo todo. Y se dejó venir la revocatoria del Congreso, ordenada por la misma constituyente, como acto del Soberano. Y vinieron las demandas de Representantes a la Cámara y Senadores ante el Consejo de Estado, todas ellas falladas en contra, en reconocimiento pleno de la legitimidad de la palabra última del Soberano cuando se expresa libremente en las urnas. Hubo políticos sensatos que dijeron: esa Nueva Constitución no va a borrar el poder legislativo, lo reformará, pero mantendría su elección popular y volverían a campañas para hacerse elegir. Se ajustarían al nuevo orden.

Se vivió, entonces, por primera vez en la historia colombiana la experiencia de elegir con voto directo a quienes estarían encargados de elaborar una nueva Carta de navegación. En todos los actos constituyentes que le antecedieron, nunca hubo esa participación directa del Soberano, pues esos congresos de delegatarios eran conformados según la voluntad y exigencia personal del gobernante de turno, que de alguna manera marcaba la ideología y la estructura del nuevo orden, tal como sucedió con Rafael Núñez en 1885 que convocó, a su antojo, un Congreso de Delegatarios conformado por 18 miembros, escogidos por él mismo, con aparente representatividad de los nueve Estados que conformaban lo que se denominó Estados Unidos de Colombia, nacido en la Constitución liberal expedida en Rionegro, Antioquia, en 1863. Y se reunieron para discutir ( sí así puede llamarse) un texto elaborado por Miguel Antonio Caro, en plena obediencia de su Presidente, que se pensó el Regenerador de la República, para salir del caos alegado de libertad y libertinaje y aprovechando para legitimar una situación personal de relación de pareja, a cambio de entregarle enormes poderes de intervención en aspectos claves de la sociedad nacional a la Iglesia Católica, que nunca antes había estado en situación tan ventajosa.

Era un poco la repetición de lo ocurrido en toda la historia constitucional del país, desde 1821, cuando es posible hablar de Constituciones nacionales, ya que antes hubo un movimiento a manera de precursión que se desarrolló desde 1811 hasta 1815, con la reconquista española a sangre y fuego, cuando se dictaron muchas Constituciones territoriales, en ese ambiente de procuración del federalismo, siendo digna de ser leída y estudiada la Constitución de Neiva de 1815, que nunca se pudo aplicar, pero sin que pueda decirse que se trató de Cartas que rigieran lo que es la geografía colombiana. Por eso solamente puede hablarse de Primera Constitución Nacional la expedida en Julio de 1821, en Villa del Rosario de Cúcuta, con un colegio constituyente formado a imagen y semejanza, mayoritaria, de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander. Se adoptaba la forma unitaria de República, en ánimo de poder conformar y consolidar el nuevo poder, nacido de la separación violenta de la colonia española. Tantos se comprometieron, de muchas maneras, con esa lucha de independencia y todos se creyeron con la facultad de acceder al poder o al menos a una de las porciones del mismo, por lo que los choques de ambiciones no se dejaron esperar. Pronto se vio la necesidad de un nuevo orden.

De esa manera se llegó a la Constitución der 1830, mes de mayo, que conserva la forma de República unitaria, pero introduce algunos cambios de orden administrativo, que dieron tan poco resultado que en el mes de noviembre de 1831 debió dictarse una Ley Fundamental del Estado de Nueva Granada.

Y esta fue más efímera aún, como que en el mes de marzo de 1832 se dictó una nueva Constitución de la Nueva Granada, en atención a las exigencias de quienes veían venir un nuevo orden sin la presencia omnipotente e impositiva de Bolívar.

Por nueve años esa Carta fue guía jurídica del orden colombiano, hasta el mes de abril de 1843 que se dictó la Constitución Política de la República de la Nueva Granda, dando motivos suficientes a los gamonales y jefes regionales que no tuvieron ningún reato en generar una guerra Civil, la llamada Guerra de los Soberanos o de los Conventos, una de esas muchas luchas intestinas en que siempre ha estado enfrascada Colombia, con resultados pésimos para todo el mundo, menos para los que se enriquecen con la presencia de la guerra.

Diez años después en el mes de mayo de 1853 se dicta una nueva Carta, con el nombre de Constitución Nacional de la República de la Nueva Granada, buscando la unificación de criterios y la eliminación de esas luchas regionales improductivas y conducentes únicamente a la defensa de poderes de ciertos personajes que se sentían dueños de los lugares donde habitaban y abusaban.

Apenas cinco años tuvo de vigencia esa carta, como que en el mes de mayo de 1858 las luchas regionales volvieron a imponerse y se dictó la Constitución de la Confederación Granadina, una especie de gusto para gamonales y jefecillos territoriales.

Ese orden apenas soportó tres años, como que en septiembre de 1861 se dictó el Decreto de Unión, buscando la reunificación del país, para tratar de ganarle espacio a la violencia de los poderosos, peleadas -poniendo muertos y heridos- por los de abajo, a quienes se llevaba a guerras que no entendían y menos querían.

Esa reunificación duró menos y a los dos años, fruto de la única guerra civil en que salió victoriosa la insurrección al mando de Tomás Cipriano de Mosquera, se puso fin a esa unidad y se dictó en Rionegro, la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, en agosto de 1863, en cuyo seno el congreso de delegatarios no se ciñó a las pretensiones absolutistas de eternización en el poder de Mosquera, quien buscaba ser elegido Presidente vitalicio (¿algún parecido con Presidente eterno?) y apenas le aprobaron períodos presidenciales de dos años, siendo él el primero en ser elegido como tal. Se regresó al régimen federal y las disputas no se hicieron esperar. La estructura jurídica de esta Constitución es un gran ejemplo de liberalismo, entendido filosóficamente, y tuvo vigencia por 23 años, que ya era algo un tanto estable. Pero los huérfanos de los denominados valores conservadores pensaron que si no eran ellos los salvadores de la Patria, la Patria iba a desaparecer. Y nació el movimiento de la Regeneración bajo la dirección de quien fuera elegido cuatro veces Presidente, aunque pocas veces ejerciera porque estaba ocupado en atender sus romances inicialmente clandestinos y condenados y luego glorificados, como una especie de milagros que genera el poder.

Rafael Núñez fue el inspirador e ideólogo de la Constitución Política de Colombia de 1886, que reunificó la República, como Democracia Unitaria, tratando con ello de dar fin a las constantes disputas violentas de jefes territoriales que siempre defendieron sus intereses particulares, mostrándolos como los intereses de todos. De eso se ha dado en nuestro medio siempre.

La Constitución de 1886 ha sido la más longeva de todas. De estirpe netamente conservadora, con muchas consagraciones reconociendo amplios poderes en el Estado a la Iglesia Católica que incluso se daba el lujo, durante muchos años, de designar con el dedo índice de un obispo quien debería ser el próximo Presidente de la República. Estuvo vigente 104 años y fue objeto de 70 reformas, siendo las más importantes la de 1910, que eliminó la pena de muerte, la de 1936, de la Revolución en Marcha, que terminó en gran frustración, la de 1945 que le dio vida a la justicia Contencioso Administrativa, la de 1957 que abrió las puertas del contubernio de dos partidos en la distribución del poder por espacio de 24 años, la de 1968, seria y razonada, que dio origen al Principio de Planeación estatal, la de 1979, buena parte de la cual se cayó por vicios de forma y la de 1986, un tanto insulsa.

El 4 de julio de 1991, fruto del verdadero ejercicio del Pueblo como Soberano de Colombia, los Presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente Horacio Serpa Uribe, Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolf, el Presidente de la República, César Gaviria Trujillo y el Ministro del Interior, Humberto de la Calle Lombana (el gran arquitecto del nuevo orden), promulgaron la Carta de 1991, fruto del voto popular, por primera vez en Colombia en esta clase de procesos.

Fueron muchos los cambios positivos asumidos y algunos excesos que arrojaron tantas concertaciones de opiniones, pero que si ha significado un cambio para mejor en los colombianos. La de ahora no es la misma que se aprobó hace 29 años. Ha sido fruto de 46 reformas, una cifra escandalosa para el Derecho Internacional comparado, pues la Constitución más antigua, la primera del mundo, la de Estados Unidos data de hace 250 años y ha sido enmendada apenas en 27 ocasiones; la de Bélgica, con 137 años de promulgada, ha sido reformada en 13 ocasiones; la de México, con 100 años, ha sido modificada en 77 veces. Nuestra Carta no es garantía de seguridad jurídica, pues muchos de sus dirigentes con un “articulito” han obtenido lo que quieren, al estilo del más rancio autoritarismo del que nos ha agobiado en toda la historia.

Trasciende el aniversario 30 del movimiento de la Séptima Papeleta, el pasado 9 de diciembre, que condujo a la expedición de la Constitución de 1991, como fruto del voto del Soberano, por encima del cual no existe ningún poder. Es una Constitución dictada por todos, deformada por unos pocos que no soportan que haya habido cambios en la cultura de los asociados, que reclaman participación en esa Democracia pluralista que se consagró.