23 de enero de 2022
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Elecciones corruptas jueces corruptos

7 de diciembre de 2020
Por Alberto Zuluaga Trujillo
Por Alberto Zuluaga Trujillo
7 de diciembre de 2020

Con la reciente elección efectuada por el Congreso de la República de los siete magistrados que deben  integrar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se puso fin a la interina Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, eliminada  con la aprobación del Acto Legislativo 2, de julio 1  de 2015, por medio del cual se adoptó la reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional. Una vez elegidos, empezaron las críticas y los señalamientos a algunos de los profesionales sobre los que recayeron dichos nombramientos. El procedimiento seguido por las plenarias de Senado y Cámara, conocido como audiencias para escuchar las propuestas de los distintos aspirantes a Magistrados de este tribunal, fue señalado de vulgar pantomima pues los partidos políticos allí representados llegan con los acuerdos listos sin que dichas plenarias escuchen, interroguen, estudien y mucho menos escudriñen las hojas de vida de los ternados. Siempre, los acuerdos políticos han estado por encima de las calidades  de los aspirantes, imponiéndose la aplanadora oficial que solo obedece a sus propios intereses y en el que tres de los nominados, son ternados por el Presidente de la República. A más de este grave cuestionamiento, entre los nombrados está Juan Carlos Granados Becerra, quien hoy lunes será acusado en una audiencia  en la Sala Especial de Primera Instancia en la Corte Suprema de Justicia, por el caso Odebrecht. Alguien desprevenidamente dirá que el Presidente desconocía dicho señalamiento. No. Desde octubre de 2017, Granados ha estado en la mira de los entes de control, al abrirle la Contraloría General una investigación por irregularidades en la entrega de los kits escolares como mandatario de los boyacenses. Luego, la Procuraduría le inició cerca de 10 investigaciones por irregularidades cuando se desempeñó como gobernador de Boyacá, a más de dos procesos fiscales adelantados por la unidad anticorrupción de la Contraloría General por detrimento de 19 mil millones de pesos y  una presunta nómina paralela en la Contraloría Distrital cuando fue Contralor, en la que aparece involucrada Yaro Malo, hija del magistrado Gustavo Malo, vinculado al cartel de la toga, y el otro proceso por, supuestamente, beneficiar a la multinacional brasileña cuando fue candidato y luego gobernador de Boyacá entre 2012 y 2015. Posteriormente apareció implicado en la adjudicación de la vía Duitama-Charalá-San Gil. En octubre de 2018 la Fiscalía General le imputó tres delitos: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias como servidor público, pidiendo medida de aseguramiento en su contra. El hoy flamante magistrado salió de la Contraloría de Bogotá en febrero de este año. ¿Cómo es posible que un personaje de tan inocultables condiciones de pillo profesional sea elegido para tan elevado cargo como lo es una magistratura, ternado precisamente por quien dice ser un incansable combatiente de la corrupción: el presidente Duque y que  además, sea elegido con 186 votos frente a Gloria María Arias Arboleda la segunda de la terna, quien sacó 33 votos? La respuesta es muy clara. Pesó más la hoja de vida con  mayores  señalamientos. Hay que tener prontuario y de peso  para ocupar estas altas dignidades. Granados llenaba el palmarés requerido.

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