16 de agosto de 2022
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De minga y paz

26 de octubre de 2020
Por Alberto Zuluaga Trujillo
Por Alberto Zuluaga Trujillo
26 de octubre de 2020

Recuperar aquello que nos quitan: la vida, el territorio, la paz y la democracia, fue lo que motivó la marcha de las comunidades indígenas del suroccidente colombiano que, en número superior a diez mil, integran esos pueblos autóctonos y quienes, en uso del derecho legítimo a la protesta, exigieron con su postura demandas políticas. Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta la fecha, han sido asesinados 242 líderes indígenas y   en el 2020 lo han sido 55 demostrándose el poco avance en su implementación. Su presencia al paso por carreteras y calles de las poblaciones que cruzaron rumbo a la Capital Colombiana despertó la solidaridad de las gentes haciendo eco a su grito por la defensa de la vida. Más que una protesta por reclamar reivindicaciones concretas en materia de provisión de bienes y servicios, llamaron la atención del país sobre la crítica situación   dominante en sus territorios. Pero no es menos cierto que el alto grado de deterioro del orden público allí reinante es producto de las sangrientas disputas entre grupos armados por el control de rentas ilegales, no en la que los indígenas han quedado atrapados en medio de distintos fuegos, sino de la que hacen parte en unos  territorios donde solo su propia ley opera por acuerdo con el Estado Colombiano. La destrucción por parte del Ejército de 34 laboratorios en su jurisdicción, la semana pasada, atestigua lo dicho. Sus tierras son una verdadera república independiente  gobernada por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades, establecido mediante el artículo 330 de nuestra Constitución, a más de la ley 21 de 1991 de marzo 4 por la cual se aprobó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado por  la 76a. reunión de la Conferencia General de la OIT celebrada en Ginebra en 1989. La igualdad es un derecho fundamental de nuestro Estado Social consignado en la Carta del 91, buscando  generar una sociedad más justa y equitativa con oportunidades para todos. Sin embargo, nuestros indígenas son un grupo privilegiado que vulnera el derecho a la igualdad. Con el argumento de que toda la tierra era de ellos, el Estado les ha entregado 36 millones de hectáreas productivas. Tienen una justicia donde el delito por grave que sea se paga con latigazos. Oportunidades educativas que bien quisiéramos para nosotros y, además, les entregamos un presupuesto gigantezco para invertirlo, por ejemplo, en salud. En 2019 y 2020 ha habido en sus territorios inversiones por 344 mil millones y para el entrante ya se aseguraron recursos por más de 296 mil millones de pesos. ¿No es esto acaso una presencia activa del Estado? Trato similar quisiera el departamento del Chocó, que es tan nuestro como el Cauca. Pero igual, los grandes recursos presupuestales con que cuentan, uno y otro, se esfuman por arte de birlibirloque pues, sus dirigentes, aprovechando la ignorancia de sus pueblos, se aprovechan de ellos, sumiéndolos en deprimente atraso. El Acuerdo de Paz sigue siendo la hoja de ruta para lograr este imperativo propósito. Urge, en aras del derecho a la igualdad, presionar cambios para que acepten la presencia de la Policía y del Ejército en sus vastos territorios, con el fin de garantizarles la tranquilidad que hoy reclaman.

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