29 de marzo de 2024

Ley de Víctimas quedó a un paso de ser prorrogada por 10 años

3 de septiembre de 2020
3 de septiembre de 2020

Bogotá, 03 de septiembre_ RAM_ La Comisión Primera del Senado de la República aprobó en tercer debate un proyecto de ley que prorroga la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por 10 años más.

La iniciativa, que garantiza la reparación de alrededor de 9 millones de personas afectadas por la violencia, establece que la norma debe seguir operando en Colombia hasta el año 2031.

El senador Roy Barreras, ponente de la iniciativa, afirmó que “es un reconocimiento y compromiso con las 9´041.303 millones de víctimas de las guerrillas, de los paramilitares, de los agentes del Estado y a los familiares de cerca de 200 mil desaparecidos que hay en Colombia, y por supuesto, a quienes aún no han sido reparados.  Esta Ley le ofrece a las 9 millones de víctimas, que son casi el 20% de los colombianos, la oportunidad de su reparación”.

El congresista explicó que el proceso de reparación en Colombia va muy lento y por eso es necesario sacar adelante la iniciativa y agilizar estos procesos.

“Al ritmo en que vamos, se necesitarían 47 años para que las víctimas fueran reparadas, independientemente de su victimario.  Víctima, es víctima, sin importar su victimario. La Corte en su exhorto no limita el número de víctimas, no excluye a ninguna víctima y reitera el criterio de no regresividad”, indicó.

Los congresistas que votaron el proyecto de ley consideran que las víctimas deben estar en el centro de la implementación del acuerdo de paz que se firmó con la entonces guerrilla de las Farc.

Barreras indicó que la aprobación de la propuesta “es fruto de un gran consenso con todas las fuerzas del Congreso y la sociedad, y responde exactamente a las sentencia C-588/2019 de la Corte Constitucional. Además, tiene un valor democrático que sea el Congreso quien la mantenga y la prorrogue, y no solo la Corte”.

Algunos congresistas presentaron una proposición para que se adelante un foro en el que se hable de toda la política relativa a los segundos ocupantes, que también deben recibir beneficios en el marco del proceso de restitución de tierras.