24 de junio de 2022
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Pensionados recibieron con alivio fallo de la corte que tumbó el impuesto solidario

6 de agosto de 2020
6 de agosto de 2020

Visible alivio produjo hoy entre los pensionados con sueldos superiores a los diez millones de pesos mensuales, el fallo de la Corte Constitucional que tumbó el decreto 568 de 2020 que estableció el impuesto solidario.

En medios jurídico-administrativos se considera que la decisión de la sala plena de la Corte Constitucional, sienta un precedente contra la posibilidad de que se intente revivir ese tributo, en el Congreso de la República, tal como lo han planteado algunos miembros del Gobierno Nacional, y la bancada uribista encabezada por el senador, ahora privado de la libertad, Alvaro Uribe.

En varias oportunidades ha sostenido que ese impuesto debía prorrogarse e, incluso, volverse permanente, como en su momento ocurrió con el 4 por mil.

Durante la vigencia de 3 meses del decreto, declarado inexequible, varios funcionarios afectados instauraron acciones de tutela, argumentando que lesionaba intereses familiares, por cuanto se reducían sensiblemente sus ingresos, poniendo en riesgo el mínimo vital. Algunas de esas demandas prosperaron y fueron falladas a favor de los demandantes.

Según informa «El Tiempo», «el alto tribunal aclaró que los dineros que en este tiempo se hayan pagado por cuenta de ese impuesto se entenderán como anticipo del impuesto de renta para la vigencia 2020, que es el que se paga en 2021».

«Para la Corte, el decreto que creó el impuesto solidario violó los principios de la generalidad del tributo y la equidad tributaria horizontal. Así, consideró el alto tribunal, este impuesto no era generalizado sino que específicamente se aplicaba sobre el empleo público, lo que para la Corte no fue válido», apuntó el periódico capitalino.

«Según el alto tribunal, el impuesto debió haber cubierto a todas las personas naturales que reciben ingresos superiores a los 10 millones de pesos por salarios, pensiones, arriendos, dividendos, rendimientos financieros, etc.. Esto no sucedió, porque únicamente se les cobró a los trabajadores del Estado», agregó el matutino capitalino.

En su última columna publicada en EJE 21, nuestro co-director, Orlando Cadavid, se refirió a este impuesto en una nota titulada «Las pensiones sangrantes» y en la que dijo que «como consecuencia de la pandemia china, sangran los bolsillos de los maltratados pensionados colombianos por cuenta del despiadado equipo económico del presidente Iván Duque».

«Los jubilados criollos han sido puestos contra la pared por un régimen insensato que se niega sistemáticamente a entender que con los derechos de los eméritos no se juega», escribió Cadavid en su columna semanal «Contraplano».

«Los zarpazos han ido llegando en dosis consistentes en unos amargos descuentos que ponen en práctica abusivamente los funcionarios de Colpensiones encargados de situar puntualmente las mesadas en las cuentas de ahorros de los jubilados», agregó Cadavid.

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Crédito: Red Medios Digital

La Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto con el que se creó el ingreso solidario que estableció el Gobierno Nacional por la pandemia de coronavirus Covid-19. La votación de la Sala Plena Virtual fue de cinco votos a favor de declarar el decreto como inconstitucional y cuatro en contra.

Se trata del Decreto Legislativo 568 de 2020 para la creación del impuesto solidario por el Covid-19 con destinación específica a la clase media vulnerable y trabajadores informales. El cobro del impuesto solidario estaba contemplado inicialmente para los meses de junio y julio de este año.

Con ese impuesto solidario se pretendía que los trabajadores del sector público que ganan entre 10 y 12,5 millones de pesos deberían aportar el 15% de su salario. Si el salario es de 12.5 a 15 millones de pesos el porcentaje del aporte aumentaba a 16 y así sucesivamente aumentaba el porcentaje del aporte por parte de los trabajadores.

Los dineros que ya se han pagado por concepto del impuesto solidario son retroactivos, es decir, se tomarán como anticipo del impuesto de renta para la vigencia 2020. Así lo señaló el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Alberto Rojas.

El magistrado explicó que “los dineros que se han pagado por los sujetos pasivo del tributo se entenderán como anticipo del impuesto de renta para la vigencia 2020, pagaderos en el 2021″.

La Procuraduría había solicitado anteriormente a la Corte Constitucional avalar el decreto. El Ministerio Público señalaba que la medida era conveniente para afrontar la crisis por la pandemia y no era «excesiva y no afecta el núcleo esencial de los derechos al salario de los empleados públicos, al pago de honorarios de los contratistas del Estado y al pago de las pensiones ya que se trata de un descuento de carácter temporal, cuyo porcentaje no afecta el mínimo vital».