19 de septiembre de 2020
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Análisis/Cristina Londoño R. La renta básica y el empleo formal.

13 de agosto de 2020
13 de agosto de 2020

La Organización de las Naciones Unidas ha calificado la Renta Básica como necesaria dentro del paquete de medidas que ayudaría a salir de la actual crisis de la pandemia del Covid 19, formulándola como un tipo de renta distinta a la universal y enfocada en un tercio de la población mundial.

La actual crisis sanitaria y de recursos económicos ratifica la virtud histórica de la seguridad social para encontrar en el soporte colectivo la medida de superación de las necesidades de los individuos, sin que olvidemos que la seguridad social es un sistema que se edifica en principios, se desarrolla en sus instituciones y se debe abastecer de los fondos para atender con prestaciones a la población y garantizar el bienestar social .

Los principios, en medio de la juventud de las reglas del derecho de la seguridad social, son la guía luminosa en la oscuridad de los acuerdos sociales, adquiriendo mayor relevancia en esta crisis de incertidumbre que está incitando a la comunidad política a actuar de manera apresurada. El principio de universalidad, invita a la cobertura de todas las personas en todas sus necesidades, sirviendo de fin último al progresivo alcance de las instituciones y que hacen posible el desarrollo con cobertura y protección.

En los sistemas de aseguramiento como el colombiano, el principio de universalidad se apoya en el de la solidaridad para cubrir a todas las personas, considerando aquellas que no cuentan con la capacidad contributiva para afiliarse al sistema, -principio de afiliación-, pero que requieren de la atención de necesidades, debiendo acudir a otros mecanismos como son la asistencia social, las medidas de transferencias sociales y la atención de grupos focalizados, dándole valor a las acciones que acercan a la equidad a esas poblaciones que lo requieren.

La regulación del trabajo en Colombia, desarrollando su vocación histórica de protección, atiende al empleo con criterios mínimos y derechos irrenunciables que deben ofrecerse bajo la protección del estado en condiciones de justicia y dignidad. El derecho a la seguridad social por su esencia constitucional es un derecho irrenunciable, de progresivo desarrollo, que se nutre bajo un gravamen al empleo formal, en el que se impone la afiliación al sistema y la contribución para su sostenibilidad.

En medio de ese sistema de contribución y necesaria afiliación, bajo el modelo intervencionista actual, el estado tiene la obligación con la sociedad de promover el empleo para garantizar la subsistencia de la ciudadanía y con ello un lugar en la economía para los servicios personales, a los que se les impone unas cargas económicas elevadas, que finalmente resultan desincentivando la formalización del empleo.

Ha dicho Philipe Van Parijs, el precursor teórico de la figura de la renta básica universal, que si bien se alegra de que la situación actual esté propiciando el debate, considera que para esta crisis la figura es de difícil implementación debido a que actualmente les corresponde a los estados priorizar sus recursos para atender los altos costos del sector salud y corregir la baja productividad que trajo el confinamiento.

De todos modos, la renta básica está de moda, se plantea como la eventual solución a la realidad del ascenso de la pobreza en el mundo y en Colombia, en medio de una apertura sin precedentes a medidas de asistencia que en otras condiciones no se considerarían, pero dejando de lado las inminentes necesidades para la reestructuración de las cargas del empleo, como el problema principal a resolver para impulsar la economía y la sostenibilidad de un sistema de seguridad social.

Lo que han denominado renta básica, el ingreso mínimo vital en España, la política de transferencias de la Alcaldía de Bogotá y los proyectos de Ley que cursan en Colombia, en principio no obedecen a la descripción ni a las características de la figura como tal, pues todas son medidas de protección social focalizadas, mientras que la renta básica debe ser universal y se trata de un ingreso que entrega el estado de manera incondicional, sin importar las características de la persona ni su situación particular, o como puede describirse desde el punto de vista fiscal, es un impuesto negativo, por ser el estado quién se lo entrega a todos sus ciudadanos.

La posibilidad estaría en concentrarse en los actuales programas sociales y desarrollar los pendientes , midiendo la realidad económica de los hogares colombianos , haciendo foco especial en los esfuerzos para las medidas que apunten a la productividad, estimulando el consumo de los productos colombianos e impulsando mecanismos que no sólo promuevan el empleo, sino figuras formales de empleo que garanticen que los empresarios puedan soportar la cargas de la contratación de servicios personales.

El reto estaría en revisar cómo solventar una renta para todos los ciudadanos, reconociendo que se hace en medio de un sistema de seguridad social que agudiza en sus finanzas, en el que el asunto principal es la desocupación y unas reglas jurídicas de los servicios personales en desuso, que estimulan la informalidad en el empleo con unas altas cargas a los servicios personales que no le permiten al sistema alcanzar la universalidad, excluyendo a las personas de la protección social y desechando la posibilidad de recoger la contribución de la población informal que representa la mitad de la economía Colombiana.

Mejor se podría acudir a lo que la historia de la seguridad social ha venido enseñando sobre el valor del acercamiento a la población, pues las primeras instituciones se crearon convirtiendo las carencias particulares de las personas en datos concretos que ayudaron a priorizar el gasto eficiente en protección, tratándose al final de cuentas del estudio de las necesidades de los individuos, situación que ratifican los ganadores del Premio Nobel de Economía de 2019, quienes con sus mediciones recaudadas de micro experimentos al interior de las poblaciones vulnerables demuestran contribuciones al bienestar de las personas, y lo que es más interesante, esas contribuciones atienden las desigualdades del nivel productivo.

Cristina Londoño R. Master en ciencias jurídicas, abogada especialista en derecho tributario, laboral y de la seguridad social.