7 de mayo de 2021
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Corte Suprema sigue aplazando decisión sobre caso Uribe

30 de agosto de 2020
30 de agosto de 2020

Bogotá, 30 de agosto_ RAM_ La Corte Suprema de Justicia aplazó para su próxima Sala Plena, que se realizará la semana entrante, la decisión de fondo sobre su competencia para continuar con los procesos penales en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Se esperaba que la Sala Especial de Instrucción que conoce de estos expedientes se pronunciara este jueves ante la petición que formuló la defensa de Uribe para que tanto el radicado 52240, conocido como “manipulación de testigos”, así como otros 12 procesos que vinculan a Uribe, sean remitidos a la justicia ordinaria.

En reciente entrevista con los medios de comunicación el abogado Jaime Granados, apoderado de Uribe, afirmó que “estamos pidiendo a la Corte que los estudie uno por uno, no en bloque, porque cada caso necesita de una respuesta individual”.

Granados se refería no solo al proceso de manipulación de testigos por el que Uribe está sindicado de soborno y fraude procesal, por el cual fue cobijado con medida de aseguramiento de detención preventiva.

También pidió el traslado a la Fiscalía de los procesos por las masacres de El Aro, La Granja, San Roque y el crimen del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, todos ocurridos hace más de dos décadas y en los que se menciona a Uribe, que a su vez fueron declarados de lesa humanidad por la Corte Suprema de Justicia.

El jurista ha insistido en que “la Sala de Instrucción perdió la competencia” para investigar a su cliente desde el 18 de agosto, día en que la plenaria del Senado aceptó su renuncia.

A su vez, expertos consultados coinciden en que con la renuncia de Uribe a su curul compresional la Sala de Instrucción de la Corte pierde su competencia por cuanto las conductas que se le imputan no tienen relación funcional con ese cargo.

Pero no descartan tampoco que la Corte pudiera hacer un análisis diferente sobre su competencia para conocer de estos procesos, pero todo depende del material probatorio que repose en cada expediente.

En ese sentido, el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, considera que “solo la Corte en su autonomía puede valorar las pruebas que existen en el expediente y hacer el análisis correspondiente en cada caso”.

Al respecto, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia recordó que ya hay antecedentes jurisprudenciales en los que la Corte, pese a que la persona investigada ha renunciado a su curul en el Congreso, continuó siendo investigado y juzgado por ese Tribunal.

Dijo el experto que, por ejemplo, “en varios casos de la ‘parapolítica’ la Corte siguió con la competencia pues se comprobó que los delitos que les imputaron tuvieron relación funcional directa con el cargo, y en otros casos fueron apoyados por grupos ilegales para llegar al Congreso, y desde allí ‘devolvieron’ favores”.

Pero en los procesos que lleva la Corte contra el exsenador Uribe, para el exfiscal Mario Iguarán Arana “es claro” que todos deben ser enviados a la Fiscalía, incluyendo aquellos considerados de lesa humanidad.

“Esos procesos -los de lesa humanidad- no pierden efectos en el tiempo, es decir, no prescriben, pero eso no tiene incidencia en la competencia de la Corte, entonces también debe remitirlos a la Fiscalía para que continúe allí la instrucción”, dice Iguarán Arana.

Pero otros expertos consideran que la Corte bien pudiera no remitir a la Fiscalía todos los procesos contra Uribe.

De hecho, el abogado Reynaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda y quien fue aceptado por la Corte como parte civil, considera que “la Corte sigue siendo competente” tanto para investigar como juzgar, al exsenador y expresidente.

El jurista se refiere a que Uribe, al parecer, habría utilizado a funcionarios de su Unidad de Trabajo Legislativo del Senado para afectar la investigación.

Fuentes cercanas al proceso consideran que justamente en este caso y en otras investigaciones como la ‘ñeñepolítica’ y algunas denuncias por calumnia e injuria donde se menciona al expresidente, la Corte analiza “a fondo hasta dónde llegaría su competencia”.

Es decir, dice la fuente, en algunos procesos la Sala de Instrucción podría argumentar su competencia y los demás los remitiría a la Fiscalía General para que los continúe un juez de conocimiento.

De hecho, en un concepto remitido esta semana, la Procuraduría General de la Nación le solicita a la Sala de Instrucción remitir a la Fiscalía el proceso por manipulación de testigos pues advierte que “los cargos por los que es investigado el exsenador corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista”.

Con el mismo criterio, el jurista Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia considera que con la renuncia al fuero constitucional “la competencia del proceso debe pasar a la Fiscalía”.

Así las cosas, la complejidad de la decisión es evidente en la Sala de Instrucción, compuesta por seis magistrados pero uno de ellos -Cristina Lombana- fue recusada y apartada del expediente Uribe. Por ello, cualquier decisión debe ser tomada por cuatro de los cinco magistrados, de lo contrario será necesario nombrar un conjuez para zanjar la diferencia.

Así sucedió con el fallo del 3 de agosto pasado cuando la Sala definió la situación jurídica de Uribe y le dictó medida de aseguramiento de detención domiciliaria, decisión que al final se adoptó por unanimidad.

La Sala Especial de Instrucción aplazó la decisión para la semana entrante y no convocó sala extraordinaria, lo que indica que solo hasta el jueves 3 de septiembre se conocería la decisión.