16 de mayo de 2021
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La hipoteca inversa: un acierto

22 de junio de 2020
Por Mario De la Calle Lombana
Por Mario De la Calle Lombana
22 de junio de 2020

Hacer oposición al gobierno es un derecho fundamental. Si uno no está de acuerdo con alguna decisión del gobernante, debe poder decirlo sin temores y sin problemas. El debate pacífico es esencial en las democracias, y el sistema que nos rige pretende ser eso: una democracia.

Nadie me puede tildar de gobiernista. Ideológicamente estoy a millas de distancia de la extrema derecha ─y también de la extrema izquierda─. Pero no es solo una posición ideológica. En la práctica, no estoy de acuerdo con muchas de las acciones del gobierno. No comparto esa ambigüedad de mostrar hacia el exterior una supuesta voluntad de cumplir los acuerdos de La Habana, mientras en realidad se sigue intentando, y hasta con éxito, cumplir el consejo del doctor Fernando Londoño de “hacer trizas ese maldito papel que llaman acuerdo de paz”. Disiento de la decisión de mantener en sus cargos a una serie de personajes impopulares, que deterioran la figura del gobierno, entre otros al inventor de los bonos de agua. No considero conveniente, en semejante crisis, gastar millonadas en contratos para mejorar la imagen del presidente o para comprarle carros blindados. Considero una arbitrariedad tiránica y, además, inútil, la prisión domiciliaria a quienes hemos cometido el delito de pasar de los 70 años. Y no puedo estar de acuerdo con la perfidia de violar, a pesar de esta respaldados por países amigos, unos protocolos que sirvieron para que el ELN aceptara iniciar conversaciones de paz con el gobierno colombiano, al garantizar que los delegados de esa guerrilla pudieran volver a las montañas de Colombia si las conversaciones llegaban a suspenderse. Cuando ya estaban en La Habana negociando, el gobierno de Duque suspendió las conversaciones y pretendió que Cuba, garante del proceso, fuera cómplice de esa perfidia, y traicionara a los guerrilleros tomándolos presos y entregándolos a las autoridades de Colombia. Es obvio que Cuba no iba a incumplir la palabra empeñada. Nadie duda de que Colombia tuvo razones de sobra para dar por terminados los diálogos. Pero precisamente para esa circunstancia era para lo que se habían acordado los protocolos.

Hay otras muchas razones que pueden despertar la oposición al gobierno entre quienes tienen una visión diferente sobre sus decisiones. Por ejemplo, es válido oponerse a las fumigaciones con glifosato o al fracking para la explotación petrolera, por razones ambientales. O estar en desacuerdo con el plan de desarrollo o con la reforma tributaria. Esa es la democracia. Pero lo que no tiene sentido es combatir porque sí, por haber sido propuesta por un gobierno que no nos gusta, una idea que beneficia a muchos. Y, peor aún, inventar falsedades para hacerlo. Y es lo que pasa con el proyecto de hipoteca inversa. Se ha llegado hasta a hablar de expropiación, para asustar a los posibles beneficiarios. Este sistema no perjudica a nadie, y le sirve a todos los que se acojan a él, sin perjudicar para nada a quienes no lo hagan. Es un negocio entre particulares, vigilado y regulado por el Estado, en el que no hay dineros oficiales, y que permite que un grupo de colombianos pueda obtener, si lo desea, un ingreso al cual hoy no tiene acceso. A los viejos que decidan aceptar esa posibilidad, que es una oferta voluntaria,  se les garantiza el derecho inalienable de permanecer en sus viviendas hasta el último de sus días Y claro que a quienes ponen la plata se les van a generar unas utilidades. Es un negocio, no una obra de caridad. Obtener utilidades ya no es pecado, ni siquiera en la China comunista, donde hoy viven algunos de los mayores millonarios del mundo. Es cierto que el sistema financiero colombiano ha sido siempre el ganador en todas nuestras crisis. Pero no se justifica impedir que los adultos mayores tengan la oportunidad de la hipoteca inversa, simplemente para evitar que esta vez, también, los bancos se beneficien. Hasta ahí, nadie puede quejarse. El viejo permanecerá en su casa, pero además habrá obtenido un dinero que antes no le era posible conseguir. Y, en esas circunstancias, ¿a quién le importa qué persona figura como propietario en la Oficia de Registro?

El resto de la historia es el que se presta a discusión. El viejito aprovechará lo suyo hasta el final, sin restricciones. Y, claro, se gastará una plata que, sin el sistema, podría quedar después en poder de unos herederos. En muy contados casos. Porque si las condiciones económicas del dueño de la vivienda se vuelven muy precarias, le tocará como dice el ministro, que en esto tiene razón, vender la casa e irse a vivir en arriendo. Son esas posibles condiciones de precariedad las que hacen que el adulto mayor tenga que tomar una decisión. Si está boyante, seguramente no tendrá interés en esa opción. Pero si no lo está, tendrá una oportunidad que hoy no tiene. O vende la casa y paga arriendo, y de pronto se le acaban los recursos antes de morirse y los herederos también se quedan sin nada, o la hipoteca por el sistema inverso, mejora sus ingresos, y garantiza la posesión del inmueble hasta el último momento. Y, si no se demora demasiado en dejar este mundo, hasta les deja algo a esos herederos.

Es injusto pretender que una persona que haya trabajado toda la vida, y que tenga una vivienda y cuente con una pensión precaria ─o no cuente con ninguna─ tenga que sufrir privaciones los últimos años de su existencia, simplemente para dejar una herencia a unos hijos a los que ya les dio la vida, la manutención durante años, así como, seguramente, una buena educación. Espero que el decreto que abre esa posibilidad en Colombia se dicte pronto, y que haya entidades financieras que se interesen en ofrecer el producto.