El Tren de Cercanías

Por las redes sociales se viene difundiendo la propuesta del Tren de Cercanías, iniciativa ésta que se le atribuye a la Cámara de Comercio de Pereira  con la cual se buscaría conectar a Manizales – Chinchiná – Santa Rosa de Cabal – Dosquebradas – Pereira – La Virginia – Cartago y Armenia, aprovechando la infraestructura férrea  que tuvo su ocaso entre nosotros en el siglo pasado. Sin lugar a dudas el Tren de Cercanías surge como la panacea frente a los problemas de movilidad que el crecimiento desbordado del parque automotor acarrea junto a una deficiente red vial que no está acorde con la desmesurada expansión de los centros habitacionales de la región. En las noticias de mediados del mes de diciembre por Caracol Radio, el presidente ejecutivo de la entidad Jorge Iván Ramírez, aseguró que los estudios de factibilidad tendrían un costo de 150 millones de pesos, cuando bien se sabe que ese valor es apenas la tajada correspondiente a un contrato que no rebaja de  500 millones de pesos. El proyecto en mención era posible porque en el Plan Nacional de Desarrollo se priorizaron los recursos para establecer una política de reactivación y consolidación del transporte ferroviario, a más de contarse con la cofinanciación del 70 por ciento del costo total del mismo por parte de la Nación, de acuerdo a la ley 310 de 1996, conocida como la Ley de Metros. Y decimos era posible, porque hoy, pese a su necesidad e importancia, proyectos de esta envergadura no volveremos a tener por un tiempo largo pues todo lo disponible y posible será para  tapar el hueco monumental que nos dejará el Coronavirus, como igual, a él deberemos entregar el esfuerzo y sacrificio de años por venir. Consideramos, entonces, que el tan publicitado anuncio no pasa de ser lo que en el pasado reciente llamáramos “un descreste- bobos”, que no es más que un cuento bien echado para entusiasmar incautos. Lo único cercano que tiene hoy por hoy la Cámara de Comercio de Pereira es la elección del nuevo Presidente Ejecutivo cuyo período vence el próximo 31 de julio y para cuya votación se requiere mayoría calificada o sea las dos terceras partes de sus integrantes, la cual, ninguno de los bandos la tiene. En nuestra  columna del 9 de marzo titulada “Qué sucede en la Cámara” terminábamos diciendo: “Los delegados del Gobierno en mora están de convocar una amplia rueda de prensa para que de cara a la anterior Junta pongan los puntos sobre las íes”. Nunca lo hicieron permitiendo con su omisión que las gentes dudaran de la realidad de lo que aconteció años atrás cuando éstas fueron manejadas por Mauricio Vega Lemus, con corazón grande y bolsillo largo, en las que incluso dejó mucho que desear la actuación de fiscalización practicada por la Contraloría General de la República, según se desprende de la comunicación enviada a la Junta  por el entonces miembro Luis Fernando Ossa presidente de la Constructora Gerenciar, en la cual precisó una serie de hechos que rayan con los más elementales principios de transparencia que atentan contra las buenas prácticas de las que hoy  carece esa importante entidad gremial. ¿Reventará o no lo allí sucedido? Esperemos que sí.

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