5 de marzo de 2021
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Tiene razón el Concejal de Manizales Julián García, pero…

6 de mayo de 2020
Por Alejandro Loaiza Salazar
Por Alejandro Loaiza Salazar
6 de mayo de 2020

En su reciente columna titulada “Un plan de desarrollo para superar el Covid-19” y publicada en este portal, el concejal por el Partido Verde hace un llamado de atención frente al Plan de Desarrollo presentado por el alcalde de Manizales,  el cual no solo esta colmado de generalidades, con  pocas propuestas concretas, sino que además tiene una evidente ausencia de indicadores que permitan un seguimiento del mismo, afirma el concejal que:”percibo que será un plan muy difícil de evaluar porque no plantea indicadores y metas claras que se puedan contrastar, medir y revisar a corto o mediano plazo, con el fin de saber sí se cumplió o no.” Y agrega la poca planeación frente a los temas (todos) derivados de la pandemia producto del Covid_19.

Al respecto vale la pena decir que esta última situación seguramente se repetirá en la gran mayoría de los Planes de Desarrollo del país, y que no es del todo culpa del señor alcalde, pues a falta de un apoyo decidido del cuerpo jurídico de Palacio no se amplió el plazo de elaboración de estos documentos, y por lo tanto no hubo el tiempo suficiente para hacer un estudio juicioso a nivel presupuestal y de planificación de los posibles impactos y medidas a implementar, para mitigar las graves consecuencias de todo tipo que dejara esta epidemia.

Aclaro que no soy abogado, soy politólogo: pero no hace falta serlo para decir que, evidentemente la constitución ha distinguido entre Decretos leyes y decretos legislativos, estos últimos son los emitidos en el marco de los estados de emergencia o excepción, estos decretos tienen control automático de la Corte Constitucional, y aunque existe la posición de que bajo la jerarquía de las leyes no habría posibilidad de que decretos legislativos modificaran leyes orgánicas, estatutarias y mucho menos la constitución, pudiera existir una luz que hubiera sido útil para modificar los tiempos de ley que exige la aprobación de los Planes de Desarrollo.

La Corte Constitucional señalo en la Sentencia C-179 que “Concretamente, incumbe al juez constitucional verificar, durante la vigencia de los estados de excepción, si un decreto legislativo del gobierno vulnera o no un derecho fundamental, a fin de emitir un juicio de constitucionalidad sobre dicho decreto. En esa tarea deben guiar al intérprete, como criterios insustituibles, el telos del Estado social de derecho y la razón justificativa del estado de excepción, que apuntan ambos hacia el disfrute pleno de las libertades por parte de los destinatarios, así, para lograr ese propósito, haya sido necesario el sacrificio temporal de algunos aspectos que hacen parte del derecho pero no constituyen su núcleo esencial. En los casos dudosos, y justamente, por las razones expuestas, el intérprete, entonces, deberá guiarse por el principio «pro favor libertatis», pues ha de tener presente que la restricción es lo excepcional, y lo excepcional (la pena es un claro ejemplo) debe justificarse sin dejar margen a la duda.”

Lo anterior quiere decir que ante la no justificación y coherencia entre los decretos emitidos y el motivo de la declaratoria de excepción, así como la posible vulneración de derechos fundamentales, seria a todas luces razón suficiente para declarar inconstitucional cualquier decreto legislativo.

Resulta claro entonces que una ampliación en los tiempos de elaboración de los Planes de Desarrollo, con el fin de planificar y evaluar responsablemente y técnicamente los efectos sobre los territorios de la actual pandemia, no solo no vulneran derechos fundamentales, sino que tiene toda la coherencia con los motivos que llevaron a la declaratoria del estado de emergencia.

Pero de estar equivocados, la revisión automática de la Corte simplemente lo hubiera advertido, y con la suficiente previsión, el alto tribunal se hubiera pronunciado al respecto y por lo menos abrir una luz ante esta necesidad. Y si por riesgos no lo hicieron, no hubieran entonces decretado aquella norma que nada tiene que ver con la emergencia, y la cual traslado pensiones del régimen privado al público generando enormes beneficios para los dueños de los fondos de Pensiones.

Adenda.

Al señor Rafael Zuluaga. Aclaro que no soy vocero de ningún movimiento, sin embargo si puedo decir que lo dicho por el señor Zuluaga frente a la posible persecución política de quien hoy es la secretaria Privada de la Gobernación de Caldas, por parte del grupo al que él llama “Penaguismo” es de lejos un chisme mal echado. Lo primero que habría que decir es que hoy políticamente quien encabeza el movimiento que alguna vez estuvo bajo la tutela del hoy magistrado Hernán Penagos, se llama Juan Sebastián Gómez. Lo segundo, es que de lejos hoy la tarea del Presidente de la Asamblea Departamental es hacer un trabajo juicioso, como lo ha hecho en todos estos años, tal y como se evidencian en las estadísticas de la corporación; trabajo que no pasa en ningún momento por la persecución a ningún funcionario, nunca ha sido este su talante. Y por el lado del magistrado Penagos, si este ha tenido diálogo con el Gobernador no ha sido para temas diferentes a los que hoy corresponden a las elecciones del área metropolitana del Centro Sur del Departamento, temas puramente técnicos.

Twitter: @AlejandroLSFD