2 de marzo de 2021
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Citación de excomandante del Ejército eleva debate por espionaje en Colombia

6 de mayo de 2020
6 de mayo de 2020

Bogotá, 5 may (EFE).- Al nuevo caso de espionaje del Ejército colombiano contra al menos 130 ciudadanos le siguen saliendo aristas, esta vez por cuenta de la citación a interrogatorio de la Fiscalía al general en retiro Nicacio Martínez, comandante de la institución durante los meses de la operación informática.

Según una investigación publicada por la revista Semana, unidades de inteligencia del Ejército espiaron entre febrero y diciembre de 2019 a periodistas, políticos, defensores de derechos humanos, sindicalistas e incluso generales y miembros del Gobierno.

Los detalles de la denuncia suscitaron múltiples voces de rechazo y peticiones hacia el Gobierno para que explique quién dio la orden de los seguimientos y castigue a los responsables, que según la opinión pública están en lo más alto de la cúpula militar.

«Es una operación de espionaje ilegal, pero además ordenada y adelantada desde la cúpula de la inteligencia del Ejército», dijo a Efe el senador del partido de oposición Alianza Verde Antonio Sanguino, uno de los nombres que aparece en los seguimientos informáticos.

LLAMADO A INTERROGATORIO

Por la denuncia de Semana, la Fiscalía General anunció el lunes que citará a interrogatorio al general Martínez, comandante del Ejército entre 2018 y 2019.

«Será citado a interrogatorio el general en retiro Nicacio Martínez, quien era comandante del Ejército Nacional al momento de los hechos materia de indagación», manifestó anoche el fiscal general, Francisco Barbosa, en un comunicado leído a la prensa.

El llamado a interrogatorio a Martínez, quien pasó a retiro alegando «motivos familiares» después de doce meses de una gestión marcada por constantes denuncias de presunta falta de compromiso con los derechos humanos, no es la primera decisión de las autoridades frente al caso de espionaje.

El pasado viernes, horas antes de que Semana hiciera pública la investigación, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció el retiro del Ejército de once oficiales y la baja voluntaria de un general, lo que lejos de zanjar la polémica la avivó porque dio la sensación de que solo se tomaron medidas por la presión de la denuncia.

MARTÍNEZ SE DEFIENDE

En un comunicado publicado por su abogado, Jaime Granados, Martínez señaló que nunca ha dado una orden de «seguimiento, interceptaciones, elaboración de listas u operaciones de inteligencia contra periodistas, políticos, magistrados, miembros del alto Gobierno o cualquier otra persona que represente una institución del Estado».

Aseguró también que desconoce si los hechos denunciados hayan sucedido a otro nivel de manera oculta y que si él lo hubiera conocido habría sido el primero en denunciar.

«De lo único que estoy seguro es que si se cometió algún acto en ese sentido no fue llevado a cabo por el Ejército como institución ni mucho menos avalado por su comandante», dijo.

Martínez manifestó además que si las autoridades han iniciado investigaciones por la denuncia de Semana, «esto corresponde al deber ser de un Estado democrático», aunque dijo que «dichas investigaciones se abrieron con fundamento en las publicaciones de la revista y no en pruebas que acrediten» que lo dicho sea cierto.

EXIGEN MÁS EXPLICACIONES

La nueva trama de espionaje fue tachada de «inadmisible» por el presidente colombiano, Iván Duque, quien, en medio de las voces inconformes con la actuación de la justicia en este nuevo caso, prometió castigo para los implicados.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno no termina de satisfacer a los «perfilados», principalmente a la prensa, que no quiere respuestas prefabricadas sino acciones concretas.

«Exigimos a la justicia que devele quiénes son las personas que están detrás de esas órdenes para que se pueda saber los motivos y qué se planteaba hacer con esa información», dijo a Efe Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto, un medio alternativo sobre el conflicto armado que aparece entre los perfilados.

De acuerdo con el periodista, «el hecho de que se les pida la baja a algunos militares», como ocurrió el viernes, les parece un avance, pero añadió que «es tremendamente insuficiente».

«Creemos que esto no debería volver a suceder, cada tanto hay algún tipo de estamento del Estado en un escándalo como estos. Ya es tiempo de que esto pare y que se suspenda cualquier tipo de perfilamiento contra gente que ellos consideran que son enemigos del Estado», agregó Parra sin referirse al caso de Martínez.

RECHAZO A PRÁCTICAS RECURRENTES

Por la gravedad de las denuncias, asociaciones de periodistas, e incluso organismos internacionales exigen al Gobierno que el estamento militar deje de usar la inteligencia para espiar a los comunicadores y ciudadanos del común y más bien utilice esos recursos contra criminales y grupos al margen de la ley.

En el pasado, la Policía y las Fuerzas Armadas colombianas desarrollaron con la ayuda de Estados Unidos y de otros países potentes servicios de inteligencia para combatir a grupos guerrilleros y de narcotraficantes pero luego cayeron en la tentación de usar esa capacidad para espiar a la oposición.

En 2009 la misma revista Semana denunció que funcionarios del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) interceptaban llamadas de magistrados, periodistas y líderes de oposición durante el Gobierno de Álvaro Uribe, lo que desató un terremoto político que llevó a algunos de los implicados a la cárcel.

Posteriormente, en 2014, Semana sacó a la luz la «Operación Andrómeda» con la cual miembros de inteligencia militar espiaban a los negociadores del Gobierno en los diálogos de paz con las FARC, políticos de izquierda y periodistas.

A comienzos de este año la misma revista reveló que miembros de la inteligencia militar utilizaron de forma ilegal equipos donados por organismos de inteligencia de Estados Unidos para «fines ilegales» de seguimiento a periodistas y opositores.

«Creemos que es una cuestión sistemática, creemos que en el pasado varios de los implicados han salido (de las instituciones involucradas), pero nunca se sabe si hay una persona de alto nivel metida en esto», concluyó Parra. EFE