18 de mayo de 2021
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Actuación en derecho. 

31 de mayo de 2020
Por Eduardo Aristizábal P.
Por Eduardo Aristizábal P.
31 de mayo de 2020

La información es objetiva porque tiene que estar ausente de prejuicios e intereses personales. Los Hechos  son tratados como objetos, y parte de ellos, por eso se dice que es objetiva.

 En cambio la opinión es un juicio, concepto, análisis  personal que se emite acerca de alguien o de algo. Como  la opinión parte de la persona, del sujeto, se le califica como subjetiva.

Es muy común, por intereses personales, que algunos políticos, empresarios y  algunos que   fungen como  periodistas,  le dan a la opinión, un tinte de información, de verdad verdadera.

Hace pocos días, La Honorable Corte Constitucional,  amparó el derecho fundamental a la doble conformidad del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias Leiva.

Escuchamos a algunos despistados que celebraban el éxito de la tutela porque Arias Leiva ya saldría de prisión exonerado de todos los cargos.

Otros protestaban, porque como actualmente hay otros aforados en condiciones similares al exministro, entonces serían muchas las personas que próximamente quedarían en libertad y las ciudades se inundarían de delincuentes.

Y no faltaron los “ sabios “ los dueños de la verdad, los que lo saben todo, que hablaron de una segunda instancia, pero lo más preocupante fueron las declaraciones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia que  parece desconocer la figura de la doble conformidad, institución antiquísima que impusieron los romanos para  impugnar una sentencia penal de carácter condenatorio conocida como  provocatio ad populum, un recurso contra las decisiones de los magistrados que imponían pena capital.

A pesar de que los derechos a la impugnación y a la doble instancia suelen ser entendidos y tratados indistintamente, lo cierto es que hoy puede afirmarse, con claridad, que se trata de instituciones diferentes.

La Corte Constitucional no tomó ninguna decisión pensando en política, simplemente aplicó lo existente.

La Sentencia  de Constitucionalidad 792 del 29 de Octubre de 2014 consignó hace más de 5 años, en cuanto al fundamento normativo:

“El derecho a la impugnación se encuentra previsto en tres disposiciones del ordenamiento superior, así: (i) por un lado, el artículo 29 del texto constitucional, al definir los lineamientos básicos del derecho al debido proceso, establece que “toda persona (…) tiene derecho (…) a impugnar la sentencia condenatoria”[26]; (ii) por su parte, en el marco de las garantías judiciales, el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que “toda persona inculpada de delito tiene el (…) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”[27]; (iii) y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”[28].

Algunos Magistrados de la Corte que  respaldaron la decisión, salvaron su voto, porque consideraron que debió ser el Congreso de la Republica quien debía regular  todos los aspectos  de este derecho, queja que ya había exteriorizado la Corte Suprema de Justicia en la mencionada  Jurisprudencia del 2014, que dice así:

“ la Corte concluye que el legislador tiene el deber constitucional de diseñar e implementar un recurso que materialice el derecho a controvertir los primeros fallos condenatorios que se dictan en un juicio penal, el cual debe otorgar amplias potestades al juez de revisión para analizar y evaluar las cuestiones fácticas, probatorias y normativas que inciden en el contenido de la decisión judicial objeto del recurso.”

La Corte no puso en tela de juicio la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia y es ligera e irresponsable la afirmación de que lo único que se hizo fue favorecer a Arias Leiva.

Corte Suprema de Justicia de 2014 y Corte Constitucional de 2020 piensan igual y esa coincidencia es positiva.