1 de marzo de 2021
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Cárceles a merced del Coronavirus

27 de abril de 2020
Por Alberto Zuluaga Trujillo
Por Alberto Zuluaga Trujillo
27 de abril de 2020

En nuestra columna del pasado 20 de marzo titulada “Es hora de unirnos”, urgíamos la expedición del decreto de excarcelación  y agregábamos: “Para nadie es un secreto que el sistema penitenciario hizo agua entre nosotros. Un hacinamiento de más del 50 por ciento en 134 cárceles con 121.670 presos cuando el cupo máximo es de 80.763, a más de 35 mil personas privadas de la libertad, que aun no han sido condenadas por ningún delito, un brote del COVID-19 causaría una crisis mayor imposible de controlarla”. El Gobierno a través del Ministerio de Justicia demoró la expedición del decreto 546, luego de conocerse más de 80 contagios  que causaron  motines y revueltas, cobrando la vida de varios reclusos, siendo éste insuficiente frente al reto mayúsculo de salvar vidas. Dada la emergencia, el decreto de la referencia debió concebir medidas de excepción y no bordear tímidamente lo que ya está escrito en el Código Penal, dejando de un lado lo recomendado por expertos en la materia. Lejos de haber sido la oportunidad para responder a la crisis carcelaria, alrededor de 4000 personas condenadas por delitos menores esperan salir de ellas, sin que el decreto hubiese  contemplado el aumento de jueces de ejecución de penas que son los autorizados para tramitar las solicitudes de prisión domiciliaria de que habla el mismo. De nada servirá la medida si los defensores de los reclusos no alcanzan a tramitar las solicitudes de libertad. Pero aun suponiendo que finalmente alcancen a tramitarlas, 4000 beneficiados significaría apenas un 3.3 por ciento de la población carcelaria, luego, ningún alivio real tendría la gigantesca crisis penitenciaria. Frente a la otra crisis de dimensión mundial como lo es la pandemia del Coronavirus en donde la cuarentena decretada por el gobierno Duque busca salvar la vida del mayor número de colombianos, el Gobierno, con este decreto, sin proponérselo,   condenó a la pena de muerte a los reclusos, a los guardianes y sus familias. Este acto de manifiesta indolencia produjo un documento titulado “Rumbo a un genocidio carcelario”, firmado por 72 docentes nacionales y 35 reconocidos profesores de derecho penal de Europa y América, pidiendo una mejora sustancial de las condiciones de privación de la libertad para los reclusos y el personal penitenciario. Con el decreto expedido por el presidente Duque, los expertos dicen que el Gobierno “dio la apariencia de haberse ocupado de la crisis,  de haber tenido sensibilidad frente a ellos, de haber salvaguardado los derechos humanos en riesgo y haber dado una solución salomónica, esto es, justa, necesaria, proporcional y humana, cuando en realidad todo es una grosera mentira inscrita en lo que se conoce como el uso simbólico del derecho”. El decreto que prometía resolver la crisis de salud pública en las cárceles, demuestra su total inutilidad e ineficacia y de paso desperdició la oportunidad de desatar el nudo gordiano de su gigantesca problemática. No se trata pues de abrir las cárceles de par en par,  sino de permitir que los no condenados y quienes lo son por delitos menores, cumplan sus condenas en las casas, al menos, mientras pasa la pandemia.

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