18 de enero de 2022
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Capturas ilegales no pueden determinar, la privación de la libertad

29 de enero de 2020
29 de enero de 2020

En decisión tomada en noviembre de 2019, la Sala Plena de Corte Constitucional, aclaró los criterios para ordenar detenciones preventivas de los ciudadanos. Así lo hizo al resolver una demanda contra del numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004. 

La Corte Constitucional, expresó en su sentencia que la mera detención ilegal, o la conducción y la inclusión posterior en libros de minuta policial, etc., no constituyen “captura”. Agregó que de no ser así, se vulnera el derecho a la libertad.

En el análisis de constitucionalidad, la Corte consideró necesario aclarar, que solo puede hablarse de captura cuando ésta sea ordenada por el juez correspondiente o cuando la misma haya sido legalizada por el juez de control de garantías, al existir, por ejemplo, captura en plena realización del presunto delito.

La Sala Plena consideró constitucional la disposición que establece que “Cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente”. 

Sobre el inciso 2 del mismo numeral y artículo, “[e]n el supuesto contemplado por el inciso anterior, se entenderá que la libertad del capturado representa peligro futuro para la sociedad en los términos de los artículos 308 y 310 de este código”, determinó declararlo inexequible porque la detención preventiva debe valorarse en concreto y en relación con las características específicas del caso, mas no con circunstancias ocurridas y valoradas específicamente en procesos judiciales anteriores.

La Sala Plena determinó que debe concentrarse la valoración de la medida de aseguramiento sólo en criterios subjetivos orientados por niveles de peligrosidad según las capturas decretadas o legalizadas en otros procesos.

En otras palabras, se reconocería la posibilidad de detener y juzgar a una persona, solo en virtud de su pasado, o por la forma de ser o conducir su vida (derecho penal de autor), y no en virtud de sus actos, situación que es contraria al inciso 2 del artículo 29 de la Constitución Política.