28 de marzo de 2024

Niegan medida cautelar que pretendía suspender marchas del 21 de noviembre

21 de noviembre de 2019
21 de noviembre de 2019


Bogotá, 21 de noviembre_ RAM_ El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó medidas cautelares que pretendían suspender las marchas dentro del paro nacional previsto para este jueves 21 de noviembre, las cuales fueron convocadas por las centrales obreras y varias organizaciones sociales.

De acuerdo con el fallo de la corporación judicial, los hechos vandálicos que se han registrado en pasadas manifestaciones, como las que se presentaron de los estudiantes universitarios en Bogotá y en otras ciudades del país, no son motivo suficiente para tomar una determinación como suspender las movilizaciones.

“No se encuentran con evidencias actuales y suficientes para adoptar medidas cautelares tendientes a establecer limitaciones en relación con el paro nacional convocado para el 21 de noviembre de 2019”, dice uno de los apartes del fallo.

Y agrega el documento: “La circunstancia de que movilizaciones anteriores hayan dado lugar a actos violencia no constituye razón válida para que, en la ponderación de derechos, primen los derechos colectivos invocados para los demandantes por sobre los de los convocantes y participantes en el referido paro”.

El tribunal advierte que “si bien en las movilizaciones del mencionado paro nacional pueden presentarse actos de violencia, la cuestión que debe plantearse por el juez de la acción popular es si en el caso concreto las autoridades encargadas de tomar las medidas legales y operativas pertinentes, tanto las de carácter preventivo como las eventuales de tipo represivo, dan muestras de estar cumpliendo con sus funciones”.

Los accionantes, entre quienes se encontraban el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde y la exmagistrada del Consejo de Estado María Claudia Rojas Lasso, indicaban que la convocatoria a esta marcha afectaría los “derechos e interés colectivos como el patrimonio, el espacio, la seguridad, la institucionalidad”.

Consideraban que no se conocían “con exactitud” las razones para convocar las protestas contra el Gobierno y varias instituciones, “lo que ha hecho imposible estudiar soluciones” a los planteamientos de los convocantes.

Igualmente, señalaban que existía un riesgo para el orden público, tras revisar los mensajes que se habían enviado en los últimos días en las redes sociales y el contexto que se vive en el continente frente a las manifestaciones en países como Ecuador, Chile y Bolivia.