16 de mayo de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Sistema de información geográfica mediría índice de equidad educativa

13 de octubre de 2019
13 de octubre de 2019

El cálculo se haría no solo por resultados académicos sino por oportunidades de transporte, instalaciones, cupo, seguridad y ubicación de las instituciones, entre otros factores determinantes en una mayor inclusión.

Para esta investigación se desarrolló una metodología basada en el análisis cartográfico, espacial y de los Sistemas de la Información Geográfica (SIG), herramientas que comúnmente se usan para obtener información de proyectos ambientales, catastrales, de sistemas de transporte y de redes de infraestructura urbana.

“Es la primera vez que este sistema geográfico se aprovecha para recopilar y cruzar información sobre la prestación de servicios sociales en el ámbito municipal, específicamente sobre el conocimiento de la distribución espacial de los servicios educativos”.

Así lo asegura Juan Manuel Gómez Molina, estudiante de la Maestría en Infraestructura Vial y Sistemas de Transporte de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales, quien considera que conocer las características espaciales, físicas y operativas de las instituciones educativas de la ciudad permitirá incidir –en futuras planeaciones territoriales– en la distribución equitativa y de buena calidad de los servicios públicos, específicamente el de educación.

Para recopilar la información se siguieron cuatro pasos: en una primera fase se ubicó en el SIG toda la red de infraestructura de transporte actual con las modificaciones realizadas en los últimos años. Dicha información se verificó con salidas de campo, en las cuales se hizo una verificación de la conectividad de la red de transporte.

Con el mismo software se georreferenciaron las instituciones educativas, que para este caso fueron 171 establecimientos entre públicos y privados. ”En este punto, se determinó la ubicación geoespacial y las variables físicas: tamaño y espacios de esparcimiento como zonas verdes, canchas y juegos, entre otros”, detalló el estudiante.

Como parte del proceso también se actualizó la información social y económica de las zonas de influencia de las instalaciones educativas; se recopiló información relacionada con número de habitantes por barrio, número de comunas, seguridad, número de accidentes de tránsito en la zona y rutas de transporte público disponibles, entre otros aspectos susceptibles de análisis estadístico.

En la parte final del proyecto se realizará un cálculo de los porcentajes de área de cada equipamiento y el número de población cubierta, y se comparará con las características y localización geoespacial de las mismas instituciones.

“Finalmente esto nos permitirá formular posibles intervenciones en cuanto a variables sociales, económicas, demográficas, geográficas, operativas, espaciales y físicas, con el fin de mejorar la equidad en la prestación de dicho servicio en los sectores más críticos de cualquier ciudad”, puntualizó el investigador.

En el caso de Manizales, por ejemplo, los análisis planteados antes han permitido saber que la distancia no es un factor clave de barrera educativa –al menos en la zona urbana–, ya que se tiene garantizada una accesibilidad mínima a la mayoría de las personas.

“Sin embargo hemos determinado otras inequidades espaciales, como por ejemplo que las comunas con mayor índice de calidad de vida tienen mayor relación entre cupos ofrecidos y la oferta real de estudiantes. Es este mismo sector, además, se concentra el mayor número de instituciones de educación superior”, detalla.

También se identificó como inequidad espacial educativa el hecho de que una de las instituciones de educación técnica más utilizada por los estratos bajo y medio, se encuentra ubicada en las afueras de la ciudad y los estudiantes deben acceder hasta a dos rutas de transporte diferente, con viajes de hasta 59 minutos.

Con este estudio se busca, entonces, fortalecer las condiciones de equidad y acceso a la educación, no solo como factor generador de capacidades y agente de movilidad social, sino también de desarrollo económico, teniendo en cuenta que las políticas públicas sobre la prestación del servicio educativo y el acceso a la educación debe ser lo más equitativo e igualitario posible.