6 de mayo de 2021
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Cargando la lápida

30 de septiembre de 2019
Por Albeiro Valencia Llano
Por Albeiro Valencia Llano
30 de septiembre de 2019

La zozobra generada por el asesinato de líderes sociales y de candidatos a corporaciones públicas nos está convirtiendo en un país escoltado. Desde el primero de enero de 2016 hasta mayo de este año la Defensoría del Pueblo confirmó que son 480 los líderes sociales asesinados en todo el país; muchos vivían en la región del Pacífico colombiano ¿Cuál es la razón de estos crímenes? Los grupos armados ilegales rechazan la sustitución de los cultivos de coca, manejan la minería legal e ilegal y controlan las rutas del narcotráfico que atraviesan los territorios ancestrales. El otro tema es que las elecciones de octubre pasarán a la historia por la ola de amenazas y atentados que está dejando la campaña política: tres candidatos a las alcaldías asesinados, más de 40 amenazados y 402 municipios cobijados por el manto de la violencia. Después de 300 días del calendario electoral cada tres días matan un líder social, político o comunal.

Este es un desangre a gotas; las víctimas son personas que reclaman la tierra arrebatada, luchan contra los cultivos ilícitos en su territorio, se oponen a la minería ilegal y a que sus pueblos se conviertan en rutas de los narcotraficantes. En medio de la ley del más fuerte están a merced de las bandas que protegen las economías ilegales, del ELN, de las disidencias de las FARC, de los nuevos paramilitares que trabajan para las mafias organizadas y que son conocidos con los nombres de Urabeños, Águilas Negras, Rastrojos, Autodefensas Gaitanistas, Ejército Antirrestitución de Tierras y muchos más. Todos estos grupos aprovecharon la coyuntura, cuando las FARC se retiraron de los territorios que controlaban para concentrarse e iniciar el desarme. Frente al abandono del Estado llegaron los nuevos destacamentos para “limpiar” el terreno y preparar el arribo de las mafias con sus grandes proyectos empresariales; así se entiende el aumento de los cultivos ilícitos, el asesinato de los lideres sociales y el desplazamiento de las comunidades.

Como consecuencia cambió el mapa de la guerra y las organizaciones criminales fueron echando raíces en el Bajo Cauca antioqueño; en el Meta, Caquetá y Guaviare; en el suroccidente (Valle del Cauca, Cauca y Nariño); en Catatumbo; en Urabá antioqueño y Chocó; y en la región de Putumayo.

La violencia electoral

El país está entrando en el túnel del terror y se evapora la ilusión de la paz que duró solo tres años. El politólogo Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, en entrevista con Cecilia Orozco Tascón (El Espectador, 15 de septiembre, 2019), habla sobre los escalofriantes hallazgos del “Tercer Informe de Violencia y Dinámica Electoral 2019”; dice que en la mayoría de los atentados existen señales de que fueron contratados y pagados por rivales políticos de las víctimas. “En algunos casos, como en el Cauca, un candidato publicita un panfleto diciendo, por ejemplo, que su contrincante político apoya las fumigaciones aéreas. Esto, en muchas zonas, significa ponerle una lápida al candidato señalado”. Y agrega algo que produce escalofrío: “Es posible que para el 27 de octubre lleguemos a más de 250 víctimas y más de 30 homicidios. Correrá mucha sangre”.

Vivimos una campaña de alto riesgo. Veamos algunos casos. Hernando Orley García Vásquez, candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Toledo (Antioquia), fue atacado con una escopeta en una zona de la vereda de Morales y falleció cuando lo trasladaban en helicóptero a Medellín. El primero de septiembre, en un atentado con fusiles y granadas, mataron a Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca) por el Partido Liberal, a Yeison Obando, candidato al Concejo de ese mismo municipio y a tres personas más; la advertencia a las autoridades se dio una semana antes de la masacre. “Advertimos que iban a matar a Karina García”, aseguró Carlos Negret, Defensor del Pueblo. El 19 de agosto fue hallado sin vida el cuerpo de Luis Eduardo Caldera Villamizar, quien era aspirante al Concejo de San Jacinto del Cauca (Sur de Bolívar). El 12 de agosto la víctima fue Nelson Enrique Gaviria García, candidato al Concejo de Betania (Antioquia); desconocidos interceptaron el taxi donde se desplazaba y lo asesinaron. Y el 3 de agosto, Silvio Alonso Álvarez, candidato por el Centro Democrático al Concejo de Versalles (Valle de Cauca), fue hallado muerto, con un impacto de bala.

Ariel Ávila entrega un dato que produce escozor “En el Bajo Cauca antioqueño, el Clan del Golfo y los Caparrapos pondrían la mayoría de los alcaldes. En 107 municipios del país se presenta este riesgo” de este modo los “disidentes paramilitares” se están adueñando de amplias zonas del territorio nacional; el mecanismo es sencillo, porque basta con filtrar recursos ilegales en las campañas. ¿Por qué los candidatos están en la mira? Se pensaba que la violencia política era el resultado del vacío de poder dejado por el desarme de las FARC, pero aparece otra hipótesis: que algunos candidatos recurren a la violencia y buscan financiación de grupos ilegales para sostener los altos costos de una campaña. Hoy como hace 70 años, en plena Violencia, el enfrentamiento de los líderes políticos en el Congreso de la República, los odios y las mentiras que circulan por las redes sociales, llegan a los políticos regionales y se convierten en caldo de cultivo para los crímenes.

Las miradas se dirigen hacia el expresidente y senador Álvaro Uribe, principal pilar de la administración de Iván Duque, y lo señalan como uno de los responsables del vacío de poder que se está generando debido a la violencia política. El expresidente no la tiene fácil porque se le está cayendo la estantería; ahora sigue de gira apoyando a los candidatos de su partido, pero no le ha ido bien. En Sopó, La Calera y Acacías, lo recibieron con demostraciones de repudio que asustaron a las decenas de guardaespaldas; fue en La Calera donde pronunció su polémica frase “o hacen silencio, o los callamos”. Pero llaman la atención las manifestaciones en su contra, en el corazón del Uribismo. En Itagüí, después de una reunión electoral un grupo de manifestantes le gritaba: “Uribe, paraco, el pueblo está berraco”; lo mismo sucedió en Marinilla. De este modo se va desarrollando la campaña electoral y el país se calienta por el fuego de la violencia política.

El alto costo de las campañas a corporaciones públicas dificulta la financiación legal pero facilita el ingreso de dineros ilícitos, porque el control de las rentas territoriales y los contratos, se convirtieron en magnífico negocio. Aquí surge la violencia electoral y pone a los candidatos en la mira por la urgencia de “eliminar competidores”. Como consecuencia somos un país escoltado; unas 7.400 personas tienen guardaespaldas, incluyendo cerca de 500 candidatos a las próximas elecciones. La economía ilegal y las mafias siguen sacudiendo a Colombia.