5 de marzo de 2021
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Ahora sí, arrancan las campañas

5 de agosto de 2019
Por Alberto Zuluaga Trujillo
Por Alberto Zuluaga Trujillo
5 de agosto de 2019

Cerradas las inscripciones para las elecciones municipales y departamentales el pasado 27 de julio, el balance, lejos de ser halagador es altamente preocupante. Y decimos preocupante, porque tamaña avalancha no obedece, de manera alguna, al interés manifiesto del ciudadano por servir como, tampoco, a la alarma por lo que sucede  en su comunidad sino, todo lo contrario, porque sabiendo que el servicio público es fuente de enriquecimiento acude a él, no solo en  busca del apetecido status social,  sino del dinero suficiente con que vivir  el resto de su vida. Desde luego no son todos pero sí estamos seguros, es la inmensa mayoría. 5.270 candidatos a las alcaldías, 179 a las gobernaciones, 97.844 candidatos a concejos municipales y 14.199 a juntas administradoras locales, hablan por sí solas de este generoso desprendimiento que por estas épocas invade a nuestros conciudadanos. No cabe la menor duda que la corrupción es hoy el mayor problema que afecta al país. Y esta corrupción, que se ha instalado principalmente en la actividad política, empieza en las campañas en donde se unen los políticos con los privados para construir una empresa criminal para perseguir tres claros objetivos: ganar elecciones, desfalcar las finanzas públicas y comprar impunidad. Este cáncer, según la Misión de Observación Electoral (MOE) está claramente identificado por las más de 20.000 sentencias y fallos condenatorios en contra de funcionarios públicos de elección popular comprendidos entre 1991 y  2018, luego de transcurridos 27 años de estar aplicándose la nueva Constitución, correspondiéndole el 65 por ciento a los alcaldes, el 20 por ciento a los gobernadores y el 15 por ciento a los concejales, diputados y congresistas. Aprovecharse del cargo de alcalde para obtener ilegalmente un beneficio propio o para terceros, es la modalidad que más utilizan los funcionarios electos con el fin apropiarse de los recursos del Estado. Como bien se dice en el argot popular, hecha la ley hecha la trampa. Y eso, que ya los corruptos no se cuidan de hacer las cosas bien. La semana pasada el país fue sorprendido por un polémico contrato  suscrito por el Gobernador de la Guajira el pasado 26 de junio por once mil millones de pesos, para enseñar el inglés en sus 38 municipalidades cuando, a excepción del mandatario,  todos saben que el Departamento solo tiene 15 municipios. Según la organización Transparencia por Colombia, entre 2016 y 2018, la corrupción le sacó al país la increíble cifra de 18 billones de pesos que para hacerla más entendible, significan 16 mil millones y medio de pesos en un día y casi 700 millones por hora. ¿Podrá haber cifras más aterradoras que éstas? De ahí que el llamado sea a votar copiosamente. A escoger muy bien y evitar hacerlo por los que ya lo fueron en el pasado en la seguridad de que el pasado ya pasó y lo que cuenta hoy, es el futuro. Ofrecer ahora lo que no se hizo cuando allí se estuvo, es engañar a las gentes, por eso el pueblo se pregunta: ¿regresan por el resto? No. No más vividores; queremos gente nueva, limpia y comprometida.

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