2 de marzo de 2021
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Que retornen a casa

23 de julio de 2019
Por Jaime Jurado
Por Jaime Jurado
23 de julio de 2019

Desde 2006 se escuchan noticias sobre la participación de mercenarios colombianos en diferentes conflictos en el mundo. En ese año se supo de varios compatriotas vinculados a la empresa estadounidense Black Water, contratista del Pentágono, en la ocupación de Irak. En su momento en la revista Semana se publicó la nota “Atrapados en Bagdad” en la que se relataba el drama de algunos de ellos, reclutados por la compañía ID Systems, a los que se había prometido grandes sumas en dólares y no se les había cumplido, quienes querían salir de la capital irakí y no podían hacerlo por habérseles retenido sus pasaportes.

En un país donde todos los días un escándalo sepulta a otro la noticia sobre estos llamados eufemísticamente “soldados de fortuna” criollos no desató mayor debate. Sin embargo, no faltaron los cuestionamientos al papel del gobierno porque resultaba claro que el reclutamiento y el envío de los contratados se hacía a la luz pública y en muchos casos utilizando canales oficiales. Posteriormente, hacia 2007 el asesinato en las calles de Bogotá del capitán retirado Gonzalo Guevara, que a nombre de la compañía ID System, representante de Black Water en el país, hacía la contratación de los seleccionados, llevó a una mayor preocupación por el tema.

En medio del torbellino de noticias diarias, lo de estos colombianos “for export” pasó al olvido hasta 2011 cuando el New York Times, en nota de la que hizo eco Daniel Coronell, informó sobre el papel destacado de exmilitares colombianos al servicio de los Emiratos Árabes Unidos(EAU), nuevamente contratados por empresas estadounidenses.

Dado que en ese momento se revelaron fotografías que mostraban personal vinculado a esas actividades entrenando en instalaciones del Ejército colombiano, voceros de la institución manifestaron que no era política oficial y tanto el Ministerio de Defensa como el Fiscal de la Nación (por esas calendas Mario Iguarán) dijeron que se investigarían los hechos. Ciertamente fueron declaraciones tibias como para calmar la opinión pública ya que recordaron que Colombia no había suscrito la Convención de las Naciones Unidas contra el Reclutamiento, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de 1989 y que el caso podía manejarse en el marco del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada), instrumento legal utilizado para otra problemática y por cierto no muy efectivo, dados los numerosos abusos y la corrupción en esa área.

De esa manera se ha ocultado un hecho de la mayor gravedad que contradice la política de paz que como derecho y deber fundamental debe caracterizar a nuestro país, lo mismo que el mandato constitucional de una política exterior comprometida con la solución pacífica de los conflictos y con el respeto al derecho internacional.

El mercenarismo es un crimen internacional contra los derechos humanos que además vulnera el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es una práctica que viene desde muchos siglos atrás y que se incrementó en el siglo XX especialmente en África, siendo utilizada a menudo para apuntalar regímenes dictatoriales y para intentar frenar el proceso de liberación de varios países de ese continente que se sacudían del régimen colonial. Parecería muy ajeno a nuestro continente pero en América también se ha sentido su influencia y en la hermana Argentina todavía se recuerda el papel de los gurkas nepaleses adheridos al ejército británico en la Guerra de las Malvinas.

En las primeras décadas del nuevo milenio se ha visto este fenómeno disfrazado de “privatización de la guerra” a través de “compañías de seguridad privada” que como la mencionada Black Water que ya no se limitan a proporcionar algunos cientos de hombres a sueldo sino por contrato con la potencia ocupante se encargan de áreas enteras del territorio o de ciertas tareas de la guerra. Precisamente la masacre de 14 civiles a manos de miembros de esa corporación ocasionó protestas, tanto en el país víctima, Irak, como en los propios Estados Unidos.

A fines de 2015 Colombia volvió a acordarse de estos peculiares emigrantes al revelarse que su número en los EAU había subido a 800 y que la mitad combatían en Yemen al lado de Arabia Saudita contra el movimiento Ansarulá. La muerte de 10 de ellos puso de nuevo sobre el tapete este problema y nos mostró como un país que a la vez que enfrenta serias dificultades en el camino de la paz y la reconciliación internas, exporta guerra y violencia.

Los nuevos desarrollos del conflicto yemenita, que parece estar volviéndose contra los agresores pues no solamente han mordido el polvo sobre el terreno sino que ahora sienten contraataques de los hutíes con drones que llegan al propio territorio saudí y hasta al emiratí, han hecho retroceder a los flamantes contratantes al grado que ahora los EAU anuncian su intención de retirarse de Yemen.

Es entonces la oportunidad de oro para que estos hijos descarriados abandonen el pantano al que los llevó el afán de lucro y retornen a la patria a retomar el camino de la paz.