28 de febrero de 2021
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Elección popular de alcaldes

26 de junio de 2019
Por Víctor Julián Ramírez Betancur
Por Víctor Julián Ramírez Betancur
26 de junio de 2019

Garapullo

El 13 de marzo de 1988, bajo el gobierno del presidente Belisario Betancur y siendo Registrador Nacional del Estado Civil, el caldense Humberto de la Calle Lombana, se realizó la primera elección popular de alcaldes en Colombia, luego de la expedición del Acto Legislativo 01 del 9 de enero de 1986 que ordenó que: “Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados, Consejeros Intendenciales y Comisariales, Alcaldes y Concejales Municipales y del Distrito Especial”. En dicha elección fueron elegidos 1009 alcaldes para un periodo de dos (2) años.

Antes de esa elección, los alcaldes eran designados por los gobernadores de cada departamento. Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, el periodo de los alcaldes fue ampliado a tres (3) años; posteriormente, a través del Acto Legislativo 02 de 2002, los alcaldes pasaron a ser elegidos para periodos de cuatro (4) años, como está actualmente.

Con el presente artículo no quiero hacer un examen sobre las ventajas o desventajas de esta institución constitucional, de ello ya se ha dicho mucho en la doctrina nacional y la misma tiene sus cosas buenas y algunas no tan buenas.

Lo que me propongo es hacer un examen sobre los intereses que les asisten a quienes desean desempeñar dicho cargo.

En Colombia, hay 1103 municipios de los cuales el 88,8%, según el Departamento Nacional de Planeación, son municipios de sexta categoría, que corresponden a todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales ($12.400 millones de pesos aproximadamente).

Pues bien, según el decreto No. 1028 de 2019, el salario de un alcalde de un municipio de sexta categoría para la vigencia 2019 es de $4.054.071, menos $364.866 correspondientes al 9% de aportes a seguridad social, da como salario neto $3.689.204, sin descuento del impuesto de retención en la fuente; esa cifra al año suma $44.270.448, más las prestaciones sociales a las cuales tienen derecho los alcaldes como cualquier empleado público, más la bonificación de dirección correspondiente a 8 veces el salario que se paga anual en tres pagos iguales (30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre).

Estos valores suman aproximadamente $85.000.000 millones de pesos anuales, que por los cuatro años de gobierno, da como resultado $320.000.000 millones de pesos, aproximadamente en total que devenga un alcalde en sus cuatros años del periodo constitucional para el cual es elegido. Eso, únicamente es lo que devenga un alcalde en Colombia, porque existe un mito urbano que dice que los alcaldes tienen derecho al 10% de la contratación pública de su municipio. Mentira podrida, eso no existe y quien lo hace esta siendo corrupto.

Con esa suma de dinero, ese mismo alcalde debe subsistir para la manutención propia y de su familia los cuatros años y debe gastar, por lo menos, $100 o $150 millones de pesos para la campaña de su elección y aún así, muchos de ellos salen con casa, carro, finca y dinero para sostenerse un tiempo prudente mientras se ubican laboralmente.

Pero si se fijaron, el presupuesto anual para un municipio de sexta categoría, sin contar los recursos propios, es de 12.400 millones de pesos, más lo recursos de cofinanciación y demás. Significa que en los cuatro años de mandato un alcalde de un municipio de sexta categoría puede manejar aproximadamente $65.000 millones de pesos. Ahí, pienso yo, está el quid del asunto.

Por eso es común ver que un cargo regularmente remunerado es ampliamente codiciado por quienes se precian de ser dirigentes políticos y es común ver cómo cada cuatro años quien termina su periodo ya tiene abonado el terreno para un cuñado, un pariente lejano que no esté incurso en causal de inhabilidad o cuando menos, una persona ajena a la familia, pero de confianza del gamonal criollo, vaya a ocupar en su nombre el cargo de alcalde.

Por eso, es común ver que estos “dirigentes” manejan el erario de los municipios como la caja menor para satisfacer sus antojos personales o es común ver que quienes ya desempeñaron el cargo del alcalde, quieran una y otra vez volver a hacerse elegir bien sea en cuerpo propio o en cuerpo ajeno.

Y lo peor, es que el panorama cada vez es más incierto porque la gente de bien y con capacidad para un manejo transparente y ético de los recursos públicos no quiere comprometerse y los que elegimos siempre elegimos a los mismos con las mismas.

Los principios participativo y democrático de nuestra Constitución Política están en nuestras manos, debemos hacer uso de ellos a conciencia, eligiendo a quién en verdad se merezca nuestro voto.

Pero más importante de eso, es que cada ciudadano se convierta en un auditor o guarda de los recursos públicos de su municipio, a través de los mecanismos que nos da la misma Constitución, el más común, el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 constitucional.

Menuda responsabilidad la que nos asiste como ciudadanos.

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