¿De qué lado están las Cortes?

El Poder Público en Colombia está conformado por  tres ramas: Ejecutiva,  Legislativa y Judicial. El Ejecutivo está representado por el Presidente de la Republica que hace las veces de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. El Legislativo, por el Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes) y el Judicial por la Fiscalía General de la Nación y las Altas Cortes: La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Cada uno de estos poderes cuenta con funciones propias y autónomas debiendo trabajar de manera armónica y coordinada para garantizar el buen funcionamiento del Estado y la preservación del equilibrio de las distintas fuerzas. Luego, el principio de colaboración armónica de los poderes, es uno de los pilares sobre el cual está fundado el Estado Social de Derecho. Lo que los colombianos todos venimos observando en los últimos tiempos, es todo lo contrario; un permanente “choque de trenes”, que no es más que la intromisión indebida entre  ellas, de sus funciones y responsabilidades y, peor aún, el cambio inesperado de sus fallos o sentencias (como queriendo acomodar las pretensiones personales de los magistrados al momento requerido). Díganlo o no el cambio jurisprudencial en los casos de Aída Merlano y Santrich, en dónde en el primero, a la senadora Merlano la Corte no le protegió el fuero por no estar posesionada y, en el segundo, ordena la libertad de Santrich, pues para este, la sola elección declarada por el Consejo Nacional Electoral, era suficiente para obtener la calidad de aforado. Es claro, como dice la Constitución (art. 235), que es atribución de la Corte “investigar y juzgar a los miembros del Congreso”, y es en ese sentido que los congresistas, como “miembros del Congreso”, es decir, posesionados, adquirían el fuero de que habla el artículo 186. Igual, la Corte Constitucional tumba, en nombre del derecho al  libre desarrollo de la personalidad, la prohibición general de beber licor y consumir drogas en parques públicos, anulando apartes del Código Nacional de Policía, que sancionaba estas acciones. Difícil, supremamente difícil, es para un gobernante cumplir a cabalidad con el país, cuando las otras ramas del poder público funcionan y actúan en contravía, cambiando al vaivén de sus caprichos y afanes politiqueros la normatividad existente. Por esta perniciosa costumbre que ya está haciendo carrera entre las Cortes y la aberrante corrupción que ha dado paso a un nuevo cartel, cual es el de los togados, Colombia se precipita al abismo de su desgracia. Ya lo había advertido Álvaro Gómez Hurtado quien en un editorial del periódico El Siglo, hace 27 años dijera: “Pareciera que en Colombia la justicia se hubiese pasado al bando de los criminales”. Si esa era su percepción hace 27 años, ¿qué pudiera decir hoy, en el supuesto de que aún viviera? Lo cierto es que la falta de justicia genera ingobernabilidad, socaba la economía y lo más grave aún, distancia al pueblo de sus gobernantes al perder la credibilidad.

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