19 de mayo de 2019
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!Urgente: reforma a las contralorías¡

Abogado, analista y columnista de opinión en El Espectador, Revista Semana y Eje 21.
16 de mayo de 2019
Por Uriel Ortíz Soto
Por Uriel Ortíz Soto
Abogado, analista y columnista de opinión en El Espectador, Revista Semana y Eje 21.
16 de mayo de 2019

Comunidad y Desarrollo

El País está asfixiado de organismos de control, sin embargo, la corrupción se campea como pedro por su casa por todas las dependencias del Estado. Es verdaderamente vergonzoso que todos los días se denuncien hechos de corrupción en varias entidades y finalmente nada pasa.

Pareciera que robar en las entidades del Estado, es el mejor negocio para los corruptos, puesto que todos aplican la figura del: CVY, cómo voy yo, donde comen toda una parafernalia de personajes corruptos de la vida nacional, regional y municipal y el pacífico ciudadano beneficiario de estas entidades, tiene que aguantarse los incumplimientos a que los someten los contratistas corruptos.

Si queremos luchar decididamente contra la corrupción, se requiere de una reforma técnica y profunda de las contralorías, especialmente: las regionales y municipales; pero, también hay que poner en cintura a los organismos de control interno de los: ministerios, organismos descentralizados, gobernaciones y alcaldías; son toda una redundancia, donde muchas veces sus funciones chocan con la de los verdaderos entes de control.

Por norma constitucional, las contralorías tienen como función específica la de auditar y vigilar, porque los dineros del Estado cumplan su verdadera función social, pero, lamentablemente muchas veces actúan como ruedas sueltas, puesto que se consideran prepotentes e inamovibles, especialmente en las regiones apartadas donde se encuentran funcionando.

Lamentablemente, muchas de ellas del nivel regional y municipal, se han convertido, cuando no en verdaderos instrumentos políticos, es que son focos de corrupción, por donde se esfuman los recursos para obras de desarrollo comunitario, si se hace una investigación sobre las obras abandonadas o inconclusas producto de la falta de control fiscal, el País quedaría aterrado y compungido, al ver cómo los impuestos que pagan los ciudadanos se despilfarran inmisericordemente.

Si levantamos un inventario de obras que se encuentran inconclusas o paralizadas, por falta de eficiencia en el control fiscal que corresponde a las contralorías, son muchas las que se rajan y cientos los funcionarios que irían a las cárceles por confabularse con la corrupción.

Son cientos, las obras inconclusas o elefantes blancos, que no han podido entrar a cumplir con su función, puesto que los auditores o contralores encargados por ley, de su vigilancia y control, entraron a confabularse con la corrupción o componendas politiqueras.

Uno de los casos más vergonzosos es el de los: PAE, programas de alimentación escolar para los niños de las diferentes escuelas del País, de las áreas urbanas y rurales, que se han esfumado por los laberintos de la corrupción, todo por falta de eficiencia de control fiscal, de donde se originan los contratos amañados.

Son muchos los contratistas que se han enriquecido a costa del hambre y las necesidades de los niños que estudian, puesto que se apoderan del presupuesto asignado, muchas veces en licitaciones espurias, sin ninguna garantía para el cumplimiento de los contratos adjudicados.

Pero qué decir también de las obras de infraestructura: puentes, carreteras, acueductos y alcantarillados, entre otras obras, que se han convertido en verdaderos monumentos a la corrupción y a la impunidad, puesto que los organismos de control muchas veces se confabulan con los contratistas de turno deshonestos.

En consecuencia, es bienvenido el proyecto de ley que busca reformar las contralorías, tanto del nivel nacional como regionales y municipales, puesto que muchas no están cumpliendo con las funciones de control fiscal.

Casi que podríamos decir, que estos organismos del nivel regional y municipal, deberían desaparecer, para dar paso a las llamadas veedurías ciudadanas, que últimamente y ante tantos hechos de corrupción, se están convirtiendo en verdaderos entes fiscalizadores, a unos costos ínfimos para el Estado, puesto que están conformadas por ciudadanos comprometidos en obras que les incumbe para cada caso en particular.

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