19 de octubre de 2019
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¿Por qué siguen asesinando a los líderes sociales?

20 de mayo de 2019
Por Albeiro Valencia Llano
Por Albeiro Valencia Llano
20 de mayo de 2019

Este 18 de mayo el periódico The New York Times publicó un artículo donde denuncia que, el comandante del Ejército de Colombia “habría dado la orden a sus tropas de duplicar el número de criminales y guerrilleros dados de baja o capturados, e incluso hasta aceptar un incremento en la muerte de civiles si eso ayudaba a conseguir los objetivos en el campo de batalla”. Esto disparó las alarmas por un posible regreso de los “falsos positivos”, una de las páginas más crueles de nuestra historia reciente.

Las cifras son escalofriantes. El año pasado fueron asesinadas en Colombia 12.575 personas y desplazadas más de 72.000. Las cifras son escalofriantes: desde enero de 2016 han sido asesinados 462 líderes sociales y defensores de derechos humanos; y de acuerdo con un informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, han sido asesinados un poco más de 100 excombatientes de las FARC, desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016.

Las víctimas son personas que reclaman la tierra arrebatada, luchan contra los cultivos ilícitos en su territorio, se oponen a la minería ilegal, a la destrucción del medio ambiente y a que sus pueblos se conviertan en ruta del contrabando. Están a merced de las bandas que protegen las economías ilegales, de las disidencias de las FARC y del ELN, de los nuevos paramilitares a órdenes de las mafias organizadas y que son conocidas con los nombres de Urabeños, Águilas Negras, Rastrojos, Libertados del Vichada, Autodefensas Gaitanistas (AGC), Ejército Antirrestitución de Tierras y otros más. Todos estos grupos se ganaron la lotería cuando las FARC se retiraron de los territorios para concentrarse e iniciar el desarme. Frente al abandono de Estado llegaron los nuevos destacamentos  para limpiar el terreno y preparar la llegada de las mafias con sus proyectos empresariales; así se entiende el aumento de los cultivos ilícitos, el asesinato de los líderes sociales y el desplazamiento de campesinos.

El nuevo mapa de la guerra

En los últimos dos años el conflicto se viene aclimatando en las regiones tradicionales y están echando raíces en nuevas zonas. Salieron las FARC y llegaron múltiples actores para controlar las economías ilegales; mientras tanto los organismos de seguridad se quedaron quietos. Según las autoridades las organizaciones criminales hacen presencia en 354 municipios, de las siguientes regiones (El Espectador, 28 de abril, 2019):

Bajo Cauca. Integrado por Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Tarazá Y Zaragoza. Aquí hacen presencia cinco organizaciones enfrentadas por los cultivos ilícitos y por la minería ilegal; en un bando están el ELN y las disidencias de las FARC, y en el otro, grupos criminales como las AGC, los Caparrapos y los Pachelly. Mantienen una disputa entre ellos, por el control de los corredores para el narcotráfico.

Corredor Central.  Conformado por 25 municipios de Meta, Caquetá y Guaviare. La región se caracteriza por el crecimiento de los cultivos ilícitos; el territorio se lo pelean las AGC, los Puntilleros y unas pequeñas organizaciones para controlar el narcotráfico entre Venezuela y Brasil.

Suroccidente. La integran 67 poblaciones de Valle del Cauca, Nariño y Cauca; es la zona más convulsionada del país, porque aquí están presentes las AGC, la Cordillera, La Empresa y los Rastrojos, que se enfrentan al ELN, al EPL y a disidencias de las FARC. Entre los años 2012 y 2018 cometieron 19.692 asesinatos y realizaron 439 actos terroristas. En la región hay 51.827 hectáreas de cultivos ilícitos, las bandas obligaron al desplazamiento de unas 20.000 personas y en los dos últimos años asesinaron a 58 líderes sociales. Pero han venido apareciendo nuevas organizaciones como las Guerrillas Unidas del Pacífico y el Frente Óliver Sinisterra.

Catatumbo. Integrada por varios municipios de Norte de Santander y Cesar, con presencia de Rastrojos, AGC y disidencias de las FARC; en la región hay cultivos por 29.000 hectáreas de coca y los favorece el control de la frontera con Venezuela. Entre todos han producido el desplazamiento de unas 16.000 personas en los últimos años.

Urabá Antioqueño y Chocó. Está conformado por Mutatá, Turbo, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Arboletes, San Pedro y San Juan de Urabá (Antioquia), además de San José del Palmar, Juradó, Acandí, Quibdó, Bahía Solano, Istmina, Carmen del Darién, Nóvita, Unguía, Sipí, Riosucio y Nuquí (Chocó). De acuerdo con las autoridades en la zona se tienen identificadas 2.000 hectáreas con cultivos ilícitos y la presencia de ELN y AGC. Es un territorio ideal para los grupos ilegales por la cercanía de la frontera con Panamá y la salida al mar; pero, además, por aquí se mueve el tráfico de armas, de drogas y de migrantes que vienen de África, Asia, Cuba o Haití, rumbo a Estados Unidos.

Putumayo. En este departamento hubo un reacomodo de los grupos de narcotraficantes. Según las autoridades hay 30,000 hectáreas de cultivos ilícitos, controlados o disputados por AGC, Los Caqueteños (dedicados al tráfico de marihuana), la Constru (que controla desde Puerto Caicedo a Puerto Asís) y las disidencias de las FARC. Los favorece la ubicación en la frontera con Ecuador.

La vena rota del proceso de paz

En ese mapa de la guerra, en un país sin posconflicto, el asesinato de líderes sociales es pan de cada día. Los nuevos crímenes estremecen a medio país y a la comunidad internacional. Veamos dos casos emblemáticos:

Aquileo Mecheche: era el rector del colegio de la vereda El Jagual y líder del pueblo embera dóbida de la cuenca del río Truandó, en el resguardo de Jagual Chintadó, en Riosucio, Chocó; el pasado mes de marzo los paramilitares de las AGC intentaron asesinarlo, sin embargo, lo protegieron los guardias indígenas, con sus bastones de mando. Pensando en salvar su vida se refugió en el casco urbano de Riosucio, confiado en la abundante presencia de la fuerza pública en el lugar. Pero el 12 de abril un sicario de la AGC le disparó en la cabeza, cuando estaba en un pequeño bar en el parque, detrás de la iglesia; el criminal salió tranquilo, lo recogió otro sicario en su moto y se perdieron en las pequeñas calles del pueblo.

La ejecución de Dimar Torres: el pasado 22 de abril el cabo del ejército Daniel Eduardo Gómez ultimó de cuatro balazos a este exguerrillero, de la vereda de Campo Alegre. Unos 30 campesinos escucharon los disparos y se dirigieron hacia Carrizal, cerca de la base Sinaí del Ejército, donde encontraron al cabo en compañía de un soldado; eran las 7:30 de la noche cuando hallaron el cadáver de Dimar, junto a un foso en forma de tumba. Los videos grabados por los campesinos se tomaron las redes sociales, las Fuerzas Militares guardaban silencio y el día 24 el ministro de Defensa, Guillermo Botero, entregó las primeras declaraciones, que dejaron muchas dudas, sobre la actuación del cabo Gómez. Para la opinión pública este crimen lo quisieron tapar con tierra ¿Por qué lo mataron?

El atentado contra Francia Márquez

El sábado 4 de mayo estaban reunidos en la vereda Lomitos, de Santander de Quilichao, varios líderes sociales, cuando irrumpieron tres hombres armados y abrieron fuego. Sobre este hecho envió el siguiente mensaje la lideresa Francia Elena Márquez Mina:

“Hola, buenas tardes, habla Francia Márquez. Les escribo porque hace más o menos media hora estábamos en una reunión y llegaron unas personas armadas […], empezaron a disparar y tiraron una granada. A nosotros no nos pasó nada, gracias a Dios, pero tenemos a uno de mis escoltas y otro compañero heridos”.

El atentado causó conmoción porque Francia fue ganadora, en 2018, del Premio Goldman, considerado el nobel del medio ambiente; además las personas reunidas eran miembros de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, quienes estaban discutiendo las peticiones al Gobierno en el marco de la minga nacional. Se salvaron gracias a los esquemas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, quienes evitaron una masacre.

Por último, siguen los asesinatos de líderes sociales y el Estado no tiene cómo evitar más muertes porque, de acuerdo con el ministro de Defensa, hay cinco mil líderes con protección. Según el artículo publicado por The New York Times, “algunos oficiales han dicho que se los instruyó a que bajaran sus estándares en cuanto a la protección de civiles y que eso ya se ha prestado para muertes sospechosas e innecesarias”.