27 de febrero de 2021
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El Caso Santrich

20 de mayo de 2019
Por Alberto Zuluaga Trujillo
Por Alberto Zuluaga Trujillo
20 de mayo de 2019

El acuerdo de paz firmado entre el gobierno Santos y la guerrilla de las Farc, en cuanto tiene que ver con la reincidencia de los desmovilizados es absolutamente claro y no se presta de manera alguna a caprichosas interpretaciones. La reincidencia criminal de los integrantes que se acogieran a sus beneficios, después del 1º de diciembre de 2016, no sería cobijada por la Justicia Especial para la Paz, sino que pasaría a conocimiento de la justicia ordinaria. Durante los cuatro años que duraron las negociaciones en La Habana, esta máxima de negociación siempre se mantuvo, existiendo conciencia de lado y lado de que los amplios beneficios políticos, jurídicos, económicos y sociales que se otorgarían a los subversivos que dejaran las armas no serían ilimitados antes, por el contrario, señalaba de manera inequívoca  la fecha del 1º de diciembre de 2016, como punto de partida para que, quienes se acogieran, tuviesen claro que a partir de la misma quien volviese a delinquir perdería la totalidad de sus beneficios. La categórica afirmación hecha por De la Calle ante el señalamiento incendiario de Uribe de que en La Habana se pactó un cogobierno con el narcotráfico, hace hincapié en que los compromisos pactados y firmados en la isla obligan a los exmiembros de las Farc a romper todo vínculo con esa actividad criminal. A su juicio, la decisión que tomó la JEP de ordenar la inmediata libertad de Santrich, contrasta con las afirmaciones hechas por el Fiscal al momento de su detención, al aseverar que su despacho tenía contundentes pruebas que lo incriminaban, razón para no entender que, en vez de renunciar, no haya procedido ipso facto a abrirle la investigación correspondiente. Algo más, su renuncia fue precipitada pues debió, a más  de iniciar la investigación con las pruebas que decía tener, esperar el desarrollo de la apelación anunciada por la Procuraduría. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Fernando García, frente a la renuncia de Néstor Humberto Martínez dijo: “A las coyunturas difíciles no se les enfrenta con soluciones apresuradas. Hay que actuar rápido, pero no perder la cordura. Ni la cooperación judicial internacional ni la extradición se acaban de un día para otro. Como tampoco el sistema judicial colapsa por decisiones particulares de algunos jueces”. La verdad de su renuncia fue el peso de la culpa de Odebrech. La decisión de la JEP fue la disculpa servida para dar la sensación de salir por la puerta grande, cuando en realidad salió por la de atrás. Entre tanto, la JEP le dio la razón al Centro Democrático y a los enemigos del proceso de paz cuando afirman que, su afán, no es el de proteger a las innumerables víctimas del conflicto sino a los asesinos de las Farc. El detalle señalado por un radioescucha de Julio Sánchez Cristo en la Doble W de Caracol, de que  el video en que se ve a Marlon Marín con una chaqueta de la Selección Colombia, cuyo diseño fue lanzado en el 2017, sería la prueba reina que no quiso ver la JEP.

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