13 de mayo de 2021
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Democracia y leyes

6 de mayo de 2019
Por Hernando Arango Monedero
Por Hernando Arango Monedero
6 de mayo de 2019

Las últimas semanas han tenido decisiones judiciales discutidas que se resumen en dos eventos que, para algunos, son definitivos para la democracia en Colombia, como quiera que dos representativos ciudadanos de la oposición han visto frustradas sus aspiraciones de continuar ejerciendo en sus curules en el Senado uno, y la otra en la Cámara de Representantes.

Desde luego que para sus seguidores estos han sido golpes duros, razón por la cual tratan de endilgar la responsabilidad de tales decisiones a la justicia colombiana y se le agregan calificativos como que, con tales fallos, se está asestando un duro golpe a la democracia y que, los mismos, buscan acabar con los partidos de oposición y darle un golpe al recientemente estrenado estatuto de la oposición, estatuto que esperaban estos grupos desde la Constitución de 1.991.

Los argumentos para defender las curules en cuestión han sido muy variados, usualmente amparados en el desconocimiento de las normas que se han aplicado y que dan sustento a las determinaciones tomadas por el Consejo de Estado.   En el caso de Antanas Mockus, se busca establecer que sobre su caso ya hubo un fallo anterior que desestimaba el que la inscripción de su candidatura al Congreso hubiera carecido de validez. El fallo posterior considera que Mockus, en su calidad de representante legal de una corporación, había contratado con el Estado dentro del período previo a las elecciones y que por tal razón estaba inhabilitado o impedido para ser elegido. Desde luego que sus partidarios alegan que no fue él quien contrató y que tal función fue cumplida por un dependiente en quién él delegó tal atribución. Se olvida que la ley es clara al disponer que ni directa o indirectamente se puede contratar dentro de ese lapso de 6 meses antes de la elección. Otros, consideran que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho, cosa que consideran ha sucedido con Mockus, dado que hubo un fallo previo sobre su inscripción, fallo que no la consideró fallida. Esta discusión se encuentra en trámite, ya que una acción de tutela busca que se considere tal argumento para su caso. Por supuesto, se ha hablado de la bondad del proceder de Antanas, quién manifiesta que no hubo de su parte interés de actuar con mala o perversa intención. Que todo ha sido de buena fe. Sea lo que fuere y sin importar el sentido del fallo de la tutela en estudio, los colombianos tenemos que saber que la ignorancia de la ley no nos sirve de excusa y que tal argumento carece de sentido, máxime, en quién es una persona avisada o enterada del devenir ciudadano en estas lides, tal y como es el caso de Antanas Mockus.

El caso de Ángela Robledo tiene fundamento también en la ley según el Concejo de Estado, como quiera que las disposiciones legales establecen que, las personas que detenten cargo de elección popular, para poder aspirar a cargos de elección popular por un partido diferente a aquel en el que militan, deben renunciar al partido inicial al menos un año antes, so pena de incurrir en doble militancia. Pues se alega que Ángela fungía como Representante a la Cámara por el partido Verde y pasó a aspirar a la Vicepresidencia de la República con Gustavo Petro. No   obstante ser esta la razón fundamental de la decisión tomada por el Consejo de Estado, según tengo entendido, y no siendo Ángela persona de mi agrado, considero que la tal disposición no es posible adjudicarla al caso singular de ella, dado que el grupo político que comandó Petro en la carrera presidencial, fue una coalición de grupos políticos, entre ellos el Partido Verde, el Polo Democrático y otros más. Eso que comandó Petro no obtuvo personería jurídica precisamente por ello, porque por más votos que hubiera obtenido, no podía predicarse que fuera en grupo monolítico, sino la conjunción de partidos que conformaron la llamada Colombia Humana. De allí que, personalmente, crea que Ángela Robledo figuró allí a nombre de su partido, el Partido Verde, del que era Representante a la Cámara.

Finalmente, quienes creen que las decisiones judiciales tomadas en los días pasados son un atentado a la democracia, por el contrario deben entender que son una expresión de la democracia, gracias a la cual los afectados han podido elevar sendas Tutelas en procura de defender sus derechos. Cosa diferente es lo que en los vecindarios vemos, en donde las posibilidades de interponer recursos se ven truncas por la parcialización de los tribunales y las decisiones ajustadas a privilegiar el gusto del dictador que a honrar el Derecho y la Justicia.

Manizales, mayo 6 de 2019.