12 de mayo de 2021
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Adefesio jurídico

1 de mayo de 2019
Por Víctor Julián Ramírez Betancur
Por Víctor Julián Ramírez Betancur
1 de mayo de 2019

Garapullo

El acto legislativo 2 de 2015, adicionó un inciso nuevo al artículo 112 de la Constitución Política, así:

“El candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el cargo de presidente y vicepresidente de la República, gobernador, alcalde distrital y municipal tendrá el derecho personal a ocupar una curul en el senado, cámara de representantes, asamblea, concejo distrital y municipal, respectivamente, durante el período de la correspondiente corporación”.

Con base en esta norma, el Consejo Nacional Electoral declaró el derecho personal de Gustavo Petro y de Ángela María Robledo a ocupar la curul en la cámara respectiva, derecho adquirido luego de los resultados obtenidos en la elección de presidente de la República, en la cual obtuvieron la segunda mayor votación.

Ante tal declaración del derecho adquirido, no faltó quién demandara, a través del medio de control de acción de nulidad electoral, el derecho de Ángela María Robledo a ocupar una curul en la Cámara de Representantes que, dicho sea de paso, es un curul adicional a las de las circunscripciones territoriales, indígena y a las otorgadas a las Farc en el proceso de paz del presidente Santos y, en ese sentido, no se le aplica el sistema de cifra repartidora para su asignación.

Como vemos, el derecho a ocupar una curul en la cámara baja, no fue una elección, sino un derecho adquirido, otorgado a la oposición mediante reforma constitucional y reglamentado a través de una ley estatutaria. Por lo tanto, en el proceso de nulidad electoral en contra de la representante Robledo, existió una incongruencia de tal magnitud que llevó a la vulneración flagrante de los derechos políticos de la accionada y de sus electores. Y esto es así, por las siguientes razones:

Ángela María Robledo participó en la elección presidencial como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro con el respaldo ciudadano del grupo significativo de ciudadanos “Colombia Humana”, pero en dicha elección resultó electa la fórmula conformada por Iván Duque y Martha Lucía Ramírez, luego, no puede demandarse por el medio de control de nulidad electoral a quien no fue electo, es decir, no hay legitimación en la causa por activa.

Ahora bien, puede ser cierto que, en aplicación del artículo 2 de la ley 1475 de 2011, por la cual se adoptaron reglas de organización y funcionamiento de los partidos políticos, la ciudadana Robledo haya incurrido en doble militancia porque se inscribió como fórmula vicepresidencial de Petro el mismo día que renunció al partido Verde, pero es que resulta que esa prohibición es aplicable para quien resulte electo y no para la persona a quien se le declare un derecho adquirido, como es el caso de la señora Robledo.

Por lo tanto, en la acción de nulidad electoral la sección quinta del Consejo de Estado debió darle aplicación al artículo 271 del CPACA y remitir a la sala plena de la Corporación el proceso, por tratarse de una decisión de importancia jurídica, con el fin de sentar jurisprudencia al respecto, por tratarse de la aplicación de unas normas nuevas.

Otra razón por la cual el proceso debió tramitarse en sala plena del C.E, es que era un caso difícil, pues existían lagunas jurídicas, como el tipo de proceso por el cual debía tramitarse la controversia jurídica, toda vez que no se trataba de una elección, sino del reconocimiento de un derecho político y, en ese sentido, era necesario resolver dichas lagunas con la aplicación de principios generales del derecho.

Por tratarse del reconocimiento de un derecho y no de una elección, la controversia debió haberse tramitado como un proceso de simple nulidad del acto administrativo que declaró el derecho y haberle aplicado el principio pro-homine, el cual establece que toda autoridad perteneciente al poder judicial, legislativo o ejecutivo debe aplicar la norma o la interpretación más favorable a la persona o a la comunidad, en toda emisión de actos, resoluciones o normas que traten o en que se considere la protección o la limitación de derechos humanos, la cual debe ser la más amplia en el primer caso o la menos restrictiva, en el segundo y el derecho a la oposición en el sistema democrático está catalogado como un derecho humano, pues se trata de un derecho político.

Por eso, la sentencia judicial es un adefesio jurídico, pues con ella, la sección quinta del Consejo de Estado arrasó de tajo el derecho a la oposición a ocupar una curul en la cámara baja.

Coleta: Ayer, 30 de abril, se cumplieron 30 años del vil atentado del que fue víctima el defensor de derechos humanos de Palestina Caldas, Libardo Antonio Rengifo Vargas, que acabó con su vida dos días después (2 de mayo de 1989). Fue Libardo Antonio Rengifo Vargas un hombre culto, formado como profesional en filosofía y letras de la Universidad de Caldas y en derecho internacional en la antigua Unión Soviética que luchó en sus escasos 29 años de vida, por los derechos de los menos favorecidos, aún antes de la Constitucion Política de 1991. Ferviente militante de la Unión Patriótica, férreo opositor de la combinación de las formas de lucha. Calmado, rumiador de sus ideas, de personalidad apacible, serio, recio, lector empedernido, culto. ¡Paz en su tumba!

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