20 de julio de 2019
Aguas de Manizales. Banner julio de 2019.

Navegando en medio de la tormenta

1 de abril de 2019
Por Albeiro Valencia Llano
Por Albeiro Valencia Llano
1 de abril de 2019

Como estaba previsto al presidente Duque se le está acabando la capacidad de maniobra política y se queda sin oxígeno, y apenas lleva 238 días frente al Estado. Según la última  encuesta Gallup Poll, de comienzos de marzo, el 64% de los encuestados consideraba que las cosas en el país estaban empeorando; un mes después el orden público está grave ¿Por qué se llegó a esta situación? Es que  Duque ha venido haciendo una serie de jugadas peligrosas que ayudan a dividir más el país, pero se olvida de lo que se está madurando en las regiones. Además de las movilizaciones de la Minga Social por la Defensa de la Vida, que cada día tienen más fuerza, se anuncian los siguientes hechos: una movilización convocada por la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana; la preparación de otra gran movilización del sector agropecuario, por parte de Dignidad Cafetera; FECODE reclama el derecho a la salud digna y de calidad, para los docentes y sus familias y rechaza el Plan Nacional de Desarrollo, “que asfixia la educación porque no aumenta el presupuesto, ni garantiza los ascensos”; movilizaciones contra las amenazas y crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y por el incumplimiento en los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Todo esto en un año electoral y mientras tanto el Gobierno y los medios de comunicación nos plantearon la defensa de Venezuela y ahora Duque nos puso a mirar a PROSUR, la nueva organización de integración para reemplazar a UNASUR, que estaba controlada por Chávez y Maduro.

Los reparos a la JEP

Como si lo anterior fuera poco el presidente Duque hizo una peligrosa jugada cuando objetó seis de los 159 artículos de la ley Estatutaria de la JEP. En ese momento empezó la fiesta, porque fue creciendo la polarización. Dicen que el punto de la justicia fue el más discutido en La Habana; tardó dos años, y el enfrentamiento entre Sergio Jaramillo e Iván Márquez se caracterizó por lo virulento. El negociador del Gobierno exigía que los guerrilleros entregaran las armas y fueran a la cárcel, a lo que respondió Márquez que “nos vamos, pero con unos cuantos generales, cacaos y expresidentes […] Todos en la cama o todos en el suelo. Esto es una negociación y no una rendición”.

En una entrevista con Alfredo Molano Jimeno dijo Sergio Jaramillo que “Están echando al sifón la institucionalidad y ya sabemos eso a dónde llega”. Y añadió, en forma contundente, que no se trata simplemente de seis “objecioncitas”, como nos han hecho creer: “Estamos ante un desacato presidencial de un fallo de la Corte Constitucional, un desconocimiento del tribunal de cierre. Una barbaridad. Ni siquiera Álvaro Uribe de presidente se atrevió a hacer eso. Imagínese: hoy es la JEP y mañana el presidente se brinca cualquier otro fallo de la Corte cuando le parezca ‘inconveniente’. Me pregunto si a los empresarios les llama la atención vivir en un país con ese nivel de inestabilidad y, francamente de arbitrariedad” (El Espectador, 17 de marzo, 2019).

El enredo se convirtió en tormenta y la comunidad internacional se preocupó, porque consideró que el Gobierno quería hacer trizas la paz y hacerle “conejo” a la guerrilla desmovilizada. Recordemos que todos los organismos de Naciones Unidas han respaldado el acuerdo de paz negociado por el anterior Gobierno y lo han apoyado enviando funcionarios para que verifiquen sobre el terreno. Pero los más preocupados son los guerrilleros, porque entregaron las armas y anunciaron que la guerra había terminado; sobre este espinoso asunto muchos recuerdan las advertencias de Manuel Marulanda, quien les decía “que no se desarmaran hasta estar seguros de que el Estado les cumpliría”. Siguen las dudas de los desmovilizados porque no hay claridad sobre los programas de reinserción y, ahora, sobre la seguridad jurídica.

En este punto la ONU pidió promulgar la estatutaria de la JEP, “que la Jurisdicción Especial para la Paz disponga de todos los instrumentos políticos y prácticos necesarios para su eficaz funcionamiento, en condiciones de independencia y autonomía”.

Avanza la Minga

Este movimiento cada día toma más fuerza y se está convirtiendo en una bomba social. Mientras el Gobierno exige levantar los bloqueos y suspender las vías de hecho, los dirigentes de la minga multiplican las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y en torno a la infiltración de la protesta por parte de agentes del Estado. Hoy el movimiento se fortalece por el respaldo de otras organizaciones sociales, como los Consejos Indígenas de Huila y Caldas, el apoyo de FENSUAGRO y de la Coordinación Nacional Agraria.

Además, detrás de la minga está el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), considerada la organización comunitaria más importante del país. La clave de su fuerza radica en que alrededor de la lucha por la tierra se incorporan las reivindicaciones políticas, económicas y culturales, la educación y los derechos humanos. El CRIC agrupa 126 cabildos y 11 asociaciones de cabildos de 10 pueblos indígenas, y se hacen escuchar además por medio de las vías de hecho; la guardia indígena es la fuerza de choque de la organización. Por todo esto el presidente Duque tendrá que concertar un paquete de acuerdos, como lo hicieron Santos y Uribe.

Las pérdidas por los bloqueos superaron los 20 mil millones de pesos; los dirigentes del CRIC invitaron a Duque a una nueva mesa de diálogos en El Pital, Cajibío, pero esta propuesta no fue aceptada. Las negociaciones no avanzan y, mientras tanto, se preparan movilizaciones de otros sectores y de organizaciones indígenas en Valle, Antioquia, Tolima, Huila, Norte de Santander, Arauca y Boyacá. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) plantea sumarse a la minga por medio de protestas en corredores estratégicos como la Troncal del Caribe y la vía Cali – Buenaventura.

La andanada de Trump

Definitivamente el presidente Duque tiene el “Cristo de espaldas”, porque después del frente común que armó con Trump y con el grupo de Lima contra el régimen de Venezuela, apenas Maduro se atornilló en el poder, el presidente de Estados Unidos pasó factura por el incremento de los cultivos ilícitos en nuestro país: “Colombia tiene un nuevo Presidente; muy buen tipo, lo conocí, lo tuve en la Casa Blanca, y dijo que haría cosas por frenar el flujo de drogas. Pero ahora están llegando más drogas que antes de que fuera presidente. No ha hecho nada por nosotros”. Un comentario destemplado, propio del carácter de Trump, quien usó a Duque contra Maduro, pero ya no lo necesita.