28 de marzo de 2024

Capturado a su regreso Llega deportado a Colombia exjefe seguridad Uribe tras cumplir pena en EE.UU.

29 de abril de 2019
29 de abril de 2019
Mauricio Santoyo. Twitter @pachman80

Bogotá, 30 abr (EFE).- El general colombiano en retiro Mauricio Santoyo, que fue jefe de seguridad de la Presidencia durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010), llegó a Bogotá este lunes deportado de Estados Unidos, donde cumplió una condena de poco más de seis años por narcotráfico.

Así lo informó Migración Colombia, que detalló en un comunicado que Santoyo, que fue general de la Policía, llegó en un vuelo junto a 100 deportados más de EE.UU., entre los que estaba el abogado Leonardo Pinilla Gómez, acusado de negociar un soborno con el exgobernador del departamento de Córdoba (norte) Alejandro Lyons para favorecerlo en un proceso judicial.

La entidad agregó que dejó a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) a Santoyo, quien tiene una orden de captura por los delitos de «concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada».

Según la Fiscalía, Santoyo «deberá permanecer recluido en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones en su contra» por las desapariciones de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, quienes eran integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes) cuando el hoy general retirado era director del Gaula Rural de la Policía.

El Gaula es una unidad especial que se ocupa de la lucha contra el secuestro y la extorsión.

«Las víctimas en este caso (…) fueron reportadas como desaparecidas el 6 de octubre de 2000, en un sitio público conocido La Playa, en el centro de Medellín (Antioquia). Exintegrantes de grupos de autodefensa se atribuyeron estos hechos y revelaron que habrían actuado en complicidad con integrantes del entonces Gaula Rural de la Policía», añadió la información.

Por otra parte, Santoyo admitió en 2012 «haber cometido errores» de los que se arrepentía y se declaró culpable de haber colaborado con actividades de narcotráfico así como de haber apoyado a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas en 2006 tras llegar a un acuerdo con el Gobierno de Uribe.

Durante el proceso, Santoyo admitió haber aceptado sobornos de miembros de las AUC a cambio de información y otros tipos de asistencia, que permitieron a esta organización armada participar en actos terroristas y en el tráfico de estupefacientes.

Además, el general retirado reconoció haber informado a los miembros de las AUC de las detenciones previstas por los cuerpos de seguridad, incluyendo las operaciones de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, en inglés), así como de la realización de escuchas telefónicas no autorizadas, entre otras actividades.

Santoyo se había entregado a agentes estadounidenses en la oficina de la DEA en Colombia el 3 de julio de 2012 y ese mismo día fue trasladado al aeropuerto internacional Dulles, a las afueras de Washington.

Entre tanto, Pinilla, alias «Porcino» quien fue puesto a disposición de la Policía por «el delito de concusión», había sido extraditado a EE.UU. el año pasado y tenía que comparecer ante un tribunal del Distrito Sur de la Florida por concierto para delinquir, fraude y lavado de dinero.

Migración Colombia detalló que del grupo de deportados también quedaron a disposición de las autoridades Roosevelt Camacho Ariza y Ariel Revollo Balseiro por «hurto calificado y agravado, y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, respectivamente».

Mientras que, tras cumplir su pena en EE.UU., quedó libre Juan Carlos Ramírez Taborda, alias «Manicomio», quien fue piloto de confianza de Daniel Barrera, alias «El Loco Barrera» y se encargó de abrir nuevas rutas por Suramérica para el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.

Según Migración Colombia, sobre «Manicomio» no existe requerimiento judicial al momento de su ingreso al país. EFE

Capturado general (r) Mauricio Santoyo por su presunta participación en la desaparición de dos defensores de Derechos Humanos en Medellín

La Fiscalía General de la Nación definió la situación jurídica del exoficial y ordenó su detención como presunto responsable de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada de personas.
De acuerdo con la evidencia física y los testimonios recopilados por la Fiscalía General de la Nación, las desapariciones de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), estarían relacionadas con varios homicidios y crímenes ocurridos en Medellín (Antioquia) entre 1997 y 2001, por los que han sido procesados algunos efectivos del entonces Gaula Rural de la Policía Nacional.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos encontró indicios que vincularían al comandante de la mencionada unidad para la fecha, el entonces coronel Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, en la desaparición de los dos defensores de derechos humanos y dispuso la captura del oficial en retiro.

La detención se hizo efectiva tan pronto Santoyo Velasco regresó de Estados Unidos, luego de cumplir una condena de 13 años de cárcel en ese país por ayudar a los grupos autodefensas a sacar cocaína de Colombia a territorio estadounidense.

Ahora, en atención a los parámetros establecidos por la Ley 600 de 2000 (antiguo Código de Procedimiento Penal), el general en retiro deberá permanecer recluido en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones en su contra como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado y coautor de desaparición forzada de personas agravada.

Las víctimas en este caso, Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, fueron reportadas como desaparecidas el 6 de octubre de 2000, en un sitio público conocido como ‘La Playa’, en el centro de Medellín (Antioquia). Exintegrantes de grupos de autodefensa postulados a la Ley de Justicia y Paz se atribuyeron estos hechos y revelaron que habrían actuado en complicidad con integrantes del entonces Gaula Rural de la Policía.