28 de marzo de 2024

Matando la gallina de los huevos de oro: ¿Qué es primero, el partido o el país?

19 de marzo de 2019
Por Clara Inés Chaves Romero
Por Clara Inés Chaves Romero
19 de marzo de 2019

Recientemente el presidente Duque realizó unas objeciones a seis artículos de la ley estatutaria de la JEP, con lo cual se prendieron las alarmas en el país.

Uno de los principios básicos del estado de derecho es la separación de poderes y el respeto que debe de existir entre cada uno de ellos.

En este sentido, no es comprensible como una ley estatutaria que fue ya discutida y estudiada tanto por el Congreso de la República como por la honorable Corte Constitucional que es el tribunal de última instancia y el que hace cosa juzgada, se tenga que volver a revisar, cuando ya se cumplieron todos los procedimientos que la constitución señala.

Lo anterior pone en peligro la seguridad jurídica del país, y no solo deja un mal sabor entre los colombianos, sino que genera una mala imagen que afecta la estabilidad institucional, lo que enviará un pésimo mensaje tanto a las empresas que pretendan invertir en Colombia, como a los miembros del partido de las FARC, a la guerrillerada en proceso de incorporación a la vida política nacional y a los grupos insurgentes con los que eventualmente se podría llegar a negociar una entrega de armas.

Parecería que no hemos aprendido de nuestra historia, tal como lo mencionaba Humberto de la Calle al señalar hechos históricos como los que vivió “José Antonio Galán quien fue asesinado después de haber negociado su revolución en materia de tributos con el arzobispo Caballero y Góngora, o Guadalupe Salcedo el guerrillero liberal que entregó las armas y posteriormente fue ejecutado, además de la masacre de la Unión Patriótica”. Estos sucesos marcaron la historia de manera negativa y recrudecieron la violencia.

Esto, además de ser un antivalor y romper el principio universal de que todos los acuerdos que se firman son para cumplirlos, genera una vergonzosa imagen  para el país en el escenario internacional, en el que Colombia se había venido caracterizando por el cumplimiento de sus acuerdos y el respeto a los compromisos internacionales.

Con esta decisión del ejecutivo, no solo se ponen en peligro y en entredicho la democracia y sus instituciones, sino que echamos por la borda uno de los bienes más importantes por los cuales el mundo lucha, y que está a su vez consagrado en la constitución nacional: la paz.

El anhelo de paz dio origen a las Naciones Unidas; por la obtención de la paz se han generado muchos hechos históricos, por ser un bien preciado y necesario para la subsistencia de los pueblos, su desarrollo y crecimiento.

No se puede entender que, por cuestiones partidistas e ideológicas, estemos no solo retrocediendo en la historia, sino acabando con el país y sus instituciones y llamando a la guerra, acabando con los derechos de las víctimas a conocer su verdad, a resarcirse, a empobrecer más al país no solo en su riqueza, sino en sus valores, instituciones, y acabando con la gobernabilidad.

Olvidamos que una cosa es un discurso pronunciado cuando se es candidato, y otra muy distinta cuando se es el presidente de un país como el nuestro, que se caracteriza por su multiculturalidad, su diversidad ideológica, de razas y de problemáticas; por lo tanto, los aspectos que se deben de priorizar son: el bien común, la paz, la democracia, la gobernabilidad, la justicia social, y la equidad, que son todos estos, los principios y bienes más preciados que un país debe respetar, conservar y privilegiar para poder llegar a la convivencia pacífica y a su desarrollo.

(*) Ex – diplomática