19 de mayo de 2019
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El protagonismo internacional y los problemas en casa

25 de marzo de 2019
Por Albeiro Valencia Llano
Por Albeiro Valencia Llano
25 de marzo de 2019

En la tremenda crisis que padece el pueblo de Venezuela el presidente Duque se convirtió en el socio de Trump, y asumió el papel de líder internacional contra Nicolas Maduro, encabezando el grupo de Lima; tenía el respaldo militar de la primera potencia del mundo, lo que se demostraba con la nota que el asesor de seguridad de Trump, John Bolton, dejó ver a la prensa: “5.000 soldados para Colombia”. A esto hay que sumarle el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de los 15 consulados colombianos que funcionaban en dicho país, para atender a dos millones de compatriotas. Para el gobierno de Duque la administración de Venezuela alimenta el conflicto en Colombia y por eso se sumó a la cruzada de 50 países contra el régimen de Maduro

La guerra estaba planteada y como tenemos una frontera de 2.229 kilómetros con el vecino, seríamos la primera víctima en un conflicto bélico. Pero Duque jugó a que no habría guerra porque nos protegía el poderoso país del norte. En ese ambiente llegaron la figura de Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente, y el famoso concierto en la frontera; los medios de comunicación sólo registraban noticias de Venezuela y en las fotos aparecían Guaidó y Mike Pence, y en el centro, Iván Duque. En este ambiente, cuando los vientos de guerra sacudían a los colombianos, mejoró la imagen del presidente Duque, pero también la del canciller Carlos Holmes Trujillo y la del ministro de Defensa, Guillermo Botero; es que la política de mano dura genera dividendos en un país tan polarizado. Pero Maduro no cayó, se atornilló en el poder y Venezuela pasó a un segundo plano, porque en nuestro país se hacían visibles los problemas y estallaban nuevos conflictos.

Los conflictos en las regiones

Mientras mirábamos las dificultades en Venezuela y el vacío de poder, las redes sociales mostraban la dura realidad en la Guajira y Chocó, donde muchas poblaciones viven una situación peor que en el país vecino. Pero al mismo tiempo se conocían las cifras del aumento del desempleo y los problemas de orden público en varias regiones.

Además, la nueva ola de masacres producía pánico, porque en tres meses habían sido asesinadas 30 personas en siete episodios; los hechos ocurrieron en Barranquilla, Aguachica, Cáceres, Cúcuta, Condoto y Miranda. Como autores de los hechos las autoridades señalan a narcotraficantes, contrabandistas, guerrilleros y paramilitares. Cuando las FARC salieron de los territorios, para concentrarse en determinadas zonas e iniciar el desarme, llegaron otros actores de la guerra, aprovechando que el Estado no hizo presencia, y a punta de plomo se fueron adueñando de las rutas del narcotráfico. Por ejemplo, desde mediados de marzo 356 indígenas permanecen prisioneros en El Carmen del Darién, en Chocó, por los enfrentamientos entre guerrilleros del ELN y el Clan del Golfo; una situación parecida viven los habitantes del Medio y del Bajo Atrato, que corresponde a los municipios de Bojayá y Riosucio. Toda esta región es un territorio estratégico para los ilegales porque es un corredor que comunica a Antioquia con Chocó. Aquí, por supuesto, no hay presencia del Ejército.

Pero la peor crisis humanitaria la padece Chocó, donde varias comunidades viven confinadas debido a la guerra entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Sobre el tema varios líderes sociales denunciaron la connivencia entre las AGC y la Fuerza Pública.

La minga social indígena

Pero el problema más grave, por lo visible,  masivo y contundente, es el movimiento que iniciaron las comunidades indígenas el pasado 12 de marzo, con protestas y bloqueos en la vía panamericana, que une a tres departamentos del suroccidente del país. La problemática viene desde 1999 cuando se declaró la emergencia social, cultural y económica de los pueblos indígenas del Cauca. En ese año se firmaron los primeros compromisos y desde esa fecha se han renegociado 1.500 nuevos compromisos. En el gobierno de Juan Manuel Santos se expidió el Decreto 1811 de 2017, que fijó mecanismos para ejecutar esos acuerdos; esto quiere decir que “crearon una norma para cumplir lo incumplido” y establecieron una comisión mixta entre el Gobierno y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y definir las inversiones.

Pero esto hizo crisis el pasado mes de diciembre cuando los indígenas le exigieron al Gobierno apropiar los 3,6 billones de pesos para ejecutar en estos cuatro años los compromisos adquiridos con gobiernos anteriores. En medio de estas negociaciones la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, hizo una desafortunada intervención cuando dijo que “el tema no son las inversiones; el fondo es que ellos son sectores de oposición al Gobierno y quieren un debate político”. En este punto se atizó el fuego y todo se complicó porque la minga indígena se radicalizó y se profundizó el bloqueo de la vía Panamericana. En ese momento 16 líderes gremiales del Cauca le escribieron una carta pública al presidente Duque manifestándole su apoyo en la actual crisis y solicitándole no negociar en medio de los bloqueos.

Los indígenas piden la presencia de Duque en el Cauca; el senador indígena Feliciano Valencia dijo que “necesitamos que el presidente venga a El Pital (en Caldono, Cauca) y nos diga que tiene 4,6 billones que pide la minga”. Pero el primer mandatario no está interesado en acudir a la cita y autorizó a los gobernadores del Valle, del Huila, del Cauca y de Nariño, para que dialoguen con los indígenas. Mientras tanto sigue la crisis económica y social en esta parte del territorio nacional.

No es un conflicto fácil de resolver por las demandas históricas sobre el uso y posesión de la tierra, por el incumplimiento de los gobiernos y por la presencia en este territorio de diversos grupos armados que se disputan las zonas después de la salida de las FARC.