De Uribe a la JEP

Y…finalmente Duque, el Presidente encargado, sumiso y obediente buscó una vez más quedar bien con su “Presidente eterno”, quién sufrió horas de desvelos acariciando su sueño de “hacer trizas” el Acuerdo de Paz, prometido a lo largo de la campaña presidencial. La decisión del mandatario de objetar seis de los 159 artículos de la Ley estatutaria pretende desconocer la integralidad de las sentencias de esta Corte, cuyos fallos en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Hemos sostenido hasta la saciedad que el Acuerdo de La Habana de ninguna manera es lo que individualmente hubiésemos querido, sino lo que finalmente se logró después de largas y duras negociaciones, en el que la guerrilla no iba a parar la guerra para irse tras las rejas. De cara a la comunidad internacional nos comprometimos con los exguerrilleros que dejaran las armas a darles unas garantías para su reincorporación a la vida civil,  sometiéndose a un sistema de justicia especial. Para profundizar este clímax de inseguridad jurídica, el presidente Duque anunció cambios en el Acto Legislativo 01 de 2016 que es nada menos el que establece  “Instrumentos Jurídicos para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, desconociendo  el artículo 2 del Acto Legislativo 02 del 11 de mayo de 2017 que,  textualmente reza: “El presente Acto Legislativo deroga el artículo 4 del Acto Legislativo 01 de 2016 y rige a partir de su promulgación hasta la finalización de los tres períodos presidenciales completos, posteriores a la firma del Acuerdo Final”. Es tal su blindaje, que ni con la carga detonada en la General Santander podrá este Gobierno ni el Centro Democrático acabar con ella. La justicia transicional no es una propuesta para evadir los crímenes o para minimizar las obligaciones del Estado. Es un mecanismo para garantizar la eficacia real de los derechos humanos y producir cambios estructurales que favorezcan la consolidación de la paz y la democracia. Al tumbar la Corte la semana pasada la Sala Especial para procesar a los militares en la JEP, por no haberse surtido la totalidad de los debates requeridos, eleva el temor de estos servidores públicos que, en número no inferior a 2000, se acogieron a esta y de los cuales muchos de ellos señalados por organizaciones de derechos humanos como responsables de falsos positivos, han entregado voluntariamente sus versiones, reapareciendo el fantasma de la Corte Penal Internacional. Al hacer un juicioso análisis de las objeciones presidenciales, nos encontramos con que estas nada tienen que ver con lo que la ley señala por   inconveniencia, advirtiéndose solo el afán de obstaculizar el proceso de paz. Lo prudente y sensato es lo que ha hecho el Presidente de la Cámara al solicitarle a la Corte  pronunciarse sobre, si el Congreso puede ocuparse de las objeciones, para de esta manera poner punto final a la absurda controversia. En una sociedad polarizada como la nuestra, lo que legitima y hace fuerte la democracia, es el respeto y la obediencia a la ley.

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