19 de abril de 2019
Aguas de Manizales - Abril 2019

Soluciones en materia minera para Caldas

Abogado egresado de la Universidad de Caldas. Director del área jurídica de la ONG Manizales en Común.
10 de febrero de 2019
Por Alexander Álvarez Giraldo
Por Alexander Álvarez Giraldo
Abogado egresado de la Universidad de Caldas. Director del área jurídica de la ONG Manizales en Común.
10 de febrero de 2019

El departamento de Caldas tiene una tradición minera de más de 400 años, especialmente en el occidente, convirtiendo esta actividad en uno de los principales motores económicos de la región y  en algunos casos, como el de Marmato, en la piedra angular de la vida de la comunidad.

A pesar de la tradición minera que impera en la zona, ha sido víctima de las desacertadas políticas mineras que se han aplicado en los últimos años, que tiene como eje principal la concesión de los títulos mineros a grandes compañías, particularmente extranjeras.

Lo anterior creo una gran crisis social, puesto que compañías foráneas tenían los títulos mineros, y en las zonas mineras se encontraban los pequeños y medianos mineros que han obtenido el sustento de esta actividad por varias generaciones. En muchos casos, la estrategia de las compañías fue cerrar minas con el objetivo de marchitar la economía de la zona, generando grandes desplazamientos y limpiando el camino para poder realizar sus proyectos mineros.

Además del cierre de minas, se evidenció el abandono estatal con el retiro de la institucionalidad minera de los Municipios, y las dificultades y trabas interpuestas a los pequeños y medianos mineros para obtener los títulos.

En Caldas, sólo en la rivera del Río Cauca, trabajan más de seis mil pequeños y medianos mineros, es una población con altos niveles de pobreza multidimensional, que puede ser hasta del doble de la media nacional en las zonas mineras, con un alto componente de comunidad indígena. Por ejemplo, la mina Tintiná que fue cerrada por autoridades de policía el 21 de enero de 2018, el 80% de la población es de origen indígena. Recordemos que esta es una minería ambientalmente amigable, que no utiliza cianuro ni mercurio y que tampoco utiliza retroexcavadora u otras maquinarias amarillas para su labor.

Los caldenses debemos tomar una decisión, que consiste en elegir entre darle a la minería un trato de actividad criminal, desplazando a seis mil familias del Río Cauca en condición de pobreza, o avanzar en las herramientas necesarias para respetar los derechos fundamentales de esas familias, incluido el derecho al trabajo.

Considero que una verdadera solución parte de abordar la situación como una problemática social, donde se garanticen los derechos de los menos favorecidos.

El código de minas establece obligaciones a cargo del Estado en situaciones similares a estas, se podría acudir a figuras como la cesión de títulos mineros o la declaratoria de zonas de reservas especiales, partiendo de la promoción por parte de la Gobernación y las distintas Alcaldías de “asociaciones comunitarias de mineros” (art. 250 ley 685/01), cumpliendo así la obligación consagrada en el artículo 250 del Código de Minas, que indica “el Estado intervendrá, a través de la entidad estatal competente, en la capacitación, fomento, transferencia de tecnología, manejo ambiental, estructuración, desarrollo del proyecto minero y desarrollo empresarial de los mineros informales ya legalizados, de las empresas de economía solidaria y de las asociaciones comunitarias de mineros que allí laboren”.

Muchas son las opciones que se pueden encontrar a la situación minera en Caldas y Risaralda, pero dependerá de la voluntad de la ANM, la Gobernación de Caldas y Risaralda, para acompañar con recursos técnicos, financieros y ambientales los procesos de formalización y conversión de los pequeños y medianos mineros.

Debemos estar atentos a que se respeten los derechos de los caldenses y no se destruya una de las principales actividades económicas de la región.