18 de julio de 2019
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Los empresarios del crimen y los líderes sociales

4 de febrero de 2019
Por Albeiro Valencia Llano
Por Albeiro Valencia Llano
4 de febrero de 2019

Las cortinas de humo, como la preparación de la guerra contra Venezuela y el terrorismo desatado por el ELN, ocultan la ola de violencia que recorre las regiones. En esta nueva fase han sido asesinados más de 426 líderes sociales y estamos hablando solo de los dos últimos años. Desde el mes de noviembre de 2016 se agudizó la violencia sistemática contra los dirigentes populares; esta tragedia afecta con más crueldad a CHocó, Antioquia, Valle, Cauca y Nariño, pero en realidad cubre 19 departamentos.

Ante la gravedad de los hechos las organizaciones de izquierda y los defensores de derechos humanos han venido denunciando el surgimiento, reanimación o nuevo brote, de los grupos paramilitares, conocidos con los nombres de Urabeños, Águilas Negras, Rastrojos, Libertadores del Vichada, Autodefensas Gaitanistas, Ejército Antirrestitución de Tierras ¿Qué sucedió? Cuando las FARC se retiraron de los territorios para concentrarse e iniciar el desarme, las zonas fueron ocupadas por otros actores de la guerra. Frente al abandono del Estado cayeron como gallinazos los tradicionales y los nuevos grupos delincuenciales.

La lucha por los territorios

Los empresarios del crimen se aprovechan, no solo de la ausencia del Estado, sino de la dispersión y desconexión entre regiones, para manejar los negocios del narcotráfico, del contrabando, de la minería ilegal y de los recursos naturales.

En este ambiente se evidencia la lucha desde los poderes locales por el control de los territorios, en una nueva forma de recomposición de las violencias. El ejemplo más claro lo encontramos en el Pacífico; desde Chocó hasta Tumaco es un territorio en disputa porque aquí no hay autoridad civil, no hay Estado social de derecho. Aún recordamos cómo desde enero de 2017 numerosos pueblos y comunidades de Chocó observaban aterrados el desfile de 600 paramilitares que se desplazaban por Domingodó, Bijao, Vigía del Fuerte, Bahía Solano y Carmen del Darién. En su momento afirmaron los pobladores de Riosucio (Chocó) y de Bojayá, que los paramilitares nunca se desmovilizaron y que ante la ausencia de las autoridades y de la guerrilla de las FARC se despertaron y empezaron la conquista de nuevos territorios.

Armas para los civiles

Cuando agonizaba el gobierno de Santos y entraba la administración Duque se presentó una nueva coyuntura: los territorios que dejaron las FARC fueron ocupados por la criminalidad armada y se produjo vacío de poder; la ausencia del Estado la aprovecharon el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC y los diferentes grupos del narcotráfico, que se disputan los corredores para sacar la droga. En este nuevo clima, los ganaderos, los hacendados y los empresarios del crimen, le están pidiendo al Estado que flexibilice el porte de armas.

La lucha para armar civiles ha sido una historia vieja y peligrosa. En el gobierno de Guillermo León Valencia se expidió el Decreto 3398 de 1965 para dejar en claro que “todos los colombianos podían ser utilizados por el gobierno en actividades y trabajos en los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad”; era la época de la violencia política entre liberales y conservadores, el gobierno compartió el monopolio de las armas con los civiles y se oxigenó el caos. Años después llegó el Decreto 813 de 1989, durante el gobierno de Virgilio Barco, que creó la Comisión Asesora y Coordinadora para “Combatir los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares”.

Pero la extrema derecha quería profundizar el vacío de poder en una nueva coyuntura. Durante la administración de César Gaviria se promulgó la Ley 356 de 1994 que dio inicio a las Convivir; el artículo 42 decía: “Se entiende por servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada, la organización de la comunidad en forma de cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o miembros dentro del área donde tiene asiento la respectiva comunidad”.

Se quiere regresar al pasado: Es innegable el deterioro del orden público en el país y esta situación la están aprovechando diferentes sectores, para armarse. El presidente del Fondo de Ganaderos del Cesar le pidió al Gobierno que revise el decreto que prohíbe el porte de armas alegando la multiplicación de secuestros, asaltos y robos, en el sur del departamento. Sobre el tema intervino el senador Álvaro Uribe, para anotar sin titubeos que “Sin cooperantes, no hay política de seguridad. Hay un gran reclamo ciudadano. La gente del Cesar ya amenazó con armarse ilegalmente”. En medio de la polémica dijo el ministro de Defensa, Guillermo Botero, que su despacho está a punto de expedir una directriz para el porte de armas y admitió que “algunos ganaderos se quieren armar porque están indefensos, pero ya se les dijo que deben esperar el decreto”.

El problema de armar a los civiles, cuando el Estado comparte el monopolio de las armas, es que favorece también a los empresarios del crimen y se multiplican los asesinatos de líderes sociales; así llegamos a la ley del más fuerte. El Estado debe hacer presencia en los territorios, pero debe llegar con inversion social. Hay que sacar las armas de la política y de los negocios. Aquí necesitamos un gran pacto nacional, en lugar de estar pensando en declararle la guerra a Venezuela, mientras siguen asesinando a los líderes de las comunidades.