El fracaso de Medimás y de la ley 100
El Tribunal Superior de Cundinamarca nos otorgó –con José Roberto Acosta y la Procuraduría– una medida cautelar que prohibió la venta de Medimás EPS a la norteamericana DBMS o a cualquier otro, si no se asegura que se cumplan unas condiciones
Lo que se busca con esta acción popular son garantías para la adecuada prestación del servicio de salud a los usuarios de Medimás, el
Confirmando las denuncias que hicimos hace año y medio para que no se consumara dicho negocio, Medimás falló desde el inicio de su operación, fallas que se han empeorado en el trato a sus pacientes y empleados y en su incapacidad administrativa y financiera, hasta el punto de que Esimed (Medimás) tiene
El norteamericano interesado, ¡que le remitió al presidente Duque la copia de una carta de compra por Medimás con falsedades!, tiene además toda la pinta del aventurero inexperto lanzado a capturar el chorro de los 300 mil millones de pesos mensuales de la plata pública de la UPC, al igual que la conocida impunidad de la que gozan las EPS.
Aunque el pésimo negocio para el país de Medimás lo montó el gobierno de Santos y Duque desea continuarlo –¡otra vez de acuerdo!–, lo cierto es que estas desgracias son causadas por la Ley 100 de 1993, aplicada desde entonces por todos los gobiernos. Medimás es el resultado de la corrupción de Saludcoop, incluida la que practicó el interventor que le nombró el santismo, al que se le toleró, haciendo caso omiso de mis denuncias en el Congreso, que administrara la EPS con las mismas prácticas de Palacino. Y se origina en una ley que supone que no habrá corrupción en el sector porque la elimina la simple competencia entre las EPS, que luchan entre sí –dicen– por actuar con la mayor eficiencia y pulcritud. ¡Qué tal el cuento!
Y Medimás no es la excepción sino la norma. Hay 21 EPS intervenidas por el Estado, los sufrimientos de los pacientes parecen escapados de la obra del Dante, médicos, enfermeras y demás empleados trabajan muy duro y ganan muy poco y hasta les
Colombia necesita un sistema de salud que establezca, de verdad, que su objetivo es el bienestar de las personas, para lo que requiere de las mejores condiciones laborales y óptimas clínicas y hospitales, públicos y privados, y de un Estado que cuide y controle a los unos y a los otros. Sus administradores –llámese EPS o no– tienen que operar con la mayor calidad y a los menores costos, porque deberán actuar al servicio de la gente y no al contrario. Y tendrá que funcionar con cero tolerancias a la corrupción en cada una de sus partes. Que esto es posible lo prueba lo que ocurre en otros países de economía de mercado (https://bit.ly/
Bogotá, 03 de febrero de 2018
@JERobledo