23 de abril de 2019
Aguas de Manizales - Abril 2019

Dilatada entrega

Comunicador Social-Periodista. Especialista en Producción Audiovisual. Profesor universitario, investigador social y columnista de opinión en diferentes medios de comunicación.
1 de febrero de 2019
Por Carlos Alberto Ospina M.
Por Carlos Alberto Ospina M.
Comunicador Social-Periodista. Especialista en Producción Audiovisual. Profesor universitario, investigador social y columnista de opinión en diferentes medios de comunicación.
1 de febrero de 2019

¿Teoría de la conspiración o simple ineptitud? Nada justifica que el trámite aclaratorio y de suma trascendencia para el proceso de paz con las Farc acabe supuestamente traspapelado a un lado del canal de Panamá. ¡Qué pena con la visita! La presencia en Colombia del fiscal interino de Estados Unidos, Matthew Whitaker, descubrió algo más que la indolencia burocrática, dejó en evidencia la torpeza de la administración de justicia.

No consistía en cualquier diligencia judicial ni en la normal actuación diplomática. Aunque ‘a la hora del té´ es viable unificar ambas misiones. Por un lado, la petición de la Sección de Revisión del Tribunal Especial para la Paz de la JEP a las autoridades judiciales de Estados Unidos en relación con las presuntas pruebas en contra de Zeuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, pudo seguir el camino expedito dentro de la valija diplomática a fin de que el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, entregara la carta rogatoria. También la ministra de Justicia, Gloria María Borrero Restrepo, tuvo la oportunidad de agarrar el papel escrito y llevarlo a la Embajada Norteamericana en Bogotá. ¿Negligencia, flojera o falta de tino?

“A nosotros nos llegó esa carta el 3 de diciembre después de que la JEP la había oficiado a la Cancillería, y allí establecieron que no era por conductos consulares, sino que era un trámite del Ministerio de Justicia por estar relacionada con extradiciones. Nosotros procedemos a hacer lo mismo que hacemos como 100 veces al mes y es enviar la carta rogatoria a Estados Unidos por 4-72. Ayer me llaman a decirme que todavía está en tránsito en Panamá y que hoy nos daban la razón de por qué no había sido despachada a Estados Unidos”, declaró, a Blu Radio, la ministra Borrero en el intento fallido de lavarse las manos y ensuciar el asunto. Digo, contaminar la revisión de las pruebas, en razón a que la solicitud de la JEP supera el contenido accesorio; al contrario, es fundamental para establecer la fecha de la sospechada alianza de Santrich con carteles mexicanos.

Aparte de quién haya surtido el trámite de envío de la carta, uno y otro, forman parte del Gobierno y al igual que la cuestión del protocolo con el ELN, el Estado colombiano está en la obligación de cumplir, en el caso de la comisión rogatoria, con los plazos estipulados por la Jurisdicción Especial para la Paz. El ministerio de Justicia debió efectuar el rastreo satelital constante del oficio OFI18-0035650-DAI-1100, dirigido al Departamento de Estado Norteamericano el 11 de diciembre de 2018 a las 2:35 p.m. Suena ridícula, contradictoria y pueril la explicación de la abogada, Borrero Restrepo, en el momento que señala que la “culpa” recae en la empresa Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72.

Es necesario hilar fino e ir más allá del correo certificado. El presidente, Iván Duque, está en mora de oficiar a la fiscalía y pedir la apertura de investigación con miras a establecer las razones objetivas del extravío de la carta rogatoria, la probable obstrucción a la justicia y la eventual interferencia de “manos criminales” en la irregular entrega de esa comunicación confidencial.  De comprobarse aquella hipótesis quedarían al descubierto los “agentes tóxicos” del acuerdo de paz con las Farc. ¡Tengámonos fino! Al no conseguir la evaporación del mensajero, quizá, la acción preferente era demorar la respuesta. En el campo de las suposiciones todo cabe desde la pusilanimidad pasando por el complot hasta llegar a las cortinas de humo.

Enfoque crítico – pie de página. Es decisiva la renuncia de la Ministra de Justicia, Gloria María Borrero Restrepo, y la del presidente de 4-72, Carlos Andrés Rebellón Villán. Aquí hay mucho diablo y es tiempo de dar ejemplo de gobernabilidad.