25 de marzo de 2019
Aguas de Manizales - Marzo 2019

Marmato, al estilo de la masacre de las Bananeras

Abogado egresado de la Universidad de Caldas. Director del área jurídica de la ONG Manizales en Común.
11 de enero de 2019
Por Alexander Álvarez Giraldo
Por Alexander Álvarez Giraldo
Abogado egresado de la Universidad de Caldas. Director del área jurídica de la ONG Manizales en Común.
11 de enero de 2019

Por Alexander Álvarez Giraldo.

El pasado 5 de enero de 2018 se conoció un oficio fechado del 16 de noviembre de 2017, en el que la compañía GRAN COLOMBIA GOLD Corp, trasnacional de origen canadiense, advertía al Presidente de la República, el Fiscal General de la Nación, el Director de la Policía y el Ejecito Nacional, al igual que a otras autoridades, que sus proyectos y títulos mineros en Remedios y Segovia en Antioquia y en el Municipio de Marmato en Caldas “han estado plagados de mineros ilegales”, despotrica de los espacios de diálogo y concertación con los mineros tradicional  y concluye solicitando “el despliegue militar y policial, así como de cualquier otras fuerza” “para proteger los derechos de CGC”.

No es cierto que la compañía tenga derechos adquiridos sobre los títulos mineros en la zona alta de Marmato, por dos grandes razones, la primera porque los mismos se obtuvieron violando la normatividad colombiana puesto que La Ley 66 de 1946, distribuyó el cerro del pueblo entre zona alta y zona baja, reservando la zona alta, donde la compañía está reclamando la expulsión de los mineros, para la pequeña minería y los mineros tradicionales.

En segundo lugar, al adquirir los títulos mineros en 2008, la compañía decidió cerrar las minas durante más de año y medio, activando la causal de caducidad del título minero consagrada en su artículo 112 del código minero El contrato podrá terminarse por la declaración de su caducidad, exclusivamente por las siguientes causas: (…) La no realización de los trabajos y obras dentro de los términos establecidos en este Código o su suspensión no autorizada por más de seis (6) meses continuos”.  Hace 2 años el Viceministerio de Minas se comprometió a revisar la legalidad de cada uno de los títulos mineros que tiene la compañía, sin que hasta el momento lo haya hecho. La estrategia de la compañía consistía en comprar las minas y cerrarlas, para dejar los habitantes del municipio sin trabajo y así forzar un desplazamiento masivo, y posterior a eso ejecutar un proyecto de minería a cielo abierto en la zona.

La Corte Constitucional, a través de la sentencia SU – 133/2017, reconoció que en Marmato “desde hace ya más de 400 años por parte de una población cuyas formas de vida, cultura, ordenamiento territorial, modos de producción y relaciones sociales se han estructurado en torno a la distribución territorial del derecho a extraer el oro que yace en sus territorios, en una zona contigua a aquella en la que se ubican sus instituciones locales y sus propias viviendas.”. Y ordenó al Gobierno Nacional convocar a consulta previa en la que se preguntara a los habitantes del Municipio si estaban de acuerdo con la presencia de la compañía en la zona alta de la montaña, sin embargo el Ministerio del Interior no ha convocado a la respectiva consulta, ni ha cumplido con las otras ordenes del fallo del máximo órgano constitucional.

De hecho el gobierno colombiano se ha mostrado a favor de la criminalización de los habitantes de Marmato, en solicitud de nulidad a la sentencia SU – 137/2017, consignó “de haber sido analizados en debida formas, se habría llegado a la conclusión de que los mineros que actualmente se encuentran en la mina Villonza, han incurrido en la comisión de un delito y no hay lugar a realizar la consulta previa”.  Al no contar con la razón jurídica el gobierno y la compañía han abusado de las amenazas físicas y económicas contra el país y Marmato, como el anuncio realizado por la compañía de demandar al Estado colombiano por US$700 millones.

La narrativa de lo que nos viene ocurriendo en Marmato nos hace recordar la masacre de las bananeras, no vaya a ser que esta historia termine igual al telegrama del cónsul de EE. UU en Santa Marta, cuando indicó en 1928 “Tengo el honor de reportar que el representante en Bogotá de la United Fruit Company me dijo ayer que el número total de huelguistas muertos por los militares colombianos excede los mil.”. Muy por el contrario necesitamos de ciudadanía activa que siga defendiendo los derechos de los colombianos, lo que no le perdona la Gran Colombia Gold a los mineros de Marmato es que no se han dejado sacar del pueblo, se organizaron, convocaron a decenas de movilizaciones, como la de mayo de 2011 en la que se movilizaron 5.000 personas, y han resistido a través de acciones jurídicas, comunicativas y simbólicas a todos los atropellos del gobierno y las multinacionales.