Fiscal Ad hoc
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10 de diciembre de 2018
Por Alberto Zuluaga Trujillo
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Por Alberto Zuluaga Trujillo |
Pocos antecedentes tiene entre nosotros el nombramiento de un fiscal ad hoc. Sucedido una vez cuando la fiscal Viviane Morales se declaró impedida en un proceso contra la contralora Sandra Morelli, ésta figura no tiene asidero en la legislación colombiana que solo contempla que, en caso de declararse impedido el Fiscal General, asumirá la investigación la Vicefiscalía como segundo al mando. Al ser recusada la actual Vice Fiscal por la Red de Veedurías Ciudadanas, la Corte Suprema de Justicia da vía libre al nombramiento de Fiscal Ad Hoc.
El vacío legal lo trató de subsanar en el 2016 el mismo Néstor Humberto Martínez al presentar al Congreso un proyecto de ley legalizando su creación, el cual se hundió por un concepto negativo del Consejo de Política Criminal, máximo órgano rector de la política criminalística en el país, y retomado luego por el senador Rodrigo Lara, proyecto este que no logró su aprobación final. En su afán de juez fallador con alcances netamente políticos que no jurídicos, la Corte Suprema de Justicia atendiendo las solicitudes del Presidente de la República, de la Procuraduría General de la Nación, del mismo Fiscal, de la Vicefiscal y de los voceros políticos, echando mano de la acomodaticia tesis de que lo que no está prohibido está permitido, le solicita al Jefe del Estado la terna para el nombramiento del Fiscal Ad Hoc, quedando de paso bien con todos absteniéndose, como hoy es de normal ocurrencia, de fijar una posición con arraigo jurisprudencial y doctrinario.
La Constitución, cuya reforma a este respecto no ha sido tocada, no permite designar otro órgano judicial paralelo a la Fiscalía siendo por consiguiente una decisión ilegítima que solo busca aquietar el barullo político, ofreciéndole un tanque de oxígeno a un Fiscal General que se ahoga en medio de un escándalo del cual es protagonista de primera línea. La discusión sobre si la terna presentada por el Presidente cumple con los requisitos de ley al ternar una magistrada en ejercicio, ya renunciada, más una subalterna, cuyo denominador común al lado del Decano de la Sergio es pertenecer abiertamente a uno de los grupos políticos permeados por Odebrecht, no ofreciendo transparencia para el fin pretendido, pudiera ser lo de menos, aquí lo que se impone es la renuncia de Néstor Humberto Martínez, para devolverle la credibilidad a una institución hoy duramente golpeada por las declaraciones contenidas en los contundentes audios del auditor de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano.
Por esto y muchísimo más es que venimos no de ahora sino de tiempo atrás abogando por una Asamblea Nacional Constituyente que, haciendo borrón y cuenta nueva, siente las bases de una nueva República más justa y equitativa. Lo que hoy se impone es que dirigentes honestos jalonen un cambio profundo del país y por sobre todo de la justicia penal para que jueces probos sean quienes la apliquen con el respaldo pleno de una clase política diametralmente opuesta a la actual, cuyo fin y propósitos sean hacer una Colombia de todos y para todos.
