28 de marzo de 2024

El gobierno de Belisario Betancur. Aciertos y desaciertos

17 de diciembre de 2018
Por Albeiro Valencia Llano
Por Albeiro Valencia Llano
17 de diciembre de 2018

Falleció a los 95 años y es recordado porque le apostó a la paz y por los hechos del Palacio de Justicia. Nació en Amagá en un hogar humilde, pero logró superar la pobreza. No tenía 20 años cuando se fue para Medellín a estudiar derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana y desde ese momento se vinculó como columnista al periódico El Colombiano. Después del grado inició su acelerada carrera política, dentro del Partido Conservador; fue diputado de la Asamblea de Antioquia, representante a la Cámara, por Cundinamarca, senador, Ministro de Educación de Alberto Lleras y de Trabajo con Guillermo León Valencia. Participó en las elecciones presidenciales de 1970 para suceder a Carlos Lleras; la maquinaria liberal-conservadora, a nombre del Frente Nacional, había señalado como candidato a Misael Pastrana Borrero. Pero aparecieron otros aspirantes para aguar la fiesta: Gustavo Rojas Pinilla, por la Anapo, Belisario Betancur por una coalición de liberales y conservadores disidentes y Evaristo Sourdis, por algunos sectores del conservatismo. Pero la Anapo hizo una excelente campaña política; el 19 de abril, día de los escrutinios, Rojas ganaba por más de 100 mil votos; el pánico se apoderó de los líderes del Frente Nacional. El ministro de Gobierno, Carlos Augusto Noriega, ordenó que se suspendiera la transmisión de datos por radio; el pueblo entendió que estaba en curso una conspiración. Los colombianos se acostaron pensando que había ganado Rojas y despertaron con la victoria de Misael Pastrana.

Se volvió a postular en 1978; con el respaldo del conservatismo enfrentó al candidato liberal Julio César Turbay Ayala, quien le ganó por un estrecho margen. Repitió candidatura para el período siguiente (1982-1986) pero no se presentó por el Partido Conservador sino como jefe de un movimiento nacional suprapartidista; supo aprovechar la división liberal entre Alfonso López Michelsen y Luis Carlos Galán y se llevó la victoria a nombre del Movimiento Nacional.

En la campaña electoral recorrió el país agitando la bandera de la paz y acuñó la expresión del “sí se puede”; triunfó con una abundante votación pues lo apoyó un electorado asqueado del clientelismo, aterrado por la represión que se vivió durante el gobierno de Turbay y alarmado por el continuismo que se vislumbraba.

La bandera de la paz

Cuando se enteró del triunfo, con la mayor votación hasta entonces en la historia del país, se dirigió por radio a los colombianos para decirles que “Mi única aspiración, compatriotas, en este momento solemne de mi vida, es la de que al final de mi mandato se diga que fui un gobernante justo, un gobernante que batalló al lado de los humildes, de los cuales salí. Así podré pasar tranquilo y feliz el resto de mi edad”.

Una vez posesionado empezó a desarrollar su política de paz; el 19 de septiembre de 1982 conformó la Comisión de Paz, dirigida por Carlos Lleras Restrepo, quien se retiró a los pocos días y en su reemplazo fue nombrado el doctor Otto Morales Benítez. En un gesto de buena voluntad, dirigido a los grupos guerrilleros, el presidente Betancur orientó la política de paz hacia la amnistía; así, el Congreso aprobó la ley de Amnistía (19 de noviembre de 1982), que otorgó esta gracia “a los autores, cómplices o encubridores de hechos constitutivos de delitos políticos, cometidos antes de la vigencia de la presente ley”. Casi todo el país acogió con entusiasmo la amnistía; salieron de las cárceles 535 presos políticos: 417 del M-19; 23 del ELN; 60 de las FARC, 31 del PLA (Pedro León Arboleda) y 4 del ADO (Autodefensa Obrera). Esto generó desconfianza en un sector de la sociedad y especialmente entre los militares.

Pero fueron surgiendo nuevos enemigos del proceso de paz. Desde 1981 había hecho aparición pública el grupo MAS (Muerte A Secuestradores). La información recogida sobre este grupo permitía concluir que se estaban aplicando en Colombia los métodos de la guerra sucia. El informe del Procurador General, Carlos Jiménez Gómez, sobre el MAS (20 de febrero de 1983) especificaba que “en los sumarios en cuestión existen cargos suficientes para vincular procesalmente a 163 personas; de ellas 59 son miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas”. Este informe fue rechazado por el ministro de Defensa, Fernando Landazábal Reyes, quien advirtió que el país debía acostumbrarse a escuchar a sus generales. Sobre el mismo asunto Amnistía Internacional hizo público el informe de 1983 para Colombia y en él detalló lo relacionado con la conformación de “escuadrones de la muerte”, en varios lugares del país. Los enemigos de la paz siguieron poniendo obstáculos al proceso y Morales Benítez presentó la renuncia como presidente de la Comisión, el 25 de mayo de 1983, anunciando que el gobierno debía “combatir contra los enemigos de la paz y de la rehabilitación, que están agazapados por fuera y por dentro del gobierno”.

En este clima político hay que mencionar a los carteles del narcotráfico que rápidamente fueron conquistando espacios en la economía, en la sociedad y en la política. Pero el 7 de marzo de 1984 la Policía Nacional asestó un duro golpe a Pablo Escobar y a sus socios, con la operación Yarí o Tranquilandia, un gigantesco complejo cocainero que comprendía 19 laboratorios y ocho pistas clandestinas. La respuesta de los mafiosos fue contundente y sanguinaria; el 30 de abril de este año asesinaron al ministro Rodrigo Lara Bonilla, y el presidente Betancur anunció ofensiva total contra el narcotráfico y la aplicación del tratado de extradición suscrito entre Colombia y Estados Unidos.

El holocausto del Palacio de Justicia

El país entró en la polarización política y se recrudeció la violencia selectiva. Betancur posibilitó la creación de movimientos políticos como la Unión Patriótica, pero los principales líderes de izquierda fueron cayendo asesinados. En mayo de 1985 el dirigente del M-19 Antonio Navarro Wolf sufrió un atentado y se rompió la tregua con este grupo; los otros movimientos también se apartaron del proceso de paz. En esta coyuntura las Fuerzas Militares se llenaron de argumentos para denunciar el fracaso de la tregua.

En un ambiente de incertidumbre un comando del M-19 se tomó por asalto el Palacio de Justicia (6 de noviembre de 1985) con el propósito de hacerle un juicio público a Belisario Betancur por los supuestos incumplimientos en el proceso de paz. Sobre este escabroso hecho se preguntaba don Guillermo Cano, el director de El Espectador, si en la toma había causa común con Los Extraditables, interesados en la muerte de los juristas y de los expedientes. El asalto al Palacio fue una operación fácil porque el edificio estaba bajo la protección de celadores particulares, mal armados. En el cuarto piso se encontraba el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien trató inútilmente de comunicarse con el presidente Betancur, pero el Jefe de Estado no pasó al teléfono. Sobre este espinoso asunto dijo Betancur a los medios que que “yo no voy a negociar, he tomado esta decisión y la he consultado con los señores expresidentes”, y que su decisión final era no intervenir.

En un diálogo con Caracol, a las 6:15 de la tarde, el periodista Yamid Amat dialogó con el presidente de la Corte:

“Yamid Amat: ¿y cómo está la situación, doctor Reyes?

Reyes Echandía: Mal. Necesitamos dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades; estamos rodeados del M-19 en varios pisos; en el cuarto piso, varios de nuestros establecimientos, de nuestros despachos oficiales; ellos están dispuestos a dialogar, traen una demanda concreta, pero si no cesa el fuego inmediatamente, morimos todos. Estamos en este momento siendo apuntados por las armas de unidades del M-19.”

El periodista pudo hablar con el presidente de la Corte, pero Belisario Betancur, quien era el comandante de la fuerza pública, no le pasó al teléfono.

Parece que el desenvolvimiento de la acción de guerra para recuperar el Palacio de Justicia obedeció a los planes militares. Mientras tanto el consejo de ministros escuchaba las noticias que llegaban de la radio; y el presidente de la República guardaba silencio. Sobre este asunto se preguntaba Alfredo Vásquez Carrizosa, en su libro Betancur y la crisis nacional (1986) ¿No tenía libertad el presidente Betancur para conversar con el Magistrado Reyes Echandía? ¿Se hallaba bajo el imperio de órdenes militares que no estaba en libertad de contradecir?

La operación de las Fuerzas Militares dejó un saldo de 97 víctimas mortales; el gobierno de Betancur quedó sin oxígeno, la paz sepultada, el M-19 desprestigiado, los grupos paramilitares y las mafias en ascenso y los militares en el ojo del huracán por el empleo excesivo de la fuerza. Y para rematar llegó la tragedia de Armero. El 13 de noviembre una intensa lluvia de ceniza anunciaba la explosión del nevado del Ruiz; ese día a las 9:15 de la noche la erupción del volcán precipitó avalanchas de los ríos que nacen en el nevado, arrasando la población de Armero y varias comunidades rurales del departamento de Caldas; perdieron la vida cerca de 25 mil personas y el gobierno quedó en la mira del país porque esta fue una tragedia anunciada.

Por último, el Holocausto del Palacio de Justicia significó un duro golpe para el presidente Betancur, quien se marginó de la vida política y guardó silencio sobre lo que verdaderamente ocurrió, cuando los militares retomaron el edificio y sacrificaron la Justicia. El 5 de noviembre de 2015, en una carta pública, el expresidente pidió perdón sobre lo que había ocurrido 30 años atrás y dijo que “Nunca pensé que algo así pudiera llegar a ocurrir”. Por esta razón Belisario Betancur “no pudo pasar tranquilo y feliz el resto de sus días”.