1 de agosto de 2021
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Censura criolla y letal

14 de diciembre de 2018
Por Alejandro Bedoya Ocampo
Por Alejandro Bedoya Ocampo
14 de diciembre de 2018

Hace poco escuchaba un podcast sobre la censura en la radio, contada desde la entretenida voz de la historiadora y periodista Diana Uribe. Allí decía que ese invento es viejo, luego no deberíamos aterrarnos de que en estas épocas estuviéramos viviendo ese fenómeno, dado que ha sido una constante a lo largo de la historia, incluso desde la época de Sócrates; de hecho él fue obligado a beber la cicuta por ir en contra de la corriente mayoritaria y de los que ejercían el poder para ese entonces. Sin embargo a mí sí me aterra, porque no estamos en el siglo XIX como para decir que quien tome posición en contra de un monarca o dictador debe ser censurado, más cuando la misma Diana Uribe, indirectamente, ha sido acallada junto con muchos programas que vienen siendo perseguidos por ser críticos del gobierno.

Los últimos casos han sido “La tele letal” (no me queda muy claro si el cambio de posición de los directivos del canal al que hacen parte obedece a la presión por redes sociales) y “Los puros criollos”, ambos con el común denominador de reprochar los malos movimientos estratégicos del uribismo como bancada y como gobierno. Hoy se quiere dar la estocada final a esos contenidos que no son simpatizantes de lo que la mayoría de canales como Caracol y RCN hacen, que es venderse al mejor postor, ocultando contenido de relevancia nacional, a sabiendas de que en la mayoría de los casos, lo que está en juego son los recursos de nosotros mismos. Ya lo vimos con el tremendo tapado del caso de corrupción más grande de la historia, la novela Odebrecht y el fiscal, por un video viejo cuya antijuridicidad no tiene punto de comparación con el primero, el más indignante y vergonzoso de la historia de nuestro país.

Y digo que es la estocada final porque está a punto de ser aprobado en el congreso el proyecto de ley de “Modernización de las TIC”, que si bien pretende mejorar el cubrimiento de internet en todo el territorio colombiano (en el 2017 el gobierno anterior llegó a una cifra cercana del 98%), también pone en situación de desventaja a los canales públicos, ya que está ofreciendo a los privados, con el fin de privatizar toda la plataforma digital (menos las OTT como Facebook, Netflix, Amazon, etc) unos incentivos inmensos, tal y como sucede cuando se quiere incentivar un sector de la economía al subir aranceles. Al respecto dijo Yamid Amad, presentador del Canal Uno, el mayor perjudicado, que “ese proyecto elimina a los canales privados 128 mil millones de pesos que tienen que pagar por lo próximos 10 años, y les extiende a privados la licencia a 20 años más, pagando únicamente el 2,2% de su participación comercial “

Como si fuera poco, se “gubernamentaliza”, en términos de Omar Rincón, todos los contenidos que veamos en televisión, pues el ministerio de TICs tendrá el poder de emitir las directrices de lo que es válido mostrar y lo que no por televisión. Para quienes han leído 1984 de George Orwell, nada tendremos que envidiarle a esa novela; casi que estaremos supeditados a lo que una sola persona quiera que veamos y sepamos, un canal de culto del gobierno donde quien discrepe, o calla, o lo desaparecen, como incluso ya viene sucediendo.

Lo que resulta aún más miesterioso es que el mayor perjudicado con esas medidas desesperadas (se tramita con una agilidad que no se utilizó ni con la reforma tributaria) sea el Canal Uno, donde se encuentra Noticias Uno, el único noticiero independiente que se ha atrevido a poner en tela de juicio los movimientos de la bancada de gobierno. Uribe ha querido silenciar sus voces desde hace mucho tiempo; ya ha prohibido en varios eventos que lo graben y les ha dicho a sus periodistas cualquier tipo de estigmas, como si por pertenecer a un noticiero alguien valiera menos que el resto de los profesionales. En todo caso, no es secreto que también lleva tiempo queriendo hacer caer las concesiones para que ese Canal tenga que cerrar. Ahora, también puede ser un medio de distracción para pasar de agache, como es costumbre, los micos de la reforma tributaria.

La única salvación a la vista es que esta censura criolla, aprovechada por la cultura leguleya de nuestro país, en el eventual caso que salga avante, sea puesta en conocimiento de la Corte Constitucional vía acción pública de inconstitucionalidad y sean protegidos los derechos fundamentales a la igualdad y la libre expresión. Al fin y al cabo, como diría mi profesor de Derecho Constitucional, esta, la rama judicial (hoy más que nunca en nuestro país) es “La rama menos peligrosa”, la llamada a frenar los atentados contra la democracia y cuya institucionalidad debe ser defendida férreamente por quienes queremos que sea respetado nuestro derecho a opinar.