23 de julio de 2024

Petro ¿Presidente?

12 de noviembre de 2018
Por Alberto Zuluaga Trujillo
Por Alberto Zuluaga Trujillo
12 de noviembre de 2018

¿Existe incoherencia en nuestra regulación jurídica con los compromisos internacionales que hemos firmado? En una reñida votación de cinco contra cuatro la Corte Constitucional, que unifica e interpreta la Constitución como órgano de cierre, aprobó la ponencia de la magistrada Gloria Ortiz, al estudiar la demanda en parte contra la ley 610 de 2000 ( por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías) y de un parágrafo del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 ( por la cual se expide el Código Único Disciplinario) leyes éstas que establecen como inhabilidad para desempeñar cargos públicos haber sido declarado fiscalmente responsable. Mientras la Corte Constitucional ha dicho en varias sentencias que las inhabilidades para ser congresista o Presidente de la República son las que establece la Constitución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscrita por Colombia ha dicho que las multas de contralores no pueden inhabilitar ciudadanos (elegir y ser elegido) aceptando solo decisiones de la justicia penal. Desde luego, la Corte Constitucional dejó claro en su discusión que: “el bloque de constitucionalidad exige que tanto la Constitución como la Convención Americana sean interpretadas de acuerdo a la lógica evolutiva de los contextos constitucionales locales y de las necesidades cambiantes de las sociedades, por lo que un entendimiento literal no es suficiente para determinar su alcance”. Lo que la Corte decidió, ni más ni menos, como condición general, es que quienes no hayan cumplido con las sanciones fiscales impuestas y se encontraren en firme al momento de tomar posesión como servidores públicos, es norma aplicable a todas las personas en igualdad de condiciones, porque persigue objetivos válidos en especial la transparencia y la protección del patrimonio público, que son “instrumentos para acreditar la confianza necesaria para la gestión de los bienes colectivos y de lucha contra la corrupción”. Hace claridad la Corte, en que el responsable del detrimento del patrimonio público por dolo o culpa grave, una vez cancele puede ocupar el cargo para el cual ha sido elegido y, que la sanción fiscal, como acto administrativo, puede demandarse ante el contencioso o vía tutela. Por todo lo anterior, el señalamiento de Petro a la Corte Constitucional de que esta busca  sacarlo de la vida política después de haber obtenido ocho millones de votos para la presidencia, es otro de sus shows mediáticos pues bien claro tiene que las leyes que lo inhabilitan y que actualmente lo tienen en aprietos, son muy anteriores a las sanciones a las que se ha hecho merecedor. Más aún, su presencia en el Senado está en veremos pues, para posesionarse, logró que el Tribunal de Cundinamarca suspendiera la multa mientras el Consejo de Estado decide de fondo sobre el caso. De confirmarlo, a la luz de la normatividad vigente, con dos condenas de la Contraloría Distrital, más la multa de la SIC que eleva el monto a 300 mil millones, perdería su curul y la posibilidad de inscribirse nuevamente como candidato presidencial.

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