12 de mayo de 2021
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Unificación de períodos, sí pero no

29 de octubre de 2018
Por Alberto Zuluaga Trujillo
Por Alberto Zuluaga Trujillo
29 de octubre de 2018

Posesionado el presidente Duque, el gobierno presentó al Congreso una nueva reforma política con tres puntos fundamentales: acabar con el voto preferente, democratización de los partidos y la paridad de género en las listas para corporaciones públicas. Sin lugar a dudas un proyecto para irle cambiando la cara a un desprestigiado Congreso que no entiende que, en la abrumadora corrupción imperante, tiene la más alta cuota como quiera que es el centro natural en el que converge la más conspicua ralea de defraudadores nacionales, como lo es la clase política colombiana, con sus muy contadísimas excepciones.

El martes de la semana pasada, sin el más leve asomo de vergüenza, enterró el proyecto que limitaba a tres períodos en las corporaciones públicas, (Congreso, asambleas y concejos municipales) con el fin de acabar con los atornillados que por décadas han permanecido tanto en el Senado y la Cámara,  como en la Asamblea de Risaralda y Concejo de Pereira. A pesar de haber sido radicados bajo una gran expectativa, los proyectos del paquete anticorrupción respaldados por once millones de votos y los cuales se comprometió a liderar el presidente Duque, marchan a paso de tortuga, siendo el proyecto que quita los privilegios de cárcel especial para los condenados por actos contra la administración pública, el único que ha logrado avance significativo, de ocho que lo integran, gracias a que fue introducido en una iniciativa anticorrupción de la Fiscalía que venía de tiempo atrás.

Dicho de manera distinta, otra reforma constitucional que se va a pique porque, de ocho debates reglamentarios que se requieren, cuatro deben darse antes del 16 de diciembre sin que hasta el momento hayan superado el primero de ellos. En cambio, la unificación de los períodos electorales para que los colombianos votemos en un solo día para Presidente, Congreso, asambleas y concejos municipales, que en principio parecería un proyecto pensado para ahorrarle al fisco el altísimo costo electoral que ellos significan,  facilitaría las labores de las maquinarias electorales al incluir la votación de las autoridades nacionales, territoriales y municipales en un solo bloque, permitiéndoles a los partidos maximizar el provecho de los recursos de la corrupción y el clientelismo, dando como resultado un nefasto resultado en detrimento de la descentralización política, que le restaría toda la importancia al debate local para reducirlo a una discusión centrada en el futuro de la nación, arrastrando el candidato presidencial a los candidatos a gobernaciones y alcaldías que respalden su fórmula.

Los políticos no han entendido que los que  tienen que cambiar son ellos y no las reglas.  Quienes creíamos que con la elección presidencial pasada y la consulta anticorrupción ampliamente votada, la clase política entendería que el cambio social de Colombia es incompatible con la forma tradicional de hacer política, no nos queda otro camino que ambientar y convencer a los más, de que solo una Constituyente podrá salvarnos. El cuento manido de que las FARC se apoderarían de ella, no asusta ya ni al más despistado de los colombianos.

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