15 de julio de 2024

Una reforma para debilitar a la justicia (II)

Abogado egresado de la Universidad de Caldas. Director del área jurídica de la ONG Manizales en Común.
31 de octubre de 2018
Por Alexander Álvarez Giraldo
Por Alexander Álvarez Giraldo
Abogado egresado de la Universidad de Caldas. Director del área jurídica de la ONG Manizales en Común.
31 de octubre de 2018

El Gobierno Nacional presentó una Reforma a la Justicia que buscaba debilitar la rama, la independencia judicial y la ya desgastada división de poderes en el país, a la cual le dimos una primera mirada en la columna anterior (goo.gl/UuMyH4).

La reforma a la justicia ha permitido desentrañar el modelo de Estado promovido por el presidente Iván Duque. Inclusive senadores que participaron y apoyaron su elección manifestaron en la ponencia para el segundo debate que con la propuesta “se corre el riesgo de (i) alterar el equilibrio de poderes, (ii) permitir que el Presidente electo postule y quizás nombre los siguientes dos Fiscales y el Procurador General de la Nación, (iii) alterar la paridad jurídica y (iv) desconocer los límites competenciales del Congreso para reformar la Constitución.”

Por otro lado, además de la modificación en la acción de tutela, para hacerla más compleja al ciudadano del común y el intento porque sea el Presidente quien elija directamente al Fiscal, el Gobierno Duque también promovió la idea de restringir el pago de indemnizaciones por parte del Estado ante los perjuicios patrimoniales que se causen por motivo de la acción u omisión del Estado, reduciendo así los derechos de las víctimas.

Sin embargo, parece que la falta de tiempo y el control ciudadano que se le ha realizado a la reforma a la justicia no permitirán que la misma salga avante (hoy se discute en segundo debate en Congreso).
Con la propuesta de concentrar más funciones en el Presidente de la República, de imponer IVA a la canasta familiar y la falta de diálogo con los estudiantes y profesores en paro, Duque permite entrever que el Centro Democrático y el Gobierno sí son más parecidos de lo que han querido reconocer, puesto que ambos defienden una idea de Estado plutocrático y el debilitamiento de la democracia y la división de poderes.

Lo peor de este episodio es que no se resolverá ninguno de los serios problemas que tiene la justicia, por un lado la acción de tutela seguirá siendo el pan de cada día en los juzgados, puesto que a pesar que el 75% de las 7 millones que se han impuesto corresponden a acciones por violación al derecho de petición y a la salud, el Gobierno no avanza en mecanismo para confrontar esta vulneración masiva de derechos.

Tampoco se incrementará el presupuesto de la rama judicial ni el número de funcionarios judiciales en el país, donde desde 1995 hasta el 2015 la demanda de justicia se incrementó en un 370% y la planta de personal de la rama tan sólo se aumentó en un 24%. Tampoco se fortalecerá la carrera judicial a pesar del mandato constitucional reafirmado por el Consejo de Estado y donde la provisionalidad sigue siendo la regla y no la excepción en las entidades estatales.