24 de julio de 2024

Una reforma para debilitar a la justicia (i)

Abogado egresado de la Universidad de Caldas. Director del área jurídica de la ONG Manizales en Común.
18 de octubre de 2018
Por Alexander Álvarez Giraldo
Por Alexander Álvarez Giraldo
Abogado egresado de la Universidad de Caldas. Director del área jurídica de la ONG Manizales en Común.
18 de octubre de 2018

 

En Colombia se ha vuelto normal que todos los Presidentes de la República intenten una o dos veces reformar la rama judicial durante su mandato, inclusive desde las Constitución del 91, hemos asistido a la discusión de más de 10 intentos de reforma. El Presidente Ivan Duque no ha sido la excepción, y durante sus primeros 60 días de gobierno presentó una propuesta de reforma, que no resuelve los problemas de fondo de la misma, y muy por el contrario tiene el efecto de debilitar la independencia judicial y los mecanismos de acción ciudadana.

En primera lugar debemos dejar de relieve la irresponsabilidad del presidente Ivan Duque, su partido de gobierno el Centro Democrático, y la coalición que llevó a la presidencia, puesto que han presentado de manera simultánea tres reformas a la justicia, y modificaciones a la JEP, que por su naturaleza también modifican parte del aparato de justicia. Entonces estamos hablando de 4 propuestas de reforma en paralelo, que dificultan el control y seguimiento ciudadano y de la opinión pública, ante lo que surge la pregunta, ¿Qué tan serio es un Gobierno que no pone de acuerdo a su coalición para un tema tan trascendental como reformar una de las ramas del poder público?, ¿Existe de verdad una fractura entre Ivan Duque y el Centro Democrático o es parte de un juego irresponsable de “policía bueno y policía malo” para sacar adelante todas las propuestas de gobierno?.

En algo coinciden todas las propuestas de Reforma a la Justicia que se encuentran en el Congreso, ninguna resuelve de fondo los problemas de la rama judicial, la cual cuenta con tan sólo 10,9 jueces por cada 100 mil habitantes -los estándares de la OCDE indican que se deben tener al menos 65 jueces cada 100 mil habitantes- congestión judicial del 45% y eficacia de tan solo el 18%; lo anterior, aun teniendo en cuenta que durante 2017, la efectividad de los despachos judiciales fue del 102%, es decir hubo más decisiones de fondo que procesos nuevos. Es preocupante también la sobreproductividad de los jueces, puesto que cantidad, no siempre representa calidad en los fallos judiciales.

El Gobierno intentó transformar la acción de tutela, imponiendo que se deberá presentar ante el juez de la especialidad del objeto de litigio, transformado su esencia. El intento de reforma no prosperó y tiene ponencia negativa, por falta de clima político para su aprobación, no por voluntad de la presidencia de la república. Es preocupante que exista la intención por el ejecutivo de hacer más complejo el ejercicio de la acción de tutela. Al momento de enviar esta columna la Comisión Primera del Senado no había votado de manera negativa la reforma a la acción de tutela.

La propuesta del Gobierno incluye una modificación a la elección del fiscal general, en el sentido de establecer un término de 30 días para que la Corte Suprema de Justicia designe al fiscal de terna enviada por el ejecutivo, de no darse la designación el presidente de la República elegirá directamente al Fiscal. Lo que es un golpe durísimo al Estado Social de Derecho, y desnaturaliza la independencia que debe tener la Fiscalía de la República, máxime en un país que padece por el delito de la corrupción, muchas veces promovida desde el mismo ejecutivo. No existe en la exposición de motivos un sustento claro que justifique este despropósito hacia la independencia del poder judicial.

En la segunda entrega de esta columna, abordaremos temas que incluyen las reformas propuestas al Congreso, la necesidad de incorporar la carrera administrativa para altos funcionarios del Estado, la urgencia de un incremento en el presupuesto y la independencia de la rama judicial, ante el desbarajuste institucional que representó la reelección de presidentes.