15 de junio de 2019
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La crisis de la universidad pública, un problema histórico

22 de octubre de 2018
Por Albeiro Valencia Llano
Por Albeiro Valencia Llano
22 de octubre de 2018

El 10 de octubre más de un millón de personas desfilaron por las calles de las principales ciudades para exigirle al gobierno rescatar de la crisis financiera a las universidades públicas. La multitudinaria marcha reunió a estudiantes, docentes y administrativos de 32 universidades públicas, el Sena y algunas universidades privadas, y pasará a la historia como una de las más grandes realizadas en el país. En el pliego de peticiones incluyen 3,2 billones de pesos para cerrar el año académico de las instituciones, más 15 billones para saldar la deuda histórica,  un aumento presupuestal para el sector de ciencias y tecnología y que el Icetex tenga tasas con un interés de 0%.

A pesar de unos pequeños lunares se convirtió en una de las protestas más pacíficas de los últimos años. La imagen de los estudiantes saludando de mano a los miembros del Esmad dejó un claro mensaje sobre el nuevo país; además, las consignas lanzadas demuestran que después de las elecciones del 27 de mayo cambió el paisaje político y que otro país se abre paso.

Una mirada a la historia

Empecemos con la lucha estudiantil de 1971. Desde los primeros meses del gobierno de Misael Pastrana (1970-1974) hubo un auge del movimiento huelguístico en todo el país y, en este ambiente, el estudiantado de la Universidad del Valle realizó unas jornadas de protesta para pedir la renuncia del rector y rechazar las condiciones de los créditos otorgados a la institución, por organismos internacionales. El 26 de febrero la Fuerza Pública se tomó la Universidad y, como consecuencia de los disturbios que se generaron, fueron asesinados 15 estudiantes. A partir de este momento hubo marchas en Cali, Bogotá, Medellín y Bucaramanga.

El Gobierno no pudo controlar el orden público y decretó el Estado de Sitio y el toque de queda; la Universidad Nacional llamó a la solidaridad con los compañeros y el movimiento tomó dimensión nacional. Los estudiantes le exigieron al ministro de Educación, el joven liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, un acuerdo universitario conocido como el “Programa Mínimo”, aprobado por 27 universidades. Dicho programa buscaba una administración universitaria de responsabilidad compartida entre estudiantes y profesores (una especie de cogobierno), dirigido a la supresión de la figura del Consejo Superior y al  control por el Estado de las universidades privadas y de los créditos de organismos internacionales.

El ministro Galán tuvo en cuenta algunas de las exigencias de los estudiantes en el Proyecto de Reforma Universitaria que presentó al Congreso, pero fue bloqueado por las asociaciones de defensa de la educación privada y por la mayoría de los congresistas; como consecuencia el Ministro de Educación presentó la renuncia. Así culminó el año, con un movimiento universitario que se le salió de las manos al gobierno nacional.

Arrastrando la crisis

En el año 2010 varios rectores de universidades públicas manifestaron su preocupación frente al creciente déficit presupuestal; el hecho produjo un debate nacional que llevó a la ministra de Educación del momento, Cecilia María Vélez, a presentar una propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992. El proyecto apuntaba a reformar el sistema de financiamiento de la educación superior, sin embargo se archivó hasta que llegó el gobierno de Santos.

La nueva administración desempolvó el proyecto, lo oxigenó y lo transformó, en algo complejo, diseñado a puerta cerrada. El 10 de marzo el Gobierno presentó su nueva iniciativa, que no se limitaba al tema presupuestal, sino que era bastante maquiavélica, con cuatro grandes objetivos: asegurar calidad, disminuir la deserción, adecuar los programas académicos a las necesidades de las regiones y fundamentar la gestión educativa en la transparencia. Pero la reforma no resolvía la anemia presupuestal; en este tema no se avanzó. La solución que presentó el Ministerio de Educación, en ese momento, era la creación de universidades con ánimo de lucro. Todos sabemos que existen instituciones con vocación de ganancia, que promueven programas baratos, sin laboratorios, sin biblioteca y sin ambiente académico, que sacan profesionales a vapor, aunque el mercado esté saturado; la calidad no interesa.

Al respecto dijo la ministra de Educación, María Fernanda Campo, que “por más esfuerzos que haga el Gobierno los recursos nunca serán suficientes, por eso tenemos que ser creativos”. Y explicó cómo pueden participar los inversionistas privados en esta iniciativa: “tienen la opción de constituir nuevas instituciones de educación superior, asociarse con universidades privadas ya existentes o crear alianzas con instituciones públicas para desarrollar proyectos de investigación, innovación y patentes. Sobre este tema afirmó el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, que la propuesta no es nueva porque “es un hecho reconocido que desde hace mucho tiempo existen alianzas entre universidades públicas con empresas, para resolver problemas específicos a través de la investigación”.

De este modo se creó el ambiente para que se levantara una marea de protestas en todo el país. La comunidad universitaria entendió que se venía encima la privatización de las universidades y se empezó a cuestionar la calidad de los nuevos centros de educación superior y las alianzas. Pero, además, había preocupación por la autonomía universitaria. Cuando el presidente Santos mencionó la peligrosa figura de “universidades con ánimo de lucro”, e invitó a la empresa privada para que invirtiera en la educación superior, con el fin de aumentar la cobertura, se creó el caldo de cultivo apropiado para la lucha contra la reforma. Los llamados del presidente, y de la ministra de Educación, para que las universidades discutieran la ley de Educación Superior, cayó en terreno abonado, y el 7 de abril de 2011 hubo manifestaciones contra la política educativa del Gobierno, en las grandes ciudades del país. Los principales problemas planteados por los estudiantes fueron la privatización de la educación pública y el enorme déficit fiscal. Las multitudinarias marchas rechazaron la reforma a la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior y le advirtieron al Gobierno sobre los peligros de impulsar universidades con ánimo de lucro.

A las manifestaciones de protesta se sumaron trabajadores del sector de la salud, representantes de la comunidad educativa, líderes sindicales y de opinión, que rechazaban la política económica de la administración. La jornada transcurrió con relativa normalidad, a pesar de las advertencias y preocupaciones del ministro de Defensa. De este modo le informaban al presidente Santos que no estaban de acuerdo con el proyecto de reforma que se venía cocinando.

La crisis de hoy

El 10 de octubre, en el ambiente de la multitudinaria marcha estudiantil, a la una de la tarde, los ministros de Hacienda, Educación y el director del DNP, informaron que añadirían 500.000 millones a este sector, pero los estudiantes afirman que son paños de agua tibia para calmar la crisis. Finalmente, el gobierno se comprometió con una cifra mayor para las universidades públicas, pero los promotores de la protesta lo consideran insuficiente, porque se trata de un problema histórico que cada año se agrava más. El déficit acumulado llegó a 15 billones de pesos ¿Las razones? La ley 30 de 1992 determinó que los ingresos de presupuesto de las universidades aumentarían cada año de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor. Pero mientras la cobertura aumentó 284%, entre 1993 y 2016, pues se pasó de 159.218 estudiantes a 611.800, el presupuesto apenas creció el 70%. En conclusión, en 1992 el Estado giraba 10 millones de pesos a las universidades, por cada estudiante, y hoy solo 4 millones de pesos.

¿Cómo se han sostenido las universidades públicas? Los rectores vienen haciendo maromas, gestionando recursos de servicios de consultorías y otras estrategias, pero también con las estampillas pro-universitarias. Otra maniobra es sacrificando a los docentes. Las universidades públicas cuentan con 37.923 maestros, pero solo 12.570 son de planta, 10.249 ocasionales y 15.104 de cátedra. De acuerdo con Pedro Hernández, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), “El 68% de los profesores de universidades públicas están precarizados. Sus salarios son muy bajos y solo tienen contrato ocho de los 12 meses del año. Muchas veces no pueden cotizar para salud y pensión”.

El problema es de fondo y le estalló en la mano al nuevo gobierno. Ahora se suman otros actores como el paro nacional de 24 horas del 23 de octubre, que programó el magisterio colombiano.