15 de mayo de 2021
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El que la hace la paga

15 de octubre de 2018
Por Alberto Zuluaga Trujillo
Por Alberto Zuluaga Trujillo
15 de octubre de 2018

El numeral 9 del artículo 135 de la Constitución del 91, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2007, en concordancia con el reglamento del Congreso de la República (Ley 5 de 1992) establecen los pasos a seguir por la rama del poder legislativo para proceder a la separación del cargo de funcionarios del poder ejecutivo, conocido como la moción de censura. Este es uno de los mecanismos de control político contemplado por la Carta Política y el reglamento del Congreso para destituir de sus cargos a los ministros, directores administrativos y superintendentes por incumplimiento de sus funciones o por desacato a los requerimientos o citaciones de una de las dos cámaras, el cual no ha podido estrenarse, pese a los 27 años de existencia, por razones procedimentales y muy especialmente por la configuración del poder político. Si bien ha habido debates que han terminado con la presentación de la moción de censura, la solidaridad de la bancada de gobierno con el ejecutivo ha cerrado el paso para su aprobación, como acaba de suceder una vez más con el controvertido ministro Carrasquilla. De entrada, la sola exigencia del reglamento del Congreso, de la aprobación de la mitad más uno de los votos de los integrantes de la Cámara que la haya propuesto, dificulta en extremo su aplicación. El balance de las fuerzas existentes en el Congreso, en un régimen presidencialista como el nuestro, termina inclinando la balanza a favor del Gobierno, con un partido mayoritario afecto al Presidente o, en su defecto, con una coalición mayoritaria que cerrará la posibilidad de remoción de estos funcionarios. Además, llegado el caso, la facultad discrecional de que goza el Presidente de nombrar libremente a sus ministros, directores administrativos y superintendentes, se haría sentir para anticiparse al hecho, evitándose el costo político que implicaría una remoción por esta vía. Podemos concluir entonces que este es un evento poco probable. Cerrada la nueva posibilidad en el Senado, se intenta nuevamente en la Cámara en donde 20 representantes de 17 que se requieren, radicaron en la Secretaría General  la moción de censura al Ministro, la cual debe pasar a la mesa directiva de la corporación que decidirá si llena los requisitos exigidos. De todos modos quedó claro en el Senado que fue Carrasquilla, como ministro, quien tramitó el proyecto de reforma constitucional el cual permitió la negociación con los municipios, quedando de hecho cobijado por la prohibición señalada en la ley 1474 de 2011, modificatoria del artículo 3 del Código único disciplinario (Ley 734) que ratifica la prohibición “indefinida en el tiempo” de ocuparse como particular de los asuntos conocidos en el ejercicio de su cargo, según se desprende de la sentencia C-893  de la Corte Constitucional del 7 de octubre de 2003. Más claro es imposible. Carrasquilla, ética y moralmente, estaba impedido para hacerlo. Vamos a ver qué tanto peso tiene la afirmación del Presidente Duque, repetida hasta el cansancio en su campaña: “El que la hace, la paga”.

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