6 de mayo de 2021
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Cualquier tumba es igual

24 de octubre de 2018
Por Víctor Julián Ramírez Betancur
Por Víctor Julián Ramírez Betancur
24 de octubre de 2018

Garapullo

 La Asociación de alcaldes de ciudades capitales – Asocapitales, entidad dirigida por la Dra. Luz María Zapata -esposa del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, acaba de proponer la unificación de los periodos de los gobernadores y alcaldes con el periodo del presidente de la República, para lo cual sugiere que a los actuales (gobernadores y alcaldes) se les alargue su periodo por dos años y medio hasta junio de 2023, fecha en la cual quedarían unificados sus periodos con el del presidente de la República, propuesta que tiene, en su gran mayoría, más detractores que seguidores, por ser una propuesta que resultaría insconstirucional, según la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, además de resultar benéfica para los intereses de quienes quieren llegr al solio de Bolívar con el respaldo de las maquinarias locales.

El artículo 259 de la Constitución Política preceptúa lo siguiente: “Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático.” En ese sentido, al imponer los electores a los gobernadores y alcaldes por mandato el programa que inscribieron en la registraduría nacional de estado civil, lo hacen por un periodo de 4 años o por el resto del periodo de quienes hayan sido elegidos por falta absoluta del titular, periodo que, en todo caso, es institucional, no personal como era anteriormente. Por lo tanto, de entrada, esa propuesta sería insconstuticional porque iría en contra del artículo mencionado. 

Además, dicha propuesta va en contra del principio democrático que consagra nuestra Constitución Política, en virtud del cual se permite a las personas, entre otras cosas, participar en las decisiones que las afectan. Por esta misma razón, dicho principio tiene una especial vinculación con el principio de soberanía popular, bajo el entendido que la decisión del Pueblo legitima democráticamente la conformación del poder político, así como la actuación de las autoridades legalmente elegidas, las cuales tienen la obligación de obrar conforme al mandato derivado de la ciudadanía. Por eso la propuesta traiciona la voluntad popular, hecho que resulta odioso y polariza más el ambiente político.

De otro lado, a través de la resolución No. 14778 del 11 de octubre de 2018, la registraduría nacional del estado civil estableció el calendario electoral para las elecciones de autoridades locales, por lo que un cambio en las reglas de juego o lo que es peor, la suspensión de las elecciones locales después de iniciado el proceso electoral, debilitaría la democracia en nuestro país, de por sí debilitada por la baja participación (50%) de los ciudadanos, por los vicios, tales como el clientelismo y la compra-venta de votos, etc, ya que un proceso electoral empieza desde el momento mismo en que se permite al elector inscribir su cédula para participar y termina con los escritunios y no empieza el día de la elección.

Por último, pienso que la ciudadanía en Colombia no está preparada o, mejor, no está madura para la unificación del periodo de gobernadores y alcaldes con el periodo del presidente de la República, porque la misma corrupción al elector ha hecho metástasis en el sistema electoral colombiano, y si bien hemos ganado autonomía y poder de decisión en la eleccion del presidente de la República por el voto de opinión, pues dicha elección es más un acto de conciencia y de responsabilidad, se correría el riesgo de que la misma se corrompa por prácticas como el clientelismo y corrupción al electorado como sucede con la eleccion de autoridades locales y hasta con las de Congreso de la República, caso en el cual, la presidencia terminaría en manos de quien tenga una chequera abultada y no de la mejor opción.

Por eso, la decisión de unificar el periodo de gobernadores y alcaldes con el periodo del presidente de la República no es la más acertada. Ojalá los padres de la Patria entiendan que legislar no es satisfacer los interese de los partidos políticos, sino que es tomar la mejor decisión que respete al pueblo y que afiance la democracia.

Si la Corte Constitucional quiere preservar la democracia, de ser aprobada la propuesta de unificar el periodo de los gobernadores y alcaldes con el del presidente de la Republica, por el Congreso, para lo cual se debe alargar o, bien el periodo de los actuales gobernadores y alcaldes o, bien  el del presidente de la República, debe declarar dicha propuesta insconstitucional de acuerdo con su jurisprudencia actual. Si por el contrario, actúa como una corte de bolsillo de los partidos politicos, declarando constitucional dicha propuesta, se convertiría en la sepulturera del principio democrático vigente en nuestra Carta Política, pues al cabo para enterrar el amor como la democracia, cualquier panteón es bueno, cualquier tumba es igual.